El sector del transporte pide una norma regulatoria de la fiscalidad

El incremento en el precio del gasóleo, que en lo que va de año ha llegado al 21%, preocupa al transporte por carretera y la patronal del sector ha pedido al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos en junio de 2008 y contrarios a la subida de impuestos sobre los carburantes anunciada por el Gobierno. En este sentido, desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC )ya han advertido que si el problema no se arregla empezarán los paros de vehículos. Pere Padrosa, Presidente de ASTIC ha pedido que el transporte sea considerado estratégico del mismo modo que el sector eléctrico, por lo que la subida en el precio del petróleo debe ser reflejada en el precio del transporte. El no cumplimiento del compromiso del gobierno de no incrementar los impuestos para que las empresas pudieran mantener su competitividad en época de crisis, puede llevar a subir el transporte alrededor de un 23% incrementando las tensiones en un sector ya muy castigado por la crisis en lo que va de año y aumentando también los productos básicos del consumo. Asimismo, Julio Villaescusa, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer ), que tilda la situación de desesperada para el transporte de mercancías, además de advertir también al Ejecutivo si no cumple sus compromisos, señala también la necesidad de que la Administración imponga sanciones a los transportistas que trabajan por debajo de los costes.

Las patronales señalan que el pequeño margen en el que trabajan actualmente los transportistas que se sitúa entre el 2% y el 3% llevaría directamente a pérdidas si se les obliga a absorber el precio del combustible. Por otra parte, también remarcan que no están reclamando una rebaja de impuestos ya que actualmente el gasóleo se encuentra gravado con 27 céntimos por litro, sino un marco regulador que tenga en cuenta la utilización del gasóleo para consumo profesional.

Otro aspecto que debe afrontar el transporte es la denominada fiscalidad verde que en la nueva normativa de la UE puede hacer que los precios pueden conocer nuevas subidas que repercutirán en los bienes de consumo.