El pasado 20 de enero, Aeas, Aga y Ecodes presentaron en Madrid la nueva versión del informe, en representación del sector del agua urbana

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Fernando Morcillo; el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), José Carbonell; y el director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales, presentaron el pasado 20 de enero en Madrid, el informe ‘Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones’.

Este documento es fruto de un convenio de colaboración, firmado en diciembre de 2014 a iniciativa de Aeas y AGA, cuyo objetivo fundamental es presentar un análisis de cómo son los mecanismos de ayuda social existentes en el sector del agua y unas recomendaciones que puedan servir de guía a los ayuntamientos y administraciones competentes para que, en caso necesario, las puedan poner en práctica de manera voluntaria.

En ese sentido, esta propuesta nació del afán sectorial de mejorar y de profundizar en la sensibilidad de las entidades operadoras de los servicios de agua urbana con los colectivos más desfavorecidos y pretende encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio, mediante una adecuada recuperación de costes, y la garantía de acceso universal al agua, ofreciendo, de este modo, soluciones a las familias y viviendas en difícil situación económica sin disminuir la calidad del servicio y preservando el medio ambiente.

Para la elaboración de este informe se han celebrado dos talleres de trabajo, en Zaragoza y en Madrid, donde han participado representantes de administraciones públicas, asociaciones, entidades operadoras de servicios de agua urbana, organismos relacionados con el agua, ONG, etc. que han aportando su punto de vista y realizado propuestas que han sido discutidas y analizadas para su inclusión en el documento final. Durante estos talleres de trabajo se han abordado, entre otras cuestiones, el marco competencial; la situación actual de los mecanismos de acción social y sus posibles alternativas; la repercusión económica de las tarifas; la estructura tarifaria; la regulación o el Derecho Humano al agua.

Además de Aeas, AGA y Ecodes, en estos talleres han participado, entre otros, Aguas de Jávea, Aguas del Añarbe, la Asociación de Ciencias Ambientales, el Ayuntamiento de Zaragoza, Canal de Isabel II Gestión, Cruz Roja Española, Emacsa, Emasa, Facua, FCC Aqualia, Fundación Nueva Cultura del Agua, Grupo Agbar, Instituto Aragonés del Agua, la Universidad de Zaragoza y Aigües de Mataró.

En rueda de prensa, el presidente de Aeas, Fernando Morcillo, aseguró que durante los 42 años de vida de Aeas “venimos trabajando para intentar influir en la sociedad y en nuestros asociados con el fin de mejorar siempre nuestros servicios del agua ya que, aunque tengamos algún déficit, tenemos uno de los mejores servicios”. Respecto a los principios del agua, Morcillo quiso destacar que “el agua es un bien básico esencial y en nuestro país es un recurso escaso y heterogéneamente distribuido. En España es de titularidad pública. El abastecimiento de agua urbana tiene un máximo orden de preferencia. También hay unos principios del derecho humano y me gustaría destacar la asequibilidad. Que el gasto del agua no sea mayor del 3% del gasto total de una familia. Hay una balanza entre la asequibilidad del servicio y la sostenibilidad”.

Según el experto, el criterio de definición es la asequibilidad pero, ¿dónde este el tope? Para saberlo, hay que establecer unos criterios para saber cuántos necesitarían esa ayuda. “Sabemos que es el 1,2% pero no sabemos si es suficiente, con lo que tiene que haber una armonización entre las comunidades. En unas se da una ayuda en base a la renta y a lo mejor en otra ciudad no. Hay que homogeneizar eso. Nosotros no tenemos disponibilidad de tener información sobre la renta de las personas con lo que queremos que se avance para tener unos criterios más claros. También creemos que tiene que haber un seguimiento para, según como avance la sociedad, avanzar en eso también”.

Morcillo tocó también el tema del corte del suministro. Para el presidente de Aeas, “el corte de agua no es un procedimiento agradable ni para el usuario ni para el operador. El número de incidencias relativas a corte de suministro es bajo según nuestra encuesta. Tenemos un número y es debido a sistemas que no están funcionando. Se produce un corte de suministro puntual y en caso de no poder pagar se buscan soluciones. Traducido a datos, sería de un 0,012%, que extrapolado es del orden de 2.400 afectados. Hay que establecer mecanismos para solventar estos cortes aunque sea un número reducido. De cada 100 personas que son beneficiarios en uno se produce un corte de agua que puede ser puntual. Este es el dato que tenemos”.

A día de hoy, los motivos para conceder las ayudas a las 60.000 personas que las reciben, no sólo se establecen por criterios de renta, también se destinan para gente parada de larga duración y demás, señaló Morcillo. Para este profesional, “tienen que imperar los criterios de renta para tener en cuenta esa adaptabilidad. Queremos reflexionar con otros colectivos para saber a quién hay que beneficiar, por lo tanto creemos en criterios de renta para esa adaptabilidad, sin despreciar los otros criterios”.

