El diferencial de precio entre productor y consumidor pone en jaque la Ley de la Cadena Agroalimentaria
La enorme diferencia de precio que en muchos casos existe entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor pone en jaque la Ley de la Cadena Agroalimentaria, aprobada el pasado 2 de diciembre de 2021.
Según los datos que maneja ASAJA en Valencia, las primeras operaciones de compraventa de cítricos que empiezan a formalizar agricultores y operadores comerciales de cara a la próxima campaña citrícola establecen unos precios en origen que se sitúan hasta un 30% por debajo de los costes medios de producción. En el caso de la naranja Navelina ofrecen precios en torno a 0,21 €/kg , mientras que los gastos que supone el cultivo de la naranja superan los 0,32 €/kg, después de haber aumentado estos últimos un 40% en dos años.
Esta situación se extiende a buena parte de los productos perecederos y afecta de forma especial a prácticamente todas las frutas y hortalizas. Los productores de Murcia denuncian como sandias, lechugas o albaricoques triplican sus precios del campo al mercado y desde ASAJA en Alicante se advierte de un desplome del consumo de fruta debido a que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000%, cuando lo habitual es del 300%. Este alarmante desplome del consumo ha sido confirmado por la propia la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): “Uno de cada cinco consumidores admite haber dejado de comprar alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras”.
En opinión de ASAJA, la Ley de la Cadena Agroalimentaria debe ser urgentemente mejorada con el fin de corregir estas deficiencias que perjudican gravemente tanto a productores como a consumidores. Insiste, como ya hicieron durante su tramitación , en la necesidad de contar con índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias.
La organización agraria pide también que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) realice más controles de oficio cuando se sospeche que se incumple la Ley. Recientemente se ha sabido que casi el 70% de las denuncias que llegan a la AICA son finalmente sancionadas, lo que, a juicio de ASAJA, indica que el abuso comercial sigue estando presente y que a la Ley le queda recorrido para cumplir con su objetivo, ya que la denuncia debería ser el último recurso y no algo sistemático.
ASAJA adiverte de que vigilará lo que ocurra a partir de enero de 2023 cuando entre en funcionamiento el registro de los contratos agroalimentarios, en el que se deberán reflejar los que sean superiores a un importe de 1.000 euros, que son prácticamente la mayoría, y si a partir de ese momento se multiplica la efectividad de la ley.
