Reducción de la producción en sectores clave

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) hace balance del año 2023 en el sector agrario español. Frutas y hortalizas, porcino y leche explican la subida de la renta agraria en un año marcado por la crisis climática, mientras que cereales, olivar y viñedo se llevan la peor parte. Para la organización agraria, 2023 ha sido "el año de consolidación de la Ley de la Cadena Alimentaria y la nueva PAC empieza a aplicarse sin dramas".

Los datos lo confirman: 2023 ha sido el peor año de la historia –desde que hay registros– en lo que respecta a la meteorología. Esto ha provocado graves pérdidas en sectores muy importantes de la agricultura española, especialmente en el olivar, el cereal y el viñedo, con reducciones de hasta el 50% del valor de la producción, y con efectos claros en toda la cadena alimentaria, en forma de encarecimiento de los precios a los consumidores.

UPA ha realizado su informe del año 2023 sector por sector, con un balance que califican de “descorazonador”, por varios motivos: La cifra global de renta crece un 11% respecto a 2022, lo que se explica por el comportamiento de las frutas y hortalizas, el porcino y la producción de leche, sectores que aportan más de 41.000 millones del total de unos 65.000.

Sin embargo, otros sectores de enorme importancia para España, como los cultivos herbáceos, el olivar o el viñedo, han tenido reducciones “brutales”, debido a la mala meteorología, lo que ha disparado las cifras de los seguros agrarios tanto en contratación como en indemnizaciones, así como en subvenciones, que son las mayores de la historia, sufragando hasta el 70% de los costes.

En este contexto, los agricultores y ganaderos han cubierto de forma mayoritaria sus costes de producción que, a pesar de haber bajado respecto a 2022 un 4,6%, se mantienen en niveles “disparados” en comparación con 2020 y 2021. La Ley de la Cadena Alimentaria –con sus sanciones públicas y el nuevo registro de contratos– ha dejado su efecto positivo en un año además muy complejo marcado por la sequía. Se demuestra que es y será una herramienta clave en el futuro de la cadena alimentaria.

2023 ha sido también el primer año de aplicación de la nueva Política Agraria Común. La PAC ha comenzado a aplicarse con un enorme esfuerzo por parte de los y las técnicos de las organizaciones agrarias, que se han encontrado con numerosas dificultades en la tramitación. Para UPA, "la nueva legislación deja efectos tangibles ya en el campo español, desmintiendo a las voces agoreras que llevan años tratando de torpedear la reforma".

Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles afrontan 2024 con grandes incertidumbres, sobre todo en materia meteorológica, pero también en los aspectos geopolíticos que les afectan en gran medida. UPA está reclamando ajustes en la PAC para adaptarla a la realidad del campo español. Cuestiones como permitir realizar tratamientos en los barbechos, realizar labores superficiales en determinados casos, mantener la reducción de los porcentajes mínimos obligatorios de superficie rotada o que haya una revisión al alza de la admisibilidad de pastos, para favorecer a la ganadería extensiva, son medidas “muy necesarias para los agricultores”, según la organización.

Otros retos muy importantes para 2024 serán seguir incrementando el apoyo público a los sectores afectados por la crisis climática, los costes de producción y los problemas de mercado. También seguir reforzando las políticas contra el despoblamiento, con especial atención a los jóvenes y las mujeres, como los grupos de población más vulnerables y necesarios para garantizar el futuro del medio rural.

UPA espera también que en este 2024 se den pasos adelante importantes en la redacción de la Ley de la Agricultura Familiar, otra reivindicación histórica de la organización que, junto a la Ley de la Cadena Alimentaria, que debe seguir reforzándose para asegurar su cumplimiento, y la primera PAC orientada a proteger este modelo de agricultura, debe ser uno de los pilares del progreso sostenible de los pueblos y las familias que, viviendo y trabajando en ellos, se dedican a producir alimentos.

• Evolución de la renta agraria

El dato publicado sobre la renta agraria pone en evidencia la enorme diversidad de la agricultura española. En un año marcado por los tremendos efectos de las condiciones climatológicas: sequía, inundaciones, pedriscos, etc., que han provocado un nivel record de los siniestros en el seguro agrario, y un nivel de costes de producción muy alto, el dato adelantado de variación de renta agraria apunta a un aumento del 11%.

