Una PAC para los agricultores activos profesionales

El Ministerio ha consultado con las Organizaciones Profesionales Agrarias, con las que se ha reunido en el Comité Asesor Agrario el pasado 23 de julio. El ministro se comprometió a crear grupos de trabajo para analizar las cuestiones más complicadas y en las que hay mayores diferencias de planteamiento. Son muchos, sin embargo, los que opinan que el ministro puede estar considerando “todo el pescado vendido”, después de la satisfacción que ha transmitido a los medios de comunicación tras el consenso con las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas. Esperemos que nuestro sector agrario no sea de nuevo un mero “convidado de piedra” en la toma de decisiones que van a determinar su futuro.

“¿A quién le puede parecer sensato que en España cobren ayudas PAC más de 900.000 perceptores, y sin embargo sólo coticemos 350.000 profesionales a la Seguridad Social Agraria?”

Asimismo, la nueva PAC liquida prácticamente todos los sistemas de regulación de mercados, eliminando definitivamente el principio de Preferencia Comunitaria, y nos deja en un “sálvese quien pueda” frente a los mercados especulativos globales, dominados por los grandes operadores comerciales y financieros. Además la reforma pasa de largo y no establece un control de la cadena alimentaria, dejando campar a sus anchas a la industria y sobre todo a la gran distribución. En estas condiciones es imposible defender unos precios dignos y unos costes equilibrados.

Además, se acaba con lo poco que quedaba de control de determinadas producciones, suprimiendo las cuotas lácteas, y a corto plazo las cuotas de azúcar y los derechos de plantación del viñedo. Esto es un jaque a estos sectores, que además pierden el valor de las inversiones que se vieron obligados a realizar para tener derecho a producir. Estos derechos de los productores son pisoteados por quienes deciden políticas tan contradictorias y que nunca asumen responsabilidades por ello.

En este contexto, se da la circunstancia de que la nueva PAC aumenta aún más las exigencias medioambientales, “el verdeo”, para nuestras producciones comunitarias, que se añaden a las estrictas condiciones de calidad y seguridad alimentarias, el bienestar animal, la completa trazabilidad y la prohibición de uso de multitud de productos químicos. Más exigencias, que significan mayores costes, a cambio de menos ayudas compensatorias, porque la realidad es que el presupuesto para la nueva PAC ha sido recortado. Aunque no lo quiera reconocer el Sr. Ministro, el presupuesto de las ayudas PAC se reduce en más de un 13%, que es la pérdida real de su poder adquisitivo, para el nuevo periodo 2014-2020. Además, aumentan las exigencias, se dividen las ayudas por capas y pagamos con nuestras propias ayudas el fondo destinado a paliar las posibles crisis de mercado. Esto significa que, además del efecto de la “convergencia” – que finalmente será limitado y afortunadamente sin tasa plana–, muchos agricultores y ganaderos recibirán un montante sustancialmente menor de pagos directos.

Respecto a la figura de 'agricultor activo' como único perceptor de las ayudas en la nueva PAC, ya ha quedado desfigurada en los acuerdos comunitarios. Se crearon expectativas favorables, que llevan camino de frustrarse. Ahora está en manos del Ministerio de Agricultura español. Hay cierto margen de maniobra. Se debe aprovechar la oportunidad. Aunque la política del ‘status quo’, es decir que nada cambie, puede dar al traste con cualquier avance significativo en la definición de “agricultor activo”. No nos podemos quedar en la famosa “lista negativa”. Es decir, excluir de las ayudas PAC a los aeropuertos, ferrocarriles, campos de golf, inmobiliarias, etc. No parece muy cívico que, en una situación de déficit de la seguridad social, reciban ayudas públicas agrarias más de 500.000 perceptores que no cotizan ni un euro a la Seguridad Social agraria.

Resulta también vergonzoso que se excluya de las ayudas PAC a miles de profesionales que cultivan viñedo, frutas y hortalizas, por decisión del Ministerio y Consejerías, penalizados en el futuro por no haber recibido ayudas en el pasado. Y cómo no, resulta muy lamentable el mantenimiento de los topes máximos de ayudas por explotación en 300.000 euros. De esta manera, los “grandes de España” seguirán cobrando lo que no merecen. Máxime después de haber dividido sus explotaciones en diversas empresas y ahondar en una PAC que favorece al que tiene más hectáreas y no al activo que trabaja de forma directa y personal en la explotación.

La agricultura es un sector estratégico que viene a satisfacer una necesidad vital, la alimentación, y es fuente de empleo y riqueza para nuestros pueblos. La UE y el Gobierno español no pueden permitirse el desmantelamiento de nuestro tejido productivo y en consecuencia la dependencia alimentaria en un mercado globalizado y especulativo. Se trataría de una actitud suicida que pagaríamos muy cara los hombres y mujeres del campo, el medio rural, la sostenibilidad medioambiental, y por supuesto los 47 millones de ciudadanos españoles. La agricultura y los alimentos no pueden ser una mera mercancía al arbitrio de la especulación, sino un derecho universal de las personas como garantía de bienestar social.