Sector eólico, entre la incertidumbre y la esperanza

El desarrollo modélico del sector eólico en España y el papel fundamental que las energías renovables juegan y jugarán en el mix energético y en la lucha contra el cambio climático deberían ser motivo más que suficiente para que la tecnología eólica gozara de muy buena salud en nuestro país. Sin embargo, afectada como el resto de renovables por la moratoria dictada por el Gobierno en enero de 2012 y decisiones de anteriores ejecutivos, la eólica ve con incertidumbre su futuro pues prácticamente toda su actividad tecnológica e industrial de los últimos años ha sido destinada a mercados internacionales, en los que nuestras empresas eólicas siguen ocupando una posición de liderazgo.

La pregunta es: ¿cuánto tiempo se podrá mantener la actividad exportadora con un mercado doméstico paralizado? La iniciativa del actual Gobierno de sacar a subasta nueva potencia renovable no despeja, en absoluto, esta incógnita.

Según el Avance 2016 sobre el Sistema Eléctrico Español, de Red Eléctrica, la energía eólica fue la segunda fuente de generación el año pasado y cubrió, con 48.927 GWh, el 19,2% de la demanda. Al cierre del último ejercicio la eólica contaba con una potencia instalada de 23.020 MW, de los que 22.864 correspondían al sistema peninsular y los 156 restantes a sistemas no peninsulares. A lo largo de 2016, según REE, se instalaron 17 MW, lo que se traduce en la práctica paralización del sector eólico en lo que a nueva potencia instalada se refiere.

Mientras la eólica se encuentra estancada en España, ¿cómo se ha comportado en el resto del mundo? Las cifras son bastante elocuentes. Según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), en 2016 se instalaron en el mundo 54.600 MW, lo que supone un crecimiento del 12,4% sobre el año anterior, hasta alcanzar un parque eólico mundial de 486.749 MW. El ranking de nueva potencia lo encabeza China, con 23.328 MW, seguida de EE UU, con 8.203 MW, Alemania, con 5.443 MW, e India, con 3.612 MW. Hay que destacar que China instaló el año pasado más eólica que España en toda su historia. Los cuatro países mencionados ocupan, asimismo, las primeras posiciones en cuanto a potencia total instalada con 168.690 MW, 82.184 MW, 50.018 MW y 28.700 MW, respectivamente.

En cuanto a Europa, según datos de la asociación eólica europea WindEurope, en 2016 se instalaron 12.500 nuevos MW, de los que 10.923 MW correspondieron a eólica terrestre y el resto a eólica marina. Con ello, la eólica acumula una potencia de 153.100 MW. El sector invirtió 27.500 millones de euros el año pasado en el que la eólica cubrió el 10,4% de la demanda eléctrica europea. Por países, Alemania instaló 5.443 MW, con el 44% de toda la potencia nueva instalada en Europa, seguida de Francia, con 1.561 MW, y Holanda, con 887 MW. La aportación de España no deja de ser testimonial. La eólica sigue aumentando su penetración en el mix energético y representa ya el 17% de toda la potencia eléctrica europea.

Mientras el sector eólico goza de excelente salud en todo el mundo, en España languidece como consecuencia de un mal marco regulatorio, fruto de la improvisación con la que se ha legislado a lo largo de los últimos años. El resultado solo ha traído incertidumbre a un sector regulado necesitado, más que ningún otro, de estabilidad.

Por su peso en el mix energético renovable, el eólico ha sido el sector más castigado por la reforma eléctrica del Gobierno, que ha sido especialmente injusta con las renovables y las ha convertido en las grandes damnificadas de la misma. Las medidas aplicadas a las renovables en la reforma eléctrica han significado recortes anuales de más de 2.200 millones de euros, de los que cerca de 1.000 millones han correspondido a la energía eólica, lo que le ha supuesto perder en torno al 30% de la retribución inicialmente prevista.

A ello hay que añadir un recorte a la eólica de otros 604 millones de euros entre los años 2014 y 2016, como consecuencia de la mala estimación del precio del mercado eléctrico por parte del Ministerio de Energía, lo que impedirá que la mayoría de las instalaciones eólicas alcancen la rentabilidad razonable contemplada en la Ley y establecida por el propio Gobierno. De ellos, 374 se perderán definitivamente y los 230 millones restantes los percibirán las instalaciones de forma diferida a lo largo de la vida útil de las mismas. El Ministerio de Energía ha sido pertinaz en el error al no corregir la base para la estimación del precio de la electricidad en el mercado diario, lo que puede reducir la retribución de la eólica en otros 455 millones adicionales en el periodo 2017-2019.

Aclarar que con motivo de la reforma eléctrica, el Gobierno fijó en 2014 una retribución para las diferentes instalaciones renovables para que éstas alcanzaran la llamada rentabilidad razonable. En función de las tecnologías estableció una retribución específica fija y otra variable, para lo que hizo una estimación sobre cuál sería el precio del mercado eléctrico diario. Una vez visto el precio real del mercado, el Ministerio de Energía, conforme a la Ley 24/2013, tiene que regularizar la retribución percibida por las instalaciones renovables. Sin embargo, la reglamentación sólo reconoce compensar por una parte del desvío producido por la mala estimación mientras que hay otra parte que se pierde.

Un ejemplo más de la improvisación del Ministerio de Energía ha quedado patente a la hora de plantear nueva potencia renovable. El año pasado se ponía en marcha una subasta renovable para 700 MW (500 MW para la tecnología eólica y 200 MW para la biomasa). Apenas unos meses después el ministro Álvaro Nadal anunciaba una nueva subasta de 3.000 MW, en este caso “tecnológicamente neutral” pero con una previsión de adjudicación mayoritaria a las tecnologías eólica y fotovoltaica. El ministro hacía el anuncio al tiempo que pedía alcanzar un pacto por la energía, cuando lo razonable habría sido al revés, llegar a un acuerdo sobre qué mix energético queremos tener y después convocar la subasta.

