Las condiciones de los ecoregímenes exigen un "complejo" asesoramiento para su cumplimiento

Se trata de la primera intervención desarrollada sobre la base de la nueva PAC, que acaba de entrar en vigor.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden de regulación del servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias en el marco del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027. Uno de los objetivos transversales de cara a la reforma de la PAC, a partir de este año, es reforzar la base del conocimiento, por lo que la formación, la transferencia de conocimiento y la utilización de los servicios de asesoramiento resultarán herramientas esenciales.

Con el fin de dar continuidad temporal al asesoramiento incluido en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2021-2020, con sus sucesivas prórrogas hasta 2022, y la intervención prevista en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, es necesaria una nueva regulación que contemple las condiciones establecidas en el nuevo marco. Si bien, se traslada todo el mecanismo de simplificación en la selección de entidades iniciado en la campaña 2022 con la vista puesta en la nueva PAC 2023.

Todo ello ha facilitado de forma positiva su tramitación y, en este sentido, se trata de la primera normativa de regulación formalizada tras la publicación de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias similares.

La dotación financiera prevista supera los 9,5 millones de euros, lo que permitirá el asesoramiento de unos 7.000 agricultores y ganaderos en cada una de las campañas de vigencia del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. De esta forma se da continuidad a la financiación anual proporcionada por el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Además, esta dotación financiera se encuentra cofinanciada por la Junta de Castilla y León (33%), el Feader (55%) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (12%).

La finalidad del servicio de asesoramiento consiste en "trasladar a los agricultores y ganaderos todos los procesos de innovación y conocimiento del ámbito agrario, de forma que signifique una mejora de su competitividad y rentabilidad compatible con la protección del clima y el medio ambiente", señalan desde la Junta de Castilla y León.

Por ello, añade la misma fuente, "adquiere enorme importancia el asesoramiento en el cumplimiento de las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y las normas de condicionalidad reforzada previstas en la nueva PAC. Una de las principales motivaciones del nuevo marco regulatorio consiste en ayudar a los usuarios a ser más conscientes de la relación entre las prácticas agrícolas y la gestión de las explotaciones agrarias, por una parte, y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, por otra".

En breve se convocará el procedimiento para la selección de entidades de asesoramiento, para el que se valorará la disponibilidad de medios materiales y personales adecuados, así como experiencia en labores de asesoramiento, formación, divulgación o mejora técnica. Estas entidades, como contraprestación, recibirán una ayuda por los gastos ocasionados por el servicio, mediante un importe unitario por asesorado.

Una vez seleccionadas aquellas entidades que prestarán el servicio de asesoramiento, los titulares de explotación interesados en su prestación efectuarán su solicitud en la solicitud única de ayudas PAC correspondiente a la campaña 2023, cuyo comienzo está previsto el próximo 1 de marzo.

Actualmente, se está produciendo el cambio de la normativa motivado por la aprobación y entrada en vigor del Plan Estratégico de la PAC. La puesta en marcha de una nueva arquitectura verde, además de un reto, va a suponer la adaptación de las explotaciones, los sistemas productivos y un cambio de mentalidad frente a los nuevos requisitos. Las normas de la condicionalidad reforzada exigen ya no sólo el cumplimiento de unas buenas prácticas agrarias y medioambientales, sino que trascienden a la denominada condicionalidad social. De la misma forma, las condiciones de los ecoregímenes exigen un "complejo" asesoramiento para su cumplimiento, afirman desde la administración autonómica.

"No se trata únicamente del cumplimiento de las buenas condiciones para el clima y el medio ambiente o de la condicionalidad, ya que la futura obligación de la cumplimentación del cuaderno digital de explotación, prevista a partir de septiembre de 2023, hará aún más necesaria la prestación de asesoramiento. En un primer momento, ésta se hará especialmente necesaria en aquellas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, cuya fertilización va a exigir un balance con numerosas variables", concluyen.