Somos Conexión reclama un uso ético de las tecnologías que respete la privacidad del alumnado

En plena vuelta al cole, vuelven las dudas sobre el uso de las tecnologías en las aulas. Y más desde los tiempos de confinamiento, en la que su uso aumentó considerablemente. No tanto sobre las oportunidades que brindan, sino por los peligros a los que se puede someter al alumnado. Por ejemplo, en algunas comunidades como Catalunya o las Illes Balears ya se ha empezado a prohibir el uso de los móviles en las aulas. Según un estudio de Unicef, la edad media de disponer del primer móvil son los 11 años.

Pero a esto se le suma otra cuestión importante: el (casi) monopolio que empresas como Google tiene en las aulas gracias a sus Chromebooks. De hecho, en Dinamarca se ha denunciado que la empresa no cumple con la ley europea de privacidad, ya que se expone al alumnado a contenidos y datos que no se deberían poder rastrear. La autoridad danesa de protección de datos, Datatilsysnet, ha planteado prohibir los servicios de Google en las aulas.

De hecho, la cooperativa Somos Conexión alerta sobre esta extracción de datos. “Muchos centros utilizan Google porque no hay muchas más opciones disponibles”, detalla Mercè Botella, psicóloga y fundadora de la cooperativa. Y aunque tiene claro que ofrece muchas herramientas que facilitan las tareas educativas tanto para docentes como para alumnos, “también tiene unos objetivos y valores muy lejanos a la vocación social y educativa”.

En esta sentido, Botella plantea algunas alternativas, como que las escuelas puedan contar con servidor y aplicaciones propias. “Esto permitiría decidir y proteger el uso que se hace de los datos personales”, explica.

En este contexto y en una línea muy similar, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha intervenido para desaconsejar el uso de móviles para fines pedagógicos en los colegios cuando exista otro medio “menos invasivo”. Así lo expone en su informe Responsabilidades y obligaciones en la utilización de dispositivos digitales móviles en la enseñanza infantil, primaria y secundaria. En dicho informe, el organismo advierte sobre las responsabilidades legales a las que se podrían enfrentar los centros educativos, docentes y consejerías en caso de un uso inapropiado de las apps permitidas en el aula o del “tratamiento ilícito” de datos personales de menores por parte de estas plataformas.

Otra de las dudas frecuentes es a qué edad se deben introducir las pantallas en las aulas. Cada vez más familias critican que se les responsabilice a ellos sobre el uso de los Chromebooks, cuando es la administración quién los ofrece. “El ámbito educativo, el sanitario y el tecnológico deberían de ir de la mano para resolver estas inquietudes”, apunta Botella.

Además, se tiene que tener en cuenta la brecha digital que se puede abrir entre familias. No todas tienen nociones de ciberseguridad para configurar los dispositivos de los menores o para poderlos acompañar en hacer un buen uso de ellos. Por este motivo, desde Somos Conexión tienen claro que todas las familias deben poder acceder también a las herramientas y plataformas digitales, dominando su funcionamiento. Botella subraya que se trata de “un punto conflictivo y frágil”.

“La educación digital en la infancia no debería estar confrontada con valores ni intereses. Tampoco depender de las competencias individuales de los miembros de las familias ni de las situaciones económicas de cada vivienda”, sentencia Botella.