Directrices del gobierno español en políticas del agua

En los dos últimos Planes Hidrológicos Nacionales, de 2001 y 2005, se hizo una apuesta muy importante por las plantas desaladoras, hasta el punto de marcarse como objetivo la construcción de 57 de estas instalaciones por diferentes puntos de la geografía española. La meta era producir, a través de esta fórmula, 714 hectómetros cúbicos y paliar de esta forma los problemas de carestía de agua que sufre históricamente nuestro país.

Lo cierto es que a marzo de 2012, sólo 21 de estas desaladoras están ya en fase de explotación, mientras que 16 están construyéndose y el resto aún se encuentran en estudio o planificación. Eso hace que hoy apenas un 15% de los 714 hectómetros cúbicos de agua planificados tengan su origen en esta vía y que, a pesar de haber realizado hasta ahora una inversión superior a los 1.600 millones de euros para hacer realidad estas infraestructuras, aún haya que acometer una inyección adicional cercana a los 800 millones de euros.

A ello hay que sumar que la desalación se ha mostrado ineficiente para usos como el agrícola, donde un agricultor no puede soportar costes superiores a 0,30 euros/m³ mientras que el precio del agua desalada ronda los 1,1 euros/m³. Este profundo desfase es lo que ha obligado a subvencionar durante años el consumo de este agua, algo que no se puede perpetuar durante más tiempo, sobre todo ahora en el que priman los recortes presupuestarios por parte de la administración pública.

Juan Urbano señalaba además que se han identificado errores de planificación en algunas plantas desaladoras que impiden su puesta en funcionamiento, como por ejemplo la ausencia de las correspondientes licencias, la falta de conexión a las redes de agua potable o problemas en el abastecimiento eléctrico.

Con todo ello desde la Dirección General del Agua se manifestaba que la intención del nuevo gobierno es la de no desaprovechar la inversión que se ha realizado durante los últimos años en las plantas desaladoras, dotándolas de todo lo necesario para ganar en eficiencia y estudiando caso a caso las fórmulas para dar viabilidad a los respectivos proyectos.

Otro de los problemas que afectan al sector hídrico en España es, según reconocía Juan Urbano, el retraso que está sufriendo la planificación de las demarcaciones hidrográficas, que se tendría que haber concluido en 2009, según la Directiva Marco del Agua.

De las 25 demarcaciones definidas (16 intracomunitarias, que son competencia de las comunidades autónomas, y 9 intercomunitarias, que corresponden al Ministerio), a día de hoy, sólo se ha culminado una.

Esto ha conllevado la presentación de una demanda contra España por parte de la Unión Europea por incumplimiento del plazo acordado y por la forma en la que se ha contemplado la participación pública. Esta situación, como indicaba el director general del Agua, supone dañar la imagen de un país, como el nuestro, que tradicionalmente ha sido considerado como un gran gestor del agua.

Para acabar con esta situación, la administración se marca como gran objetivo tener aprobadas todas las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias a finales de 2013 y con ello, poder estudiar en profundidad las verdaderas necesidades de cada una de estas demarcaciones, cuantificar el volumen de recursos del que se dispone y conocer de forma objetiva la situación de cada una de las cuencas (si existe déficit hídrico, excedente...).

Con ello también se podrá avanzar hacia la consecución de un gran Pacto Nacional, vertebrador de todo el territorio y basado en el consenso entre todas las partes, que fructifique finalmente en un nuevo Plan Hidrológico Nacional, en el que se contemplen las inversiones necesarias para el futuro a medio y largo plazo.

Durante su ponencia Juan Urbano tampoco quiso pasar por alto otro de los problemas que más preocupan al sector, el retraso de la aplicación del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que ya ha originado dos procedimientos sancionadores por parte de la Unión Europea, uno por depuración de aguas residuales en zonas clasificadas por la directiva como normales (núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes) y otro por incorrecciones en zonas clasificadas como sensibles.

A ello se añade un tercer posible expediente sancionador por una deficiente recogida de aguas residuales o mala depuración en áreas urbanas de entre 2.000 y 15.000 habitantes.

Como se señala desde la Dirección General del Agua, la depuración no es competencia del Estado central sino de las administraciones locales y regionales, pero desde el gobierno se manifiesta su voluntad para ayudar a estas administraciones a la hora de paliar las deficiencias.

Durante la conferencia también se puso de manifiesto la decisión del gobierno de impulsar la reutilización del agua depurada hasta alcanzar el objetivo, a corto plazo, de 650 hectómetros cúbicos anuales. De esta forma se obtendría un canal de suministro complementario importante.

Antes de finalizar su ponencia, Juan Urbano hizo mención a otros temas relevantes, como el uso de los caudalímetros como la mejor fórmula para controlar y gestionar de forma eficiente los regadíos. Y a modo de conclusión, el director general del Agua, ofrecía esta reflexión: “En España, a pesar de nuestras complejidades orográficas y climáticas, el agua sigue siendo excesivamente barata y, en muchos ámbitos de la vida, parece que lo que no cuesta, no se valora. Pero es fundamental que este recurso se utilice con cada vez más sentido de eficiencia y responsabilidad, en todos los lugares de España. Desde la administración trabajaremos en ello en unos años que se presentan apasionantes”.

Miguel López Estebaranz, director general de Afre, marcó, durante el desarrollo del Foro Internacional Tecnología Española del Agua, las cuatro directrices en las que la Asociación de Empresas de Tecnología Española del Agua va a fundamentar su trabajo durante los próximos meses:

1) Fomentar la colaboración público-privada en el marco del ‘Proyecto País en Agua’.

2) Potenciación de la internacionalización a través de misiones inversas y de consorcios entre empresas capaces de dar soluciones concretas a terceros países.

3) Buscar valor añadido en el sector tecnológico para ahorrar y optimizar recursos, con iniciativas como los nuevos decálogos tecnológicos para el uso eficiente del agua.

4) Establecimiento de una nueva estrategia, que no sólo incluye un cambio de denominación de Afre (hasta ahora llamada Asociación de Fabricantes para Agua y Riego Españoles) sino también la ampliación de posibles socios a fabricantes, ingenierías y constructoras especializadas en el sector del agua y comprometidas en la calidad, la innovación y el empleo de la mejor tecnología.