AMETIC reclama la aprobación de la normativa que posibilita la aplicación de las bonificaciones por personal investigador

AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, reclama al Gobierno, la aprobación definitiva de la normativa que regula las bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social para el personal investigador que se dedique en exclusiva a actividades de I+D+i.

Los Órganos de Gobierno de la Asociación, en sintonía con el conjunto de empresas que forman parte de AMETIC, expresa su preocupación de manera unánime, por la falta de de un marco legal estable en torno a esta normativa y denuncian la situación de incertidumbre y desamparo que están sufriendo las empresas sobre sus actividades de I+D+i. Por todo lo cual, AMETIC urge una resolución urgente que corrija esta traba antes de fin de año, en las condiciones que el propio Gobierno anunció en el pasado mes de febrero.

El ámbito empresarial lamenta, además, la falta de visibilidad sobre un plazo definido de resolución, ante el continuo retraso que sufre la legislación, que agrava aún más la situación de inseguridad jurídica, y que presumiblemente tendrá un impacto negativo en las inversiones privadas en I+D para 2014, que es, por otra parte, el principal talón de Aquiles del sistema de I+D+i de España.

Los continuos anuncios públicos de su aprobación y posteriores retrasos han creado una honda preocupación dentro del tejido empresarial innovador español, al punto de pensar en la posibilidad de que la Administración puede acabar dando la espalda a las organizaciones que tratan de impulsar las actividades de I+D+i en nuestro país.

En el seño de AMETIC se hace difícil entender que tratándose de un incentivo a la I+D+i que forma parte del cuerpo doctrinal de las medidas del Gobierno en materia de fomento de la innovación, su nulo desarrollo esté poniendo en tela de juicio el grado real de compromiso de nuestras instituciones con la I+D+i.

Estos argumentos impulsan a AMETIC a instar al Gobierno de España, a través de sus organismos competentes, a que acelere el impulso de esta normativa que supondría un enorme incentivo para las empresas innovadoras y sería, sin duda, una medida de gran impacto económico en los presupuestos de las organizaciones que apuestan por la I+D+i.

Antecedentes
En 2006, mediante la Ley 35/2006 del 28 Noviembre, se establece un incentivo no tributario incompatible con las deducciones fiscales por I+D+i, consistente en la bonificación en la cotización a la Seguridad Social del personal que desarrolle en exclusiva actividades de I+D+i.

Mediante el RD 278/2007 del 23 de Febrero, se desarrolla la ley anterior y se establecen los procedimientos concretos para aplicarse tales bonificaciones, que según el citado RD consisten en el 40% de las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social respecto al personal investigador. Se crea un nuevo tipo de informe motivado para dar seguridad jurídica a las empresas que decidan aplicarse este incentivo.

Al ser estas bonificaciones incompatibles con la desgravación fiscal por proyectos de I+D+i prevista en el impuesto de sociedades, la mayoría de las empresas deciden elegir esta última vía en lugar de las bonificaciones a la Seguridad Social.

Según va pasando el tiempo, y las empresas se quedan sin cuota aplicable en deducciones fiscales, a finales de 2011 un número importante de empresas, muchas empresas elegieron la vía de las bonificaciones en la cuota de Seguridad Social por personal investigador, desechando la vía de deducción fiscal por proyecto.

En Julio 2012 sorpresivamente, mediante el Real Decreto Ley 20/2012 del 14 de Julio, se deroga toda normativa en relación a las bonificaciones de los costes de la Seguridad Social que se estaban aplicando hasta entonces, por lo que todas las empresas, que ya habían realizado los planes de inversión en I+D para el año contando con ello, se vieron con un coste extra no previsto en presupuestos durante la segunda parte de 2012, y sin posibilidad de reacción para poder utilizar el otro instrumento de deducción fiscal por proyecto de I+D+i. Entonces muchas empresas, comprometidas con las inversiones en I+D+i en España, se quejaron de la situación de desamparo e incertidumbre frente a la legislación.

Afortunadamente parecía que se iba a corregir la situación, al aprobarse en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la recuperación del incentivo de bonificación de parte de los costes de la Seguridad Social sobre el personal investigador que realice actividades de I+D. Además, según su Disposición Adicional Septuagésima Novena (Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a favor de personal investigador), se hace compatible dicho incentivo, con la desgravación fiscal por proyectos de I+D+i en el impuesto de sociedades.

Esto fue anunciado por el Gobierno de la Nación como una medida de impulso de la I+D+i, y aplaudido por toda la comunidad empresarial y científica de nuestro país.

Sin embargo, se dejaba la concreción de esta medida al desarrollo reglamentario en un posterior Real Decreto, que haga posible la aplicación práctica de este incentivo. Se anunció su inminente aprobación y, todavía a la fecha, se encuentra en desarrollo reglamentario.

Con el anuncio de esta medida, todas las empresas con ánimo de invertir en actividades de I+D+i, planificaron, de nuevo, la aplicación de este incentivo en las decisiones de financiación y de lanzamiento de nuevos proyectos, y por tanto su aplicación en nuestros respectivos presupuestos anuales de 2013.

Sin embargo, en este tiempo, hemos oído asegurar a la Administración Pública que su aprobación es “inminente”, y que la aplicación de estas bonificaciones será retroactiva desde enero 2013.

Con la aprobación de la ley a principios de año, todas las empresas han previsto estos ahorros en los presupuestos, y se han dimensionado en inversiones en I+D teniéndolo en cuenta. Se está terminando el año, y sigue sin estar aprobada esta reglamentación que permitiría la aplicación de unas importantes bonificaciones, y existe una honda preocupación al pensar en la posibilidad de que, tal y como ocurrió en verano de 2012, la Administración diese la espalda a las organizaciones que tratan de impulsar las actividades de I+D+i en nuestro país. Esto causa frustración y situación de inseguridad jurídica respecto a las inversiones en I+D+i.