Si se analiza ese dato, podemos destacar que, en gran medida, se debe al comportamiento del sector de las frutas y hortalizas, el porcino y la producción de leche. De manera agrupada estos tres sectores aportan más de 41.000 millones del total de unos 65.000.

Por otro lado, tenemos sectores muy importantes para España, como los cultivos herbáceos, el olivar o el viñedo, donde nos encontramos con reducciones cercanas al 50% del valor de la producción agraria.

En cuanto al nivel de los costes de producción, si bien es cierto que se ha producido un pequeño descenso del 4,6% con respecto al año 2022, nos encontramos con un nivel de costes extremadamente alto si lo comparamos con el año 2021, y 2020, con incrementos del 19 y del 34% respectivamente. Sin duda, los altos de costes de producción han llegado para quedarse, y condicionarán la producción de alimentos en la próxima década.

• Política Agraria Común

Todas las reformas de la PAC –y el campo español ha vivido ya unas cuantas– generan encendidos debates, sobre su orientación política, su presupuesto o los previsibles efectos de sus medidas. Esta última reforma no ha sido una excepción. Los datos demuestran que los agricultores españoles se han sumado masivamente a las nuevas exigencias de la Política Agraria Común. Se demuestra, una vez más, la capacidad de adaptación, resiliencia y progreso de los agricultores y ganaderos españoles frente a los diversos cambios legislativos que nos van afectando.

Hoy podemos afirmar que las voces agoreras que llevan años tratando de torpedear la reforma de la PAC no tenían razón. Tras un primer año de aplicación, muchas de las medidas impulsadas por la nueva legislación dejan efectos tangibles en el campo, a pesar de que, debido a la sequía, este haya sido un año nefasto para la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos en términos de producción cosechada.

En esta reforma se han introducido aspectos muy destacados que habrá que afianzar en las siguientes reformas. Asuntos como la puesta en marcha de una ayuda redistributiva, o el techo por explotación, debe afianzar el apoyo de la PAC hacia las explotaciones familiares.

Por citar algunos datos, y en comparación con el año pasado, los barbechos han aumentado un 6,6% y los cultivos de cereales han bajado un 2,8%. Los cultivos leguminosos (proteaginosas, leguminosas de consumo animal y humano) han aumentado un 38%, sin duda una gran noticia para el futuro del sector agrario. Problema aparte es que este año la sequía haya provocado que no tengamos cosecha de nada.

Sobre los ecorregímenes, una de las figuras novedosas de la PAC, y que más criticada ha sido por parte de algunas organizaciones y políticos, el compromiso de los agricultores ha sido masivo: de 22,2 millones de hectáreas declaradas, 19,1 han solicitado ecoregímenes, un 86%. Si bien es cierto que se dan grandes diferencias entre regiones, desde el 95% de Castilla y León hasta el 42% de Murcia. Esto demuestra que hay que analizar detalladamente los motivos de esos porcentajes y ver qué ha fallado en cada caso. También creemos que se debe reforzar el criterio de la degresividad, de manera que la cuantía de las ayudas se reduzca a medida que aumenta el número de hectáreas, para apoyar más a las pequeñas y medianas explotaciones que más lo necesitan.

Creemos que los ecorregímenes deben analizarse uno por uno, para adaptarlos a la realidad de la agricultura y ganadería española, realizando una fuerte pedagogía a los agricultores. Una labor en la que las organizaciones agrarias y las Administraciones tenemos una gran responsabilidad.

Ajustes para 2024

Con los datos del primer año de la PAC en la mano, es el momento de que las Administraciones escuchen al campo para realizar ajustes que mejoren la aplicación de esta política en España. Europa no ignora que la guerra en Ucrania lo ha complicado todo, y que la situación climatológica es complejísima para los agricultores. Por eso creemos que se deben flexibilizar aspectos como permitir realizar tratamientos en los barbechos, o realizar labores superficiales en determinados casos. En el caso del ecorrégimen de cubiertas vegetales, es necesario hacer una profunda reflexión, para permitir que los agricultores alcancen el objetivo final de mejora de gestión del suelo, pero sin verse penalizados. También mantener la reducción de los porcentajes mínimos obligatorios de superficie rotada o que haya una revisión al alza de la admisibilidad de pastos, para favorecer a la ganadería extensiva.