Morcillo también aludió a la no homogeneización, dependiendo de las comunidades, entre las entidades de abastecimiento y saneamiento. “Muchas veces el abastecimiento es municipal pero la depuración en muchos sitios esta federalizada. Cuando hablamos de administraciones competentes nos encontramos que hablamos de entidades diferentes en abastecimiento y saneamiento. Cuando decimos ‘optimizar la cooperación’ hay que hacerlo completo para el ciclo: para el abastecimiento y también para el saneamiento. En Madrid está integrado pero en otros lugares no. Hay veces que las ayudas son para el abastecimiento pero no para el saneamiento con lo que esa ayuda en realidad es menor”, indicó.

En otro orden de cosas, el presidente de Aeas quiso hacer alusión a los mecanismos de acción social. “Antes de 2008 ya había en nuestras encuestas algunas preguntas relativas al suministro. En 2014 –continuó Morcillo- ya empezamos a tener datos más específicos gracias a una encuesta más específica. Fruto de esa encuesta nace un convenio entre Aeas AGA y Ecodes. Ahora, a todo esto se suma un interés general por ayudar a través de bonos sociales, convenios sociales, etc., y, además de este interés sectorial, hay un interés general de la población. En 2012 exigen mecanismos y no bonificaciones de la familia. Esto no obedece a criterios de acción social o de renta, tiene que ver más con la equidad cuando se trata de tarifas progresivas. En 2014 hicimos una encuesta con una muestra de servicios que atienden a más de 15 millones de personas. Hay un 63% de los mecanismos de acción social contemplado en la estructura tarifaria.”

A continuación, Morcillo explicó quién determina la aplicación según el mecanismo de acción social. En este sentido, el experto aseguró que se bonifica a las familias aproximadamente menos del 33%. “El coste de estas bonificaciones lo asume la cuota tarifaria. El fondo de solidaridad se aplica con un pago parcial, en mayor medida, o con préstamos y aplazamientos. Los fondos de solidaridad asumen un mayor gasto de las facturas que no pueden pagar los colectivos más desfavorecidos. De esto se beneficia según nuestra encuesta el 1,2% de la población (ayuda a unas 600.000 personas)”.

En esta línea, el presidente de Aeas aseguró que ese tradicional interés que el sector ha tenido, les lleva a intentar hacer una optimización y mejora de estas acciones sociales en el sector del agua urbana y por ello establecen este convenio en diciembre con Ecodes.

Una vez celebrados estos talleres, de acuerdo con el convenio anteriormente citado, Ecodes ha presentado a Aeas y AGA una serie de recomendaciones sobre los mecanismos de acción social y las actuaciones de carácter social aplicadas en el sector del agua urbana. Dichas recomendaciones pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Garantizar el Derecho Humano al agua: el agua debe ser asequible, no gratuita.
• Mantener el principio establecido por la Directiva Marco del Agua de la recuperación de costes.
• Asegurar mediante los mecanismos de acción social la asequibilidad de la tarifa del ciclo integral del agua.
• Aplicar estrategias de eficiencia.
• Mejorar la estrategia de comunicación con los agentes sociales y principales “grupos de interés” de la política del agua municipal y nacional.

Al hablar de las recomendaciones de Ecodes sobre la sostenibilidad social en el sector del agua urbana, el director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales, aseguró en rueda de prensa que “el sector del agua es un sector particular y muy diferenciado de otros servicios básicos. En la cultura española esto es así desde tiempos ancestrales: el agua es un bien con unas características esenciales. En segundo lugar, -continuó- las naciones unidas aprobaron tarde el derecho del agua en el 2010. La propia aprobación quiere decir que es un derecho humano que tira de los otros. Si no se reconociera se perderían 480 millones de escolares al año”.

En este sentido, Viñuales aclaró que “la gente entiende que si es un derecho humano, es gratuito, pero para que sea un derecho humano a lo largo del tiempo, tiene que ser sostenible. En esa investigación de la eficiencia, es fundamental que tengamos muchos retos. Lo que hemos constatado es que existen unos mecanismos y hay que diferenciar entre el agua utilizada como un recurso económico del agua como un recurso para la vida. Pensamos que una manera de organizar y atender a varios propósitos al mismo tiempo es establecer un fondo de solidaridad y sostenibilidad para desarrollar programas permanentes del uso del agua para la modernización y para financiar proyectos, entre otras cosas”.