Ni el sector en su conjunto ni la eólica en particular tenían necesidad de ir con precipitación a una subasta después de años de paralización. Más urgente era, y es, el establecimiento de un diálogo con el mundo empresarial para diseñar el desarrollo ordenado de un sector, el eólico, con un gran potencial de crecimiento y que cuenta con importantes recursos tecnológicos e industriales, que le han hecho muy competitivo en costes. Lo prueba el hecho de que las compañías eólicas españolas siguen siendo líderes mundiales y que en los últimos años les ha permitido exportar el cien por cien de su producción. El Gobierno debería tener muy en cuenta que no se puede alargar en el tiempo una presencia activa en los mercados internacionales con un mercado doméstico paralizado. Aun así, el sector eólico aportó en 2015 un total de 1.743 millones al PIB español y dio empleo a 17.118 personas.

La nueva subasta anunciada adolece de los vicios de la anterior, cuyos términos fueron criticados por el sector y en la que se dieron unos resultados atípicos. La última decisión de Energía sobre la subasta es que se retrasa hasta junio, según el ministro debido a la “discusión intensa” sobre cómo los términos de la misma. “Se está en un proceso de diálogo para hacer la subasta lo más perfecta desde el punto de vista técnico y lo más neutral desde el punto de vista económico”, ha dicho Álvaro Nadal. Esta es una buena noticia si de verdad el sector puede participar en un diálogo constructivo con el Ministerio para ayudar a mejorar la subasta durante la tramitación de la norma, especialmente si, como parece, son las subastas la herramienta elegida para la adjudicación de nueva potencia.

Desde APPA hemos venido diciendo que antes de las subastas era necesario dotar al sector renovable y eólico, claro, de un marco regulatorio estable, que nos permita recuperar la seguridad jurídica perdida. Nuestro sector requiere estabilidad y no incertidumbre, para lo que debemos huir de estrategias cortoplacistas y basar el desarrollo eólico en una planificación a medio y largo plazo, con un calendario de subastas que permita a los inversores y a los productores tener una proyección a futuro. La planificación existe y fue rubricada por el Ministerio hace algo más de un año aunque el camino de las subastas no parece seguir la senda que debía llevar a la instalación de unos 6.500 MW nuevos de eólica de aquí a 2020. El principal de los objetivos de la planificación, según el propio Ministerio, es cumplir nuestros compromisos medioambientales y de renovables a 2020 adquiridos con la Unión Europea.

Al margen de otros aspectos discutibles de la subasta, hay uno que especialmente preocupa al sector eólico y que no es otro que la pretendida neutralidad tecnológica. La eólica ha alcanzado unos costes muy competitivos, hasta el punto de que hay más de 6.000 MW eólicos que compiten en el mercado eléctrico sin más retribución que la del pool, y no tiene miedo a la competencia, pero desde la racionalidad. No parece lógico que hayan de competir entre sí tecnologías limpias muy dispares. Si solo se valora la componente económica volveremos a tener unos resultados ajenos a la realidad del mercado.

Las diferentes subastas deberían estar diseñadas para tratar de aprovechar todos nuestros recursos renovables. ¿Por qué el empeño en hacer exploraciones para conocer qué cantidad de combustibles fósiles oculta nuestro subsuelo y obcecarse en no querer ver el sol, el agua, el viento, los bosques…y, en definitiva, todos los recursos de los que sí disponemos, gratis en la mayoría de los casos, para una generación de energía limpia? Una generación distribuida por las diferentes comunidades autónomas, que ayuda a vertebrar el territorio y a reducir nuestra altísima dependencia energética, del más del 70% y veinte puntos por encima de la media de la Unión Europea, que en 2015 supuso la salida de divisas por valor de 26.086 millones de euros.

En la actual legislatura deberían establecerse unas bases sólidas sobre las que desarrollar el futuro del sector despejando algunas de las incertidumbres que se ciernen sobre el mismo. Entre ellas, la fijación de una rentabilidad razonable para toda la vida útil de las instalaciones y no revisable cada seis años. Podría darse el caso de que las ofertas ganadoras de la subasta planteada lo hicieran en base a una remuneración prevista, que podría ser cambiada a las pocas semanas de poner en marcha los proyectos. Otra carga que habría que revisar es la altísima fiscalidad que soporta el sector eólico, que debe hacer frente a impuestos de todo tipo, tanto estatales como autonómicos o locales. El más famoso es el del 7% a la generación de electricidad, recurrido en los tribunales, pero no puedo dejar de mencionar el “impuesto al viento” de alguna comunidad autónoma.

Así pues, con el convencimiento de haber tenido un desarrollo ejemplar como para ser estudiado en los casos de éxito de las escuelas de negocio, el sector eólico se encuentra en una encrucijada con dos caminos posibles. Uno, en el que no se tenga en cuenta lo que significa económica, tecnológica e industrialmente para nuestro país y que desembocaría en que la historia de éxito se convirtiera en fracaso. Otro, que se valore su aportación a nuestro tejido empresarial y se diseñe para él un futuro que le permita liderar, como lo ha venido haciendo desde su nacimiento, una tecnología clave dentro del sector renovable, que a su vez el eje de la economía mundial y que juega y jugará un papel fundamental en la conservación de nuestro planeta, algo que ha quedado patente en las pasadas cumbres sobre cambio climático de París y Marrakech.