La descarbonización de los materiales de construcción, nuestro reto-país

En enero preveíamos un primer semestre con un mercado a la baja, pero también alertamos de que se vería suavizado en los últimos meses, en los que esperábamos una moderada recuperación que conllevaría cerrar el año en cifras de consumo muy similares a las de 2023. Y de momento, la Estadística del Cemento se está ajustando a ese comportamiento.

En valores absolutos, el consumo acumulado hasta septiembre se traduce en 10.869.898 toneladas consumidas, tan solo 50.760 t menos que en el mismo período de 2023. Evidentemente, siempre pueden producirse situaciones coyunturales que, para bien o para mal, varíen esa previsión, pero en líneas generales esperamos que el cierre del año se ajuste a cifras en el entorno de los 14,5 millones de toneladas, similares a las del pasado ejercicio.

Principalmente, además de la evolución que ya observamos en nuestro producto, hay dos índices que apuntan en esa dirección: la evolución positiva de los visados de edificación y también en la licitación de obra pública, ambas con crecimientos por encima del 7% hasta el verano. Su conjunción podría indicar que asistimos a un moderado cambio de tendencia, aunque, como hemos indicado otras veces, preferimos ser cautos y esperar para ver cómo evoluciona la ejecución real de esas obras en el corto y medio plazo.

En cualquier caso, si miramos a futuro, nuestro sector sigue muy condicionado por la agenda de descarbonización, un objetivo prioritario desde el punto de vista corporativo y medioambiental, pero que requiere de un fuerte compromiso por todas las partes implicadas, basado en la colaboración público-privada.

En ese sentido, el pasado mes de septiembre, pusimos en marcha, junto a UNE y AENOR, la Declaración de Granada, un decálogo de medidas orientadas a la descarbonización de la construcción, que aboga por reivindicar el importante papel que tienen los materiales de construcción bajos en carbono y fomentar una apuesta española conjunta por su sostenibilidad. El documento incide, especialmente, en algunas vías útiles para agilizar su uso, como promover su utilización en las contrataciones públicas y privadas, y adaptar la reglamentación técnica actual para favorecer el uso de estos materiales, entre otros.

El objetivo es que la Declaración de Granada se convierta en un documento vivo, que crezca y se actualice en función de los avances y necesidades de la sociedad, y al que se adhieran el mayor número posible de instituciones públicas y privadas, dentro de la cadena de valor de los materiales de construcción. En este contexto, cobra especial relevancia el respaldo por parte de las administraciones públicas, que son realmente las principales garantes a la hora de promover su uso, priorizando en licitaciones, por ejemplo, los cementos bajos en carbono.

En este sentido, desde Oficemen estamos convencidos de que España necesita disponer de un procedimiento normativo y regulatorio para los materiales de construcción sostenibles, que sea ágil en su tramitación y esté basado en normas y regulaciones técnicas que promuevan su prescripción en licitaciones públicas y privadas. Solo así nuestro país podrá asumir el reto de cumplir con los objetivos de neutralidad climática.