Respecto a la determinación de los usuarios que necesitan las ayudas, Víctor Viñuales indicó que “hay cosas que no se están midiendo bien porque no les prestamos atención. No sabemos por ejemplo las personas de cada ciudad que no pueden salir de su casa por motivos de dependencia. Tienen que existir unos mecanismos que regulen y especifiquen estas cuestiones: adaptabilidad, homogenización”.

Finalmente, Viñuales recalcó la importancia de desarrollar estrategias del uso eficiente del agua. “Creemos que los municipios tienen que incrementar mecanismos de participación y comunicación a este respecto. Los abastecedores de agua tienen que desarrollar una política de dialogo con los interesados. El sector del agua en España tiene que ser reconocido y fomentar la participación el diálogo y la transparencia para facilitar ese reconocimiento social”, concluyó.

Analizado el documento de recomendaciones elaborado por Ecodes y en base a todo lo explicado previamente, las asociaciones Aeas y AGA concluyen en su Informe los siguientes puntos:

• El agua es un Derecho Humano del que no se debe privar a ningún hogar por incapacidad de pago debidamente justificada. Sin embargo, este Derecho Humano al agua conlleva la necesidad de contribuir al mantenimiento de los servicios a través del pago de un precio asequible. Los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración conllevan unos costes y la sostenibilidad de estos servicios depende de la recuperación de dichos costes, según el principio establecido por la Directiva Marco del Agua. Así, todo ciudadano tiene la obligación de contribuir al pago de una tarifa del agua que sea asequible, por tratarse de un bien básico esencial. La ONU recomienda a nivel mundial que la tarifa del agua no supere el umbral del 3% de los ingresos del hogar. En España representa, de media, el 0,9%. Los mecanismos de acción social son las herramientas concebidas para asegurar la asequibilidad a colectivos desfavorecidos.
• La amplia cobertura de los mecanismos de acción social constata la sensibilidad de los responsables de los servicios de agua urbana con los colectivos más desfavorecidos. Dado el carácter vital y esencial del agua, y por la titularidad pública de la misma, desde hace años los operadores de los servicios de agua urbana encargados de su gestión ─entidades locales y empresas públicas, privadas o mixtas─ han contemplado mecanismos de acción social. Estos mecanismos tienen por objetivo la equidad y solidaridad social y consisten, actualmente, en bonificaciones contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad. Según una encuesta realizada por Aeas-AGA, que abarcó una muestra de servicios que atienden a una población superior a los 15 millones de personas, más del 90% de dicha población residía en municipios que poseían uno o ambos mecanismos, alcanzando el número de beneficiados el 1,2% de los usuarios.
• La situación económica de los últimos años y el incremento de familias con dificultades para atender el pago de la tarifa del agua aconseja mejorar y homogeneizar las políticas de carácter social en materia de agua. Pese a la amplia cobertura de los mecanismos de acción social existentes, la difícil coyuntura económica hace que sea necesario continuar mejorando las iniciativas sociales de los servicios de agua urbana. En ese sentido, los ayuntamientos y las entidades operadoras deberían seguir optimizando el diseño, administración y ejecución de los mecanismos de acción social, ya que son la mejor alternativa.
• Los mecanismos de acción social deberían considerar fundamentalmente criterios de renta con el objetivo único de garantizar la asequibilidad del servicio. No obstante, todos los mecanismos de acción social presentan ventajas e inconvenientes, por lo que su elección, diseño y aplicación debería basarse en análisis socioeconómicos que consideren las particularidades de cada municipio o ámbito de gestión. Además, la aplicación de estos mecanismos podría llevar asociadas estrategias de eficiencia en los hogares como medida complementaria y pedagógica.
• Aunque los servicios y entidades sociales son los encargados de determinar los beneficiarios de las ayudas sociales en el agua urbana, sería aconsejable que las entidades operadoras mantuvieran e incrementaran la colaboración en la búsqueda de soluciones para los usuarios en situación de pobreza. Para ello, sería aconsejable que se generalizaran los apoyos y ayudas por parte de las entidades operadoras de los servicios de agua, a los servicios sociales y a las entidades sociales en la facilitación de los trámites necesarios, a través de la aportación de conocimiento, recursos, medios y/o experiencia.