En definitiva, toda ley debe bajarse al terreno, y aplicarse con justicia, evitando efectos perniciosos y buscando los más beneficiosos. El campo español está volviendo a demostrar su compromiso con los retos de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático, a pesar de las dificultades, que son muchas. Seguiremos produciendo alimentos, cuidando el paisaje y protegiendo el medio ambiente. Esperamos que la PAC nos ayude en ese enorme reto.

Pero, además, este año 2023, ha puesto de nuevo de manifiesto el inmenso trabajo administrativo y de gestión que supone la tramitación de una nueva PAC. Este año no ha sido una excepción y la adaptación de la aplicación, los fallos en el programa, la falta de capas de elegibilidad… han puesto a los servicios técnicos de las organizaciones agrarias al límite una vez más. Y ese trabajo debe ser reconocido. Pedimos a las Administraciones que se aseguren de que cuando hablan de simplificación, sea eso: hacer las cosas de manera más simple. Ha sido el primer año de una nueva PAC y debemos tomar nota de los problemas para arreglarlos la próxima campaña.

Sin duda la campaña del 2023 será recordada durante muchos años como la peor de la historia reciente, debido a una extrema sequía que ha azotado a la Península Ibérica en su conjunto. Pero, además, esta situación se une a unos costes de producción muy altos, y a unos precios en origen que no acaban de frenar su caída, lo que está llevando a las explotaciones de cultivos herbáceos a unas pérdidas millonarias.

El sector sigue perdiendo superficie frente a los cultivos leñosos, indicador que nos avisa del escaso margen que presentan estos cultivos en la actualidad. Esta situación, no afecta de manera muy destacada en el nivel de producción medio, gracias a la utilización de nuevas variedades que suponen un aumento continuado de nuestro potencial de producción, a pesar de la reducción de superficie, y de las condiciones climatológicas.

En cuanto a los cultivos en regadío, las escasas disponibilidades de agua han provocado que cultivos como el arroz o el maíz siguen en un nivel de siembras ridículo comparado con el potencial y el histórico de España. Ambas situaciones han provocado disponibilidades muy bajas, y un aumento muy destacado de las importaciones para abastecer las necesidades internas.

El sector del olivar encadena con la cosecha de 2023, dos campañas con reducciones de producción muy importantes. La suma de estas dos cosechas se sitúa algo por debajo de la producción media de la última década. El aumento de los precios en origen ha sido solo un pequeño salvavidas para aquellos agricultores que han podido coger aceituna, ya que la mayoría no ha tenido cosecha que vender.

El aumento de los costes de producción y la reducción de la cosecha de aceituna, han situado el balance económico del sector en números rojos una campaña más. A pesar del aumento de precios al consumidor, podemos afirmar que los datos de comercialización han sido bastante positivos, y que el consumidor sigue apostando por este producto por sus excelentes características nutricionales.

El sector vitivinícola está atravesando una situación muy complicada. La producción este año en cuanto a vino y mosto ha bajado aproximadamente un 15% con respecto a la campaña anterior (que ya fue escasa), obteniendo unas cifras de unos 34,2 mill Hl, y si nos atenemos al vino exclusivamente a solo 30,7 mill hl, que supone un 14% inferior a la de 2022 (con 35,7 mill hl) y un 19% inferior a la media de los últimos 5 años. Por tanto, tenemos este año la producción de vino más corta en 20 años debido a que el cambio climático está golpeando duramente al sector, debido especialmente a la sequía prolongada y las altas temperaturas y olas de calor. Pero lo más grave, es que a pesar de esa escasa producción (y ya van dos años seguidos) se están dando importantes problemas de mercado, con bajos precios en origen y altos costes.

El consumo de vino sigue bajando en el mercado interior, con un volumen de 9,6 mill Hl (un descenso del 6,4% interanual) y las exportaciones continúan descendiendo en volumen, con una tendencia muy preocupante para España, como primer exportador mundial de vino en volumen. Por tanto, tenemos un serio problema de mercado, generado no por la presión una elevada producción sino por falta de consumo interior y exterior, además se constata una tendencia del precio a la baja tanto en precios de uva como de vino en la categoría de tintos.

La Interprofesional del Vino (OIVE), con la participación de UPA, ha venido a lo largo de este año trabajando en el desarrollo de varias medidas contempladas en el Plan Estratégico para el sector, entre ellas una futura norma de comercialización que pueda regular en un futuro la oferta y demanda del vino en España en situaciones con problemas de mercado.