La agricultura española ante los retos de 2024

Así como los finales de año suelen ser propicios para hacer balances, los comienzos de un año nuevo lo son para plantear retos y desafíos. En unos casos, son retos que por su complejidad tienen naturaleza estructural y deben ser abordados con estrategias de medio y largo plazo (por ejemplo, renovación generacional, digitalización, transición ecológica, sostenibilidad del regadío, desperdicio alimentario…). En otros casos, son retos más coyunturales (aplicación de la reforma de la PAC, gestión de la sequía o mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria).

De todos los desafíos estructurales, el más importante es, en mi opinión, el de la renovación generacional, dado el serio problema que tenemos de envejecimiento de la población agrícola (dos tercios de los agricultores tienen más de 55 años). Sin jóvenes en nuestra agricultura no es posible abordar ninguno de los grandes retos presentes y futuros, ni tampoco impregnar el sector agrario de una cultura innovadora.

El relevo generacional, ya sea dentro de la familia o fuera de ella, es un problema de una gran complejidad, que no se resuelve sólo con incentivos del estilo de las ayudas de la PAC a la instalación de jóvenes, sino que exige un tratamiento integral. Dado que en este problema confluyen, sin duda, aspectos económicos (asociados a la rentabilidad de las explotaciones), pero también jurídicos (asociados a la transmisión hereditaria en el marco de la familia y al sistema de arrendamiento como vías de acceso a la titularidad de la explotación) y culturales (vinculados a la imagen estereotipada de la agricultura como una actividad atrasada y tradicional), es necesario tratarlo con políticas no sectoriales, sino de más amplio espectro.

En ese contexto de renovación generacional adquiere relevancia la incorporación de las mujeres a la actividad agraria. Es una incorporación que debe avanzar aún mucho más, tanto en las áreas técnicas y productivas, como en el ámbito de la cotitularidad de las explotaciones y de los órganos directivos de las cooperativas y organizaciones profesionales, donde hoy existe un flagrante déficit de participación de las mujeres.

Más allá de los debates sobre el cambio climático, es un hecho que se están produciendo alteraciones importantes en las temperaturas y precipitaciones pluviométricas, siendo los agricultores los primeros afectados. Por ello, los gobiernos nacionales y los propios agricultores emprenden acciones para adaptarse a la nueva situación climática.

Se investiga, por ejemplo, para encontrar variedades vegetales mejor adaptadas a contextos de altas temperaturas y escasez de agua; se incentivan los cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas (cubiertas vegetales, laboreo mínimo…), y se reforman los sistemas bonificados de aseguramiento para incluir los nuevos riesgos climáticos.

En definitiva, se asiste a un proceso de transición ecológica hacia modelos de agricultura y ganadería mejor adaptados al nuevo contexto climático, más racionales y eficientes en cuanto a la utilización de insumos y menos dependientes de las energías fósiles. En ese proceso es importante el papel a desempeñar por la amplia red de centros de investigación que existen en nuestro país (universidades, CSIC y centros regionales dependientes de las Comunidades Autónomas) y que son fundamentales para avanzar en las innovaciones científicas y tecnológicas tan necesarias para abordar la transición ecológica.

“La digitalización debe ser un asunto de política de estado, no sólo para garantizar la extensión de la infraestructura necesaria, sino también para asegurar que ningún agricultor quede excluido de ese proceso por falta de conocimiento o de recursos”

Muchos de los grandes desafíos de la agricultura, como el citado de la transición ecológica, pasan por acceder a las tecnologías digitales. Los modelos de agricultura de precisión, el ahorro de agua o el uso de energías alternativas, además de la gestión técnica y administrativa de las explotaciones agrícolas y ganaderas, están condicionados por el acceso a la tecnología digital (incluida la inteligencia artificial).

No obstante, el tema de la digitalización debe ser un asunto de política de estado, no sólo para garantizar la extensión de la infraestructura necesaria, sino también para asegurar que ningún agricultor quede excluido de ese proceso por falta de conocimiento o de recursos. Para ello es necesario poner en marcha un buen sistema de asesoramiento técnico a los agricultores, que sea una combinación público-privada con participación de las organizaciones profesionales y cooperativas, pero también de la comunidad científica y las empresas de suministro de insumos.

