Bruselas, Estrasburgo y Madrid, los tres vértices de la nueva PAC para España
A finales de junio la presidencia irlandesa de la UE alcanzó un acuerdo en el Consejo Agrícola que permitió al ministro irlandés Simon Coveney acudir al Parlamento Europeo para presentar las líneas políticas de la Reforma de la PAC. Desde luego, no ha sido un camino corto ni sencillo, sino más bien todo lo contrario. Cuando el Comisario Ciolos, ya en abril de 2010 avanzaba sus intenciones de reformar la PAC y año y medio después, en octubre de 2011 presentaba sus propuestas legislativas, plasmadas en cuatro reglamentos esenciales y alguno más con medidas transitorias, el horizonte no podía ser más sombrío para los intereses agropecuarios españoles.
En un escenario de recesión en Europa, la reforma de la PAC se enfrentaba por primera vez a una reducción del presupuesto de la Unión Europea en las Perspectivas Financieras 2014-2020, y la partida destinada la PAC resultaba la principal damnificada con un recorte muy importante en sus fondos, tanto del Primer como del Segundo Pilar. Por otra parte, el proceso de negociación, fruto del nuevo Tratado de la Unión, impone una concertación entre las tres instituciones comunitarias, la Comisión que mantiene la iniciativa legislativa y el Consejo y el Parlamento que comparten la responsabilidad (y protagonismo) en la toma de decisiones.
Por si fuera poco, la propuesta inicial de la Comisión era extremadamente lesiva para los intereses agrarios españoles ya que no solo ignoraba la gran diversidad productiva existente en nuestro país, sino que introducía elementos de distorsión y enfrentamiento entre territorios, cultivos y explotaciones, entre vecinos y entre regiones.
La pretensión del Comisario era abrir las puertas de la PAC a todas las tierras, cultivadas o no, productivas o baldías, sin tener en cuenta la actividad agraria como requisito para acceder los pagos agrarios. Si a ello añadimos la intención de la Comisión de aplicar una “tasa plana“en todo el territorio español, sin distinción de cultivos, prácticas de producción o potencial productivo de las explotaciones, el riesgo de”desincentivación” del agricultor y ganadero, del profesional agrario, era evidente.
Durante los meses previos al acuerdo interinstitucional, se trabajó mucho, y creo que bien, para dar la vuelta a la situación, con una actividad intensa en diferentes frentes. El primero de ellos, el presupuestario, poniendo al Presidente del Gobierno en cabeza de la defensa de los intereses agrarios españoles en el Acuerdo sobre Perspectivas Financieras. Después, en el capítulo de la PAC, con firmes alianzas y aprovechando una presidencia irlandesa muy “agraria”, pero a la vez orientando y siguiendo los trabajos de los eurodiputados en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.
El resultado creo que puede considerarse razonablemente satisfactorio y es fruto de un trabajo, cada uno desde sus responsabilidades ya sean ministeriales, autonómicas, parlamentarias o como representantes de los profesionales agropecuarios, en donde ha habido una defensa unánime de los interés agrarios españoles frente a las propuestas de la Comisión.
Pero si en Bruselas y en Estrasburgo el trabajo se ha hecho ya en su mayor parte, ahora la toma de decisiones se desplaza a Madrid, en donde tendrán lugar las reuniones entre Ministerio, Comunidades Autónomas y Organizaciones Profesionales para debatir el modelo de aplicación de la PAC en España, dentro del amplio margen de subsidiaridad que concede la nueva reglamentación.
Depende, por tanto, de lo que resulte de las deliberaciones en Madrid, que el acuerdo alcanzado en Bruselas y Estrasburgo redunde en una reforma que dé estabilidad a la actividad agraria, sostenibilidad a las explotaciones y atractivo de futuro para los jovenes profesionales agrarios en España.