• Las entidades operadoras deberían continuar mejorando la trasparencia, la eficacia de la comunicación y la disponibilidad de información. La nueva coyuntura económica requiere nuevas estrategias comunicativas que complementen las actuales. Además, resulta esencial realizar un esfuerzo de armonización de criterios y de homogeneización de datos para conseguir información válida y útil a nivel sectorial. La disponibilidad de información debería ser complementada con pedagogía en temas conflictivos como son, por ejemplo, los cortes de suministro. Por ello, las entidades operadoras del agua urbana deben seguir siendo proactivas y adaptarse al ritmo de la sociedad, proporcionando información y comunicación con transparencia.
• El procedimiento de corte o interrupción del suministro es una herramienta que busca básicamente asegurar el pago de aquellos usuarios que sí pueden pagar el agua. Se considera el instrumento más adecuado para garantizar la sostenibilidad en la gestión del servicio. El acceso al agua es un Derecho Humano reconocido y por ello el procedimiento de interrupción del suministro o corte no debe implicar dejar sin agua a quien justifique su incapacidad de pago. El procedimiento actual es muy garantista con el usuario, ya que requiere aprobación por parte de la administración pública competente. Es una herramienta eficaz para asegurar el pago de los ciudadanos que sí pueden pagar el agua, es decir, la inmensa mayoría. Debe ser un objetivo de los mecanismos de acción social evitar los posibles errores administrativos, con el objetivo de que ningún hogar, con problemas justificados que le impidan atender al pago, se quede sin suministro de agua.
• Las entidades operadoras, servicios sociales, entidades sociales y administraciones competentes deberían optimizar la cooperación para continuar mejorando la implantación, adaptación y accesibilidad a los mecanismos de acción social. Los mecanismos de acción social deberían aplicarse a todo el ciclo del agua con los mismos criterios de acceso, independientemente de cual sea la administración que fija la tarifa y la entidad que opera. Se requiere coordinación y consenso entre las distintas administraciones competentes y entidades operadoras.
• Se considera necesaria la armonización de criterios en el sector del agua urbana en España. Para ello, ayudaría a conseguirlo la creación de un ente u organismo regulador independiente con potestad para establecer un rango de criterios en la estructura tarifaria y los mecanismos de acción social. Aunque la figura de un regulador general para los servicios de agua urbana tendría unos cometidos de mayor cobertura estratégica, sin duda favorecería la armonización tanto de criterios como de procedimientos en lo relativo a los mecanismos de acción social y las estructuras tarifarias.
• Sería muy recomendable la elaboración de una guía de buenas prácticas para el diseño, administración y ejecución de los mecanismos de acción social en el sector del agua urbana. El objetivo sería establecer un marco flexible que sea útil para las administraciones competentes y las entidades operadoras y que avance en la optimización de las políticas sociales en el sector del agua. Los elementos clave para el desarrollo de esta Guía deberían centrarse básicamente en:

1. Criterios para determinar los potenciales beneficiarios (fundamentalmente renta y valorando otros).
2. Procedimientos (agiles, simples y eficientes) de validación individualizada del beneficiario.
3. Cuantía de bonificación o ayuda (basada en condiciones de asequibilidad).
4. Métodos de soporte económico (estructura tarifaria, fondos de solidaridad u otros).
5. Fijación de objetivos sostenibles y seguimiento de su cumplimiento.

Por último Aeas y AGA animan a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a trabajar junto con las entidades operadoras y las distintas entidades sociales en la elaboración de un guía de buenas prácticas.

El presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), José Carbonell, habló en rueda de prensa sobre las conclusiones de Aeas y AGA. “Esta reflexión –aseguró- tenía como objetivo marcar unas premisas para establecer mecanismos de mejora y para ello pretendemos que nos ayuden las conclusiones de este trabajo. Creemos que el agua tiene que tener un precio asequible y una contribución asociada a los costes de este servicio. Más del 90% de la población reside en municipios que reciben algún tipo de ayuda”.

Para ello, según Carbonell, “entendemos que es necesario mejorar y conseguir una homogeneización de estas ayudas. Creemos que se deberían considerar los criterios de renta y análisis socioeconómico local. También sería necesario mantener e incrementar la colaboración de los operadores para identificar a estos usuarios en situación de vulnerabilidad económica. Asimismo, tiene que haber una mejora de la comunicación y transparencia de la información sobre estas ayudas. Se entiende también que se tiene que mantener el procedimiento de corte para asegurar el pago de aquellos usuarios que si pueden pagar".

Para Carbonell es muy importante la optimización de la cooperación y el consenso entre todas las partes involucradas. También considera “que sería buena y necesaria una armonización de estos criterios de acción social y estructuras tarifarias para lo cual ayudaría la creación de un ente regulador. Por último, nos lleva a pensar que es muy recomendable la elaboración de un guía de buenas prácticas en cuanto estos mecanismos para poder determinar los usuarios que necesitan estas ayudas y como se cuantifican las mismas puesto que nosotros no tenemos criterio para decidir quién tiene que tener esas ayudas, no es nuestra competencia. Creo que tiene que ser la administración, el ayuntamiento o los servicios sociales o locales de la comunidad y nosotros no pondremos a su disposición”, sentenció.