Piden una moratoria para todas las granjas y la exención de pequeñas y medianas de la nueva normativa
La ganadera láctea y secretaria general de la Unión de Agricultores de Galicia-Comisiones Lábregas (SLG-CCLL), Isabel Vilalba; la productora y economista especialista en políticas agrarias del SLG-CCLL, Ana Rodríguez; y el técnico del Sindicato Labrego Galego (SLG), Andrés Castro; explicaron en Lugo las consecuencias para las explotaciones agrarias gallegas de la entrada en vigor de numerosas nuevas normas de inminente aplicación.
El Sindicato Labrego Galego expresa su malestar por no haber presentado alegaciones: “Estos requisitos incluían un plazo de presentación durante el cual la Xunta de Galicia podía y debía haber presentado comunicaciones para ajustar los requisitos a la realidad de nuestro territorio. Desde la Unión de Agricultores de Galicia hicimos nuestras aportaciones a los textos del Ministerio en el momento adecuado e instamos al Ministerio a asumir su labor realizando las propuestas y modificaciones necesarias para su adaptación a las explotaciones agrarias gallegas”,
El Cuaderno Digital, la aplicación localizada, el plan de abonado o la elaboración de un Plan Integral de Salud son algunos de la multitud de nuevos requisitos que entran o entrarán en vigor para la mayoría de explotaciones. “Para las medianas y pequeñas explotaciones, mayoritarias en el modelo productivo gallego, este inminente aumento de la ya complicada carga burocrática tendrá consecuencias que impactarán directamente en su viabilidad al implicar en muchos casos la realización de inversiones”, señala.
Por un lado, esta multitud de exigencias de seguimiento técnico son prácticamente “imposibles” de incorporar a la jornada laboral de los productores de alimentos, concretamente de aquellas explotaciones familiares. “La realidad es que la mayoría se vería obligada a contratar agentes externos para hacerse cargo de todos los trámites necesarios, incurriendo en costes aún mayores, en un contexto en el que el aumento constante del precio de los insumos ya ha colocado a gran parte de ellos en una situación económica muy complicada”, continúa la asociación.
Por otro lado, algunas de estas demandas pasan por la contratación de perfiles técnicos que escasean, como ingenieros agrónomos o personal veterinario, que la propia Xunta de Galicia argumenta que faltan, por ejemplo, cuando se solicita más rapidez y control en la administración de la vacuna contra la lengua azul.