La FEDGLP vuelve a exigir acciones inmediatas al Ministerio de Transición Ecológica
La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) ha denunciado una vez más la falta de respuesta del Ministerio de Transición Ecológica para actualizar la normativa que regula los costes de comercialización del gas licuado del petróleo (GLP). Según la FEDGLP, que es miembro de FENADISMER, esta inacción ha llevado al sector al borde del colapso, amenazando más de 3.500 empleos y un servicio esencial para 6 millones de hogares en España.
La regulación actual, establecida por la Orden IET/389/2015, no refleja el aumento significativo de los costes operativos en los últimos años. Las distribuidoras, que llevan más de una década trabajando a pérdidas, solo recibieron en 2024 una actualización de un céntimo por botella, una cifra irrisoria que, según el sector, es insuficiente para cubrir gastos como combustible, mantenimiento de flotas y salarios.
Advertencias ignoradas y un contexto complicado
A pesar de las reuniones y consultas públicas realizadas en los últimos años, el Ministerio sigue sin proponer una solución adecuada. En noviembre y diciembre de 2024, la FEDGLP organizó paros semanales del reparto domiciliario para evidenciar la gravedad de la situación. En respuesta, el Ministerio presentó un borrador que reconoce los problemas del sector, pero propone un incremento muy por debajo de los 1,80 euros por botella que las distribuidoras consideran necesarios para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Los costos operativos se han disparado debido al aumento de impuestos, cotizaciones sociales y el encarecimiento de combustibles. Estos factores han agravado una situación ya precaria para las distribuidoras, que no pueden trasladar estos incrementos a los precios debido a una regulación que no ha sido revisada desde 2015.
La FEDGLP subraya que mientras el envío de cartas en España aumentará un 8,54% en 2025, el sector del butano continúa sin ajustes significativos. Además, España mantiene el precio regulado de bombonas más bajo de Europa, con un costo actual de 16,61 euros, menos de la mitad que en países como Francia o Portugal. Esta situación dificulta la viabilidad del servicio, especialmente en áreas rurales donde es fundamental para el suministro de energía.
La distribución domiciliaria de bombonas, que representa más de 50 millones de unidades al año, requiere una infraestructura robusta que incluye camiones, almacenes y personal cualificado para llegar a todos los rincones del país. Sin embargo, la falta de acción por parte del Ministerio pone en peligro este servicio, esencial para millones de familias, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
Transición energética y sostenibilidad en juego
Actualizar la normativa permitiría no solo garantizar la continuidad del servicio, sino también preparar al sector para la transición hacia energías renovables prevista para 2050. Sin embargo, la FEDGLP advierte que el actual inmovilismo del Gobierno compromete esta evolución y deja al sector en una posición insostenible.
La FEDGLP no descarta convocar una asamblea extraordinaria en las próximas semanas para definir acciones más contundentes si el Ministerio no actúa de inmediato. Además, insiste en que una revisión al alza del borrador presentado es crucial para evitar el colapso del sector y garantizar un servicio esencial para millones de hogares españoles.