En un país de clima mediterráneo como el nuestro, de pluviometría variable en la que se alternan largos periodos de sequía con otros de lluvia, el regadío agrícola es fundamental para asegurar el abastecimiento de alimentos y la competitividad de nuestro sector agrario. Para ello, es necesario ajustar de forma adecuada la oferta de agua, siempre limitada, a la demanda, que suele crecer conforme aumenta la superficie de regadío.

Desde el lado de la demanda no hay más opción que reducir el consumo de recursos hídricos mediante el uso de las nuevas tecnologías digitales para ahorrar agua en el regadío agrícola, cosa que se viene haciendo a través de diversos planes de inversión, bien a través de los recursos de la PAC, bien de los fondos Next Generation.

Desde el lado de la oferta, el margen para ampliar la disponibilidad de aguas superficiales es limitado, ya que no parece viable la construcción de más embalses. Sólo un plan de renovación de antiguos embalses hoy colmatados y un impulso de los trasvases dentro de cada cuenca y entre cuencas, podría paliar este problema. Adicionalmente, está un mejor aprovechamiento de las aguas subterráneas, así como el uso de fuentes alternativas de recursos hídricos (por ejemplo, desaladoras) o la reutilización de aguas residuales.

En todo caso, el objetivo no ha de ser continuar ampliando sin límite la superficie de regadío, sino estabilizar la que hay y hacerla más sostenible, ajustando la oferta a la demanda.

"El objetivo no ha de ser continuar ampliando sin límite la superficie de regadío, sino estabilizar la que hay y hacerla más sostenible, ajustando la oferta a la demanda"

La cadena alimentaria es muy compleja, en la que, por lo general, los agricultores son el eslabón más débil. De ahí que los poderes públicos intenten, mediante instrumentos legislativos, hacer más eficiente el sistema buscando un mejor equilibrio dentro del mismo. Tal ha sido el caso de la Ley de la Cadena Alimentaria, que debe ser desarrollada en todo su potencial durante este año 2024.

Pero el buen funcionamiento del sistema alimentario no depende sólo de que exista una ley que lo regule. Depende, sobre todo, de que sus distintos componentes se convenzan de que, más que una “cadena”, es un “puente” en el que todos los pilares deben ser sólidos para que los alimentos puedan circular desde la producción al consumo. Y ahí, cada agente del sistema alimentario tiene su propia responsabilidad.

La responsabilidad del sector agrario es producir de modo sostenible productos sanos y de calidad y vertebrar mejor sus intereses a través de eficientes modelos asociativos (cooperativas, organizaciones de productores, interprofesiones…). Por su parte, la responsabilidad del sector de las industrias y la distribución es remunerar de forma adecuada a los que le suministran las materias primas, es decir, los agricultores, y poner a disposición de los consumidores los productos que demandan.

La reforma que se inició en enero del año pasado continuará su curso en este año 2024 en aplicación del Plan Estratégico Nacional. Entre sus retos está avanzar en la convergencia de las ayudas directas del primer pilar de la PAC para reducir las grandes e injustificadas diferencias que existen entre agricultores, por el simple hecho de tener sus explotaciones en regiones agronómicas distintas.

Otro importante reto es la aplicación de los “eco-regímenes”, voluntarios para los agricultores, pero que representan una parte importante de la ayuda del primer pilar. El balance del primer año demuestra que los siete eco-regímenes están teniendo una buena aceptación, lo que induce a pensar que podrán ir siendo asimilados por los agricultores como una práctica útil para avanzar en la transición ecológica, y rentable para complementar los pagos directos.

La introducción del “cuaderno digital de explotación” es otro desafío, éste de tipo coyuntural, que permitirá que los agricultores incorporen la digitalización al ámbito de la gestión de sus explotaciones, facilitando el cruce de información con las autoridades responsables de la PAC y avanzando en la eficiencia de las políticas.