APPA exige al Gobierno estabilidad regulatoria y seguridad jurídica

La Asociación de Productores de Energías Renovables —APPA—, tras la reunión celebrada el pasado 16 de junio con el Ministerio de Industria, exige al Gobierno estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. “El hecho de que se afecten derechos reconocidos mediante medidas retroactivas es de suma gravedad no solo para las energías renovables sino para toda la economía española”, ha afirmado Javier García Breva, presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA, quien ha manifestado que “el precedente de la retroactividad afectará seriamente a la reputación de España de cara a las inversiones nacionales e internacionales”.

Javier García Breva, se mostró rotundo respecto a la proposición del Ministerio de Industria de reducir en un 30% la retribución marcada por la legislación para las instalaciones fotovoltaicas acogidas al RD 661/2007. “Lo mínimo que se le puede pedir a un Gobierno es seguridad jurídica, que se respete la regulación y que no se modifique posteriormente con carácter retroactivo”, ha declarado el presidente de la Sección Fotovoltaica. “Este es hoy un problema de la fotovoltaica, pero como en su día pasó con el prerregistro o con los cupos, esta tecnología sirve de campo de cultivo para después instaurar medidas sobre el resto de renovables”, explicó García Breva.

Tras un mal año para el sector fotovoltaico —2009— en el que su volumen se ha reducido en un 95% respecto al año anterior, las nuevas propuestas del Ministerio de Industria suponen otro jarro de agua fría para la tecnología fotovoltaica. Unas propuestas que contrastan con el discurso público del Gobierno de apoyo a las energías renovables. “Estamos viendo un comportamiento bipolar incluso en el propio Ministerio, por un lado se reconoce en privado que la energía fotovoltaica es la energía del futuro y, por otro lado, se le culpa en público de todos los males del sistema eléctrico”, resaltó Javier García Breva. “Si desapareciese mañana la fotovoltaica de España seguiríamos teniendo déficit tarifario y seguiría siendo necesaria la subida de la luz, Alemania tiene más potencia fotovoltaica y ni tiene déficit tarifario, ni esta tecnología supone un problema de competitividad para su economía como muestran los datos de este país”, señaló el presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA.

Javier García Breva, presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA.

Al duro golpe que supone la disminución de la retribución con carácter retroactivo para las plantas ya existentes hay que añadir el descenso en el modelo retributivo para las nuevas instalaciones, del orden de un 45% para suelo y de un 25% para tejados. Las intenciones del Ministerio de Industria ya se mostraban en la reducción de objetivos que el borrador del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020, publicado el 14 de junio por el IDAE, presentaba respecto al mix de Zurbano. En el citado borrador se reducían los objetivos de energía solar a 13.446 MW de los 15.685 MW del mix de Zurbano.

Este ataque frontal a la tecnología fotovoltaica tendrá graves consecuencias internas y externas. A nivel interno, habrá que sumar la inseguridad jurídica a la desgraciadamente habitual inestabilidad regulatoria que conllevará la paralización casi total de la fotovoltaica en España. De igual forma, esta inseguridad complica sobremanera la ya difícil tarea de encontrar financiación para los proyectos y condena a miles de promotores a no obtener la retribución que la ley fijaba para sus inversiones. A nivel externo, el impacto que tendrá la adopción de medidas retroactivas en el sector de las renovables tendrá un coste respecto a las inversiones internacionales mucho mayor que el que se pretende evitar con la medida. La sensación de inseguridad jurídica no solo afectará a la fotovoltaica sino que se extenderá a otros sectores económicos. “No se puede permitir, de ninguna manera, la pérdida de retribución y rentabilidad de proyectos que se hicieron conforme a la ley. De igual manera que valoramos positivamente el decreto contra el fraude, la ejecución de avales, la posibilidad de autoconsumo o la simplificación administrativa para pequeñas instalaciones, y consideramos que están en su derecho de bajar la retribución a los nuevos proyectos, estamos en la obligación de denunciar este atentado contra la seguridad jurídica nacional”, concluyó García Breva.