¿Desamortización de montes en el siglo XXI?

Las desamortizaciones de tierras “incultas” o pertenecientes a “manos muertas” constituyeron una serie de procesos históricos ocurridos mayoritariamente en España durante el siglo XIX promovidos por la burguesía liberal con el doble fin de recaudar fondos para la Hacienda Pública y de paso poner en producción terrenos baldíos. Las más conocidas fueron la de Mendizábal (en los años 30 del siglo XIX afectando sobre todo a bienes nobiliarios y eclesiásticos) y la de Madoz (en los años 50 de dicho siglo afectando además de los anteriores a montes del Estado y de los pueblos). Sus consecuencias financieras fueron ciertamente pobres, mientras que sus consecuencias ambientales pudieron ser catastróficas a no ser por el freno que supuso la creación del Catálogo de Montes, exceptuados de la enajenación (hoy Catálogo de Montes de Utilidad Pública), cuya confección fue encargada con gran urgencia al entonces recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Con todo, se calcula que pudieron llegar a desaparecer unos 3 o 4 millones de hectáreas arboladas a causa de su tala y roturación fundamentalmente, cuyo papel en la protección de los suelos frente a la erosión y en la regulación del régimen hídrico de las corrientes de aguas desapareció de forma más o menos abrupta intensificando dramáticamente la erosión y el empobrecimiento de los suelos y el régimen de avenidas de multitud de ríos y torrentes. Y ello sin contar con la drástica pérdida de habitats para numerosas especies, incluyendo sin duda la desaparición local de no pocas de ellas.

Pues bien, después de este lamentable balance, el catedrático y ex ministro de centroderecha posfranquista señor Lamo de Espinosa se permite, casi dos siglos después, invocar una nueva desamortización de montes para reducir el déficit público que los especuladores financieros internacionales han disparado intencionadamente mediante el aumento de los intereses y del coste de aseguramiento de la deuda en un ataque en toda regla contra la soberanía de España (como de cualquier Estado cuando lo consideran conveniente a sus intereses privados).

En el siglo XIX podía tener algún sentido, en la lógica liberal de la época, vender tierras incultas para incrementar la producción agrícola, y hubo mercado para ello (pese a que fue mucho más restringido de lo imaginado por los desamortizadores, por razones que no vienen al caso). Si hoy en día se pusieran en el mercado los montes públicos una vez efectuadas las profundísimas reformas legislativas imprescindibles para ello, debe tenerse en cuenta que en la actualidad ocupan mayoritariamente tierras no cultivables por sus condiciones de suelo y pendiente, que los mercados de los productos forestales están en general bajo mínimos, que la burbuja inmobiliaria explotó recientemente menoscabando las posibles expectativas urbanizadoras y que la inversión puramente especulativa para su adquisición detraería preciosos recursos financieros para actividades productivas muy necesarias en el momento actual.

En resumidas cuentas, es más que dudoso que hubiera compradores, y los que pudieran interesarse serían en todo caso los especuladores a quienes se brindaría una oportunidad de oro para detraer recursos del sistema productivo y fiscal.

Las administraciones locales no deben olvidar que el monte es una vasta fuente de recursos productivos, de empleo y base de un tejido industrial que nunca debió llegar a tan bajo nivel como el actual

Y ello por no hablar del saqueo al patrimonio público natural, que resultará más o menos productivo u oneroso para sus propietarios, pero que no deja de ser propiedad colectiva del Estado, de las Comunidades Autónomas y sobre todo de los pueblos y sus habitantes (que existen, aunque desde los centros de poder se olvide con frecuencia); es decir formando parte de las infraestructuras básicas ambientales de un país, como para que tan ingente patrimonio pase alegremente a manos privadas y en particular y muy probablemente a manos de especuladores financieros.

Pienso que en estos momentos debe rechazarse tajantemente tan desafortunada y anacrónica idea por los motivos expresados. Pero también es cierto que las administraciones públicas implicadas -central, autonómicas, locales en la medida que a cada una corresponda- deben hacer un importante esfuerzo en la gestión de este inmenso patrimonio público forestal, cuyo abandono sistemático en los últimos 30 años ha profundizado la crisis rural que hoy padecemos: no se olvide que el monte es una vasta fuente de recursos productivos, de empleo y base de un tejido industrial que nunca debió llegar a tan bajo nivel como el actual. Las obvias necesidades de atender una fuerte demanda conservacionista han sido la coartada de esta política de desidia, pero creo que llega el momento de, sin desatender dicha demanda, reincorporar los montes a las cadenas productivas, en el convencimiento de que tarde o temprano la economía productiva volverá a tomar el protagonismo que le corresponde frente a la economía financiero-especulativa.

Y a fin de no comenzar la casa por el tejado, la primera atención debe dirigirse a los modelos de organización administrativa que permitan tales objetivos de producción de bienes directos e indirectos, entendiendo por estos últimos las prestaciones de servicios como la protección de los suelos, la regulación del régimen hídrico, el mantenimiento de la biodiversidad, la fijación del CO₂ atmosférico, el paisaje como activo turístico, el ocio y el recreo de las poblaciones, etc.

Dichos modelos, que pueden ser diferentes para cada administración pública, deberían sin embargo basarse en tres principios básicos: a) autonomía presupuestaria y de gestión sobre la base de financiación parcial pública (por los servicios antes relacionados), b) especialización en la materia de gestión de montes y comercialización de sus productos evitando dispersión de competencias en su seno y finalmente c) ejercicio de potestades administrativas para la mejor defensa del dominio público o en su caso de la propiedad pública no demanial. Existen en nuestro derecho administrativo diversas figuras que cumplen con los tres requisitos: Agencias Públicas, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y otras.

Administraciones tan prestigiosas como la francesa a través de la Oficina Nacional de los Bosques han optado por modelos de este tipo con éxito consolidado a lo largo de los años. Entiendo que es la hora de la puesta en valor de nuestro patrimonio público forestal, y no de su desamortización decimonónica, pese a los cantos de sirena que propugnan esta solución, que según expresión castiza y rural no es más que “pan para hoy y hambre para mañana” (en el caso más optimista).