AERCE urge a que se respete el plazo de pago a los proveedores
La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) urge a alcanzar un acuerdo para que el actual marco legal que establece el plazo máximo de pago a proveedores en 30 días sea de obligado cumplimiento. Según los datos de AERCE, en España el plazo medio de pago a proveedores está superando los 90 días, muy por encima de los mercados de nuestro entorno. La extensión a toda la cadena de suministro de esta práctica está provocando un encarecimiento de los productos y una grave pérdida de competitividad frente a otros mercados europeos.
Según un estudio de AERCE sobre datos de la CNMV, las 116 empresas que cotizan en la bolsa española (excluyendo las de servicios financieros) dedican a Compras 235.432 M€, cantidad equivalente al 25% del PIB español. La adquisición de bienes y servicios dentro de una empresa es el factor de más peso en la formación de costes de una compañía, muy por encima de los gastos fiscales o los de personal. Las compras suponen, de media, el 75% del gasto total de las empresas. Esto explica el cambio tan radical que se ha producido en una sola década: “Hace apenas diez años -explica Juan José Jiménez, Presidente de AERCE- sólo podíamos mencionar un par de casos de grandes empresas españolas que contaban con un alto directivo responsable de un departamento centralizado de Compras. Hoy, casi el 90% de las empresas del Ibex 35 tiene un director corporativo de Compras que forma parte del primer nivel del staff directivo de estas grandes compañías”.
En la preocupación de todas las empresas por reducir sus costes y afrontar procesos de reestructuración, AERCE propone un cambio de foco: actuar sobre los costes laborales no puede ser la única medida. La generalizada puesta en marcha de EREs en los momentos actuales como primera y a veces única actuación para la reestructuración de costes está resultando excesiva. En España, los costes salariales suponen sólo una media del 13% del total de gastos de las empresas, cuando las compras y aprovisionamientos alcanzan el 75%.
Recortar empleo tendrá siempre un margen de actuación limitado a ese 13% del total de los gastos pero, además del enorme coste social que implica, está mermando la capacidad de generar valor añadido interno por parte de las empresas.
