“No importa cómo lo lleves pero lo quiero barato”

La Asociación de Empresarios de Transporte Especial (Astrae) se fundó hace veinte años en la inquietud de cuatro empresas especializadas como solución de diálogo frente a las administraciones de este país, desde un sector, el de los transportes de sobredimensión y sobrepeso, sin regulación ni normas de aplicación claras, cambiantes sesgadas y atomizadas por los más de 140 titulares de vías públicas españolas.

En transcurso de este largo período de tiempo y en las mesas de negociación que se han ido desarrollando en los diferentes estamentos —Fomento (Dirección General de Carreteras), Interior (Dirección General de Tráfico), Industria (Inta)— se han establecido unas bases de trabajo que han marcado el desarrollo de una legislación específica e incipiente que de una forma clara va amparando la actividad del transporte especial, con la máxima transparencia frente las Administraciones y los administrados, cambiando y adaptando una normativa y unas formas de actuación del siglo pasado.

No son pocos los retos a los que desde el sector nos enfrentamos en esta crisis, que ya se muestra salvaje e inacabable, en que la economía no da señales de vida, con un encefalograma plano y que la falta de confianza social y de futuro se ha convertido en la auténtica crisis.

Algo no estamos haciendo bien cuando desde todos los sectores del país se levantan críticas y muestran su descontento y la disconformidad; cuando observamos cada vez más prácticas irregulares de Administraciones y administrados y no existe alarma social. Nuestro sector no es ajeno a esas prácticas; es un reflejo de otras actividades, como el transporte general, que intenta sobrevivir en un enjambre de burocracias interpuestas, dispersidad de normas, dejación de funciones e inseguridad jurídica, que nos alejan cada vez más del estándar europeo, derivándonos a un localismo y ostracismo dignos de épocas de postguerra.

Lo más cercano, como muestra generalista del sector de transporte, los ‘mega camiones’, que por intereses de algunos cargadores, se impondrán en pos de una búsqueda de competitividad económica, abaratando y deglutiendo cada vez más el trabajo del transportista, quien no sólo no se beneficiará ni un ápice de las inversiones a realizar, sino que tampoco obtendrá una ventaja competitiva; lo único seguir operando sujeto a unas condiciones cada vez más leoninas, todo ello por una falta y ausencia total de inspección en el sector: los cargadores se encuentran como intocables que manejan el escaso bien que en la oferta existe.

Siempre hemos comentado que el transporte es el eslabón más débil de toda la cadena económica, el menor estructurado y más sensible a los cambios de costes y mercantiles. En estos tiempos de penurias está ya ahogado y sólo falta esta última vuelta de tuerca a este motor de la económica que está ya sin combustible.

Precisamos de normas claras de trabajo, estables y asumibles, lo más semejantes posible a los países socios del mercado común, que nos permitan un marco claro de operatividad en nuestro estado y poder traspasar nuestra actividad a terceros países sin que la disciplina jurídica sea tan opuesta o incluso inexistente.

En el momento tan delicado que se encuentra nuestro sector, así como la economía en general, ni que decir tiene que reclamamos el compromiso de responsabilidad a los cargadores, instrucción marcada ya en la LOTT, pero que por desgracia no es aplicada, ni supervisada por el enjambre de administraciones interpuestas con las competencias transferidas, provocando un caldo de cultivo entre operadores de transporte, transitarios, agencias y otros entes de la cadena logística, llegando a generar auténticas bombas rodantes en la vía pública en pos de un abaratamiento del servicio —dato a tener en cuenta: el repunte de accidentes que sufre el transporte ligero, el más vulnerable por la alta participación de autónomos en el mismo—.

Desde alguna de las atalayas u observatorios de la Administración no se conoce ni se aprecian estas desviaciones e irregularidades; a lo sumo se les imputan al código de comercio y allá muy buenas. Pero la frase más popular entre los cargadores que hoy por hoy persiste es: “No importa como lo lleves pero lo quiero barato”.

Parece que no interesa a nadie la seguridad vial, las leyes y normas de comercio o las competencias desleales prescritas por la LOTT. La Administración pasa de puntillas sobre todo el enjambre de normativa superpuesta y no sabe cómo atajar a los que siguen trabajando después de estar una y otra vez realizando levantamiento de bienes y estafando a la sociedad en general.

Las dificultades de encontrar carga de trabajo; las penurias de financiación; las burocracias administrativas centrales y autonómicas interpuestas y crecientes, pero para nada inspectoras ni mucho menos sancionadoras pecuniarias o de paralización de actividad; el casi imposible cobro de los servicios efectuados, si el cargador no desea pagar, están ahogando al sector. La justicia exaspera por su gran lentitud y dispersidad de criterios. Nos aboca a la supervivencia o a la desaparición; si no desea franquear la línea que separa el lado oscuro de los negocios, este es el grito desesperado en los sectores que estamos operando.

En alguna autonomía española se han hecho eco de esa desesperación de los sectores económicos y hemos advertido una mayor preocupación, celeridad, así como garantías de operatividad, que espero para bien de la economía en general, no sea flor de un día y se difunda a las demás autonomías y por ende a los servicios centrales de la Administración, por el bien de todos y de nuestro país en general.

Astrae, que hoy representa a más de cincuenta empresas de transporte especial españolas, prácticamente el 75% del sector, sigue reuniéndose con los diferentes titulares y Administraciones en las mesas de trabajo abiertas, acercando posturas e intentando un diálogo constructivo que aproxime al sector a una legislación operativa y no burocrática, donde el pragmatismo funcional sea el verdadero protagonista, para el bien de la seguridad vial, de la economía en general y de nuestro colectivo, desde la transparencia y las buenas prácticas.