Investigan a una treintena de personas en Castilla y León por fraude en el cobro de la PAC

Se estima que los investigados pudieron obtener un beneficio ilícito cercano al millón de euros y, tras la investigación patrimonial que se ha realizado en paralelo, han resultado congelados cerca de cien inmuebles valorados en más de cuatro millones de euros, según informa el instituto armado. El fraude está relacionado con la sanidad y el bienestar animal y las actuaciones han sido coordinadas, por primera vez, por una Unidad del Seprona junto con la Fiscalía Europea, que ha conducido a la investigación por fraude de 22 personas físicas y ocho jurídicas.

A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El objeto de estas ayudas es apoyar las rentas de los agricultores y ganaderos con el fin de que se rentabilice la agricultura y se garantice la producción de alimentos seguros y los derechos de estas ayudas son otorgados por la administración autonómica competente y deben llevar aparejados unas tierras y una actividad a ejercer sobre esa tierra.

Concretamente, las ayudas analizadas en esta operación eran otorgadas en virtud de la realización de pastoreo con animales de abasto (destinados al consumo humano) en unos pastos asignados a cada solicitante. Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Los referidos ganaderos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales “nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda”.

Los ganaderos implicados recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros por ganadero, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, “el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas”.

Se ha podido demostrar además que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC eran “reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España”, los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia. De esta manera se obtenía “un doble beneficio ilícito por los pastos”, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente “eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos”.

Este fraude estaba, según las investigaciones, encabezado por el jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.

Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del referido Jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de “multitud de condicionantes de riesgo”.

Además, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).

Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero se encargaban de “conseguir” a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando de primera mano las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del beneficio ilícito.