Bruselas llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber aplicado los requisitos de gestión de residuos

La Comisión Europea decidió ayer, 7 de febrero, llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de los requisitos de la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE) al no haber adoptado “las medidas necesarias para cumplir los requisitos incluidos en la norma.

Fuentes del Ejecutivo comunitario señalan que la persistencia “de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados ni restaurados desde 2008 está provocando daños graves al medio ambiente y pone en peligro la salud humana. Esto indica”, prosiguen las mismas fuentes, “que España ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos”, lo que genera “riesgos para la salud y el medio ambiente, los cuales están en el punto de mira del Pacto Verde Europeo”.

La Directiva marco sobre residuos, recuerdan en una nota de prensa desde Bruselas, “exige a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de residuos no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. Los Estados miembros también deben velar por que los residuos se eliminen de forma segura y para que los productores iniciales de residuos o bien traten los residuos ellos mismos, o bien se cercioren de que el tratamiento se lleve a cabo de forma adecuada”.

Con 273 España es, tras Italia, el segundo país de la Unión Europea con más infracciones medioambientales (de ellas ya están cerradas 252) y el primero, seguido por Polonia, con procedimientos activos: 21.

La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en diciembre de 2015 y, posteriormente, un dictamen motivado, en noviembre de 2018. “A pesar de algún avance, las autoridades españolas no han solventado por completo las deficiencias. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y, en consecuencia, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Desde el Ejecutivo comunitario se recuerda que la Directiva marco sobre residuos “establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de las repercusiones negativas de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los efectos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso”.

Bruselas añade que la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “es consecuencia de dos procedimientos de infracción relacionados con los residuos en los que el Tribunal constató que España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho de la Unión en lo que respecta a la persistencia de vertederos de residuos no conformes e ilegales [INFR(2006)2311 e INFR(2011)2071]”.

El Estado con más procedimientos medioambientales abiertos

Con 273 España es, tras Italia, el segundo país de la Unión Europea con más infracciones medioambientales abiertas (de ellas ya están cerradas 252) y el primero, seguido por Polonia, con procedimientos activos: 21. De esas infracciones abiertas sobre asuntos medioambientales, el 23,19% está relacionado con residuos. En cuanto a las activas, España mantiene cuatro, casi el 25% de las que en la actualidad están abiertas, relacionados con la gestión de residuos: 

Pueden consultar estos y otros interesantes datos en el siguiente mapa interactivo.