El traslado de residuos copa la mayoría de los debates del décimo foro de Asegre

El ‘X Foro sobre la Gestión de los Residuos Industriales’, organizado por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre) se celebró el 17 de octubre en el Auditorio de Mutua Madrileña de Madrid. En la que fue su décima edición, en el evento se analizaron y debatieron las principales cuestiones que afectan al sector de los residuos peligrosos y la descontaminación de suelos. La cita congregó a representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de las comunidades autónomas, de los sectores productores y de la gestión de residuos tanto a nivel nacional como europeo.

En la actualidad, uno de los asuntos de mayor trascendencia para el sector es todo lo relativo al traslado de residuos, un asunto que está teniendo un gran impacto a nivel nacional y que fue objeto de un intenso debate en varias de las mesas. En la primera de ellas, la subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica, Margarita Ruiz Saiz-Aja, expuso las claves del nuevo reglamento europeo de traslado aprobado este año, mientras que Aizea Astor, senior Policy Officer de FEAD, aportó la visión de los gestores a nivel europeo.

En las ponencias y participaciones, y también en los sucesivos turnos de preguntas quedó claro que el traslado de residuos, tanto en el ámbito nacional como internacional, está generando muchas dudas entre los gestores de residuos peligrosos. En el ámbito nacional, el sentir de muchos de las empresas dedicada a la gestión de residuos peligrosos fue de rechazo a la actitud de algunas comunidades autónomas que están ofreciendo dificultades para recibir residuos de este tipo provenientes de otros territorios españoles.

Esta cuestión fue la que generó mayor número de preguntas y dudas planteadas por los asistentes tanto a Santiago Garrido, socio de Gómez-Acebo & Pombo, y al vicepresidente de Asegre, Xabier Caño. La falta de armonización en los criterios de traslado de residuos y la inseguridad jurídica que se está generando por la oposición de algunas comunidades autónomas a los traslados hacia su territorio fueron la tónica dominante en esta parte del foro. En este sentido, desde Asegre se apunta “el conflicto jurídico existente entre algunas comunidades que quieren hacer prevalecer el principio de suficiencia frente al principio de proximidad que refleja la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, apoyado por todos los eslabones de la cadena de gestión y la mayoría de las comunidades autónomas”.

La segunda mesa de debate del foro giró en torno al futuro del Pacto Verde Europeo (PVE) y a las posibles matizaciones que se pueden aplicar en él tras la nueva composición del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

En la mesa participaron Iván Albertos, responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de BASF; Serge Roudier, líder del European Bureau for Research on Industrial Transformation and Emissions (EU_BRITE) de la Comisión Europea, y Tatiana Santos, de la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), una red de más de 150 organizaciones medioambientales ciudadanas presentes en más de treinta países.

Santos solicitó un mayor grado de información sobre las sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes (SVHC) según el reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas (REACH) y, aunque admitió que el PVE es en este campo la estrategia internacional más ambiciosa, lamentó que no se haya ido más allá en algunos aspectos, como en la identificación de las sustancias PIFAS. Albertos, por su parte, remarcó la necesidad de innovar para poder cumplir los ambiciosos planes del Pacto Verde y remarcó los enormes esfuerzos que está realizando la industria química para cumplir con las exigencias incluidas en el pacto. Albertos —quien admitió que la Unión Europea lidera las exigencias medioambientales, aunque lamentó que Europa no haya concitado más adhesiones— subrayó que las sustancias peligrosas, bien gestionadas, no deberían prohibirse mientras no haya otras que las sustituyan tanto en la industria química como aguas abajo.

Roudier, quien se dirigió al auditorio en un muy correcto español, señaló que, aunque no se hayan producido adhesiones al Pacto Verde Europeo, su espíritu está influyendo a otras zonas del mundo como China, Corea del Sur, Australia o Israel, entre otros países.

Santos, por su parte, señaló que hace veinte años —cuando se aprobó el reglamento REACH— los principales actores del sector también alertaron sobre las negativas consecuencias que provocaría su aplicación, y hoy la industria química europea es líder a nivel mundial. En cuanto al PVE, dijo que no se le ha dado tiempo para notar sus efectos, y que gran parte de los incrementos de los costes son energéticos (punto en el que también incidió Albertos), y no por la influencia del pacto.

La jornada concluyó con la celebración de una mesa de debate en la que participaron la directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón; María Martínez; la directora general de Economía Circular y Agenda 2030 de la Junta de Castilla- La Mancha, Esther Haro; el director general de Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, Juan Antonio Mata; y el director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco.

El traslado de residuos volvió a concitar la mayoría de las intervenciones en esta parte del foro organizado por Asegre, que concitó un elevado interés, como atestiguó el lleno que presentaba en auditorio en el que tuvo lugar.

Otro punto que generó parte de las intervenciones fue el problema medioambiental, pero también operativo y económico, que presenta el amianto, que durante décadas fue utilizado en multitud de construcciones y cuya utilización fue prohibida en España en 2001. En el debate quedó claro la dificultad que supone su eliminación tanto en los edificios de titularidad pública como en las construcciones de propiedad privada. También se remarcó el reto que supone su identificación e inventario, tarea que deben realizar los municipios. En el debate se remarcó la escasez de recursos técnicos y económicos para que las autoridades locales puedan cumplir con los objetivos legales, que contemplan la eliminación del amianto antes de 2028.

El secretario general de Asegre, Luis Palomino, fue el encargado de clausurar el foro. En su intervención enumeró uno por uno a los participantes como ponentes en la jornada y agradeció a los patrocinadores (AGQ Labs, Teimas e Imabe Innovaciones) su apoyo a la celebración de la cita.