Balance de los residuos industriales y peligrosos en 2023

Como ha ocurrido en el pasado, la necesidad de armonización legislativa para un mejor desempeño del sector medioambiental, y de la industria en general, sigue estando muy presente. En este sentido, 2023 ha evidenciado que queda mucho camino por recorrer para lograrlo.

Uno de los eslabones de la cadena de gestión de los residuos donde más se ha notado este déficit es entre los productores. Con la nueva ley de residuos, sus obligaciones aumentan considerablemente debido al nuevo modelo de responsabilidad compartida. Esto llevó a Asegre a centralizar en su página web el primer punto de información nacional sobre las nuevas obligaciones de los productores de residuos industriales y peligrosos. En esta sección ofrecemos un único lugar desde el que poder consultar la normativa nacional y autonómica, para que se conozcan las administraciones encargadas de su aplicación y los recursos informativos en la materia. Con ello se facilita una visión de conjunto del estado actual de la normativa en cada uno de los territorios.

A pesar de este tipo de herramientas, los productores y los gestores se están encontrando muchos escollos en su trabajo diario. Uno de los más destacables es la proliferación de plataformas telemáticas para el traslado de residuos, además de la plataforma nacional eSir, creada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miterd). Si esto ya supone un esfuerzo en tiempo y recursos para las empresas, también se tienen que enfrentar a la caída de los sistemas informáticos que sustentan el proceso de tramitación.

Como es probable que se den estos problemas en los sistemas informáticos, las administraciones competentes deben prever trámites alternativos para no paralizar la gestión de residuos, como el Miterd ha hecho a finales de 2023 ante una situación de este tipo. Es algo que llevaba demandando meses todo el sector para poder trabajar con garantías y seguridad jurídica. Además de esto, la Administración tendría que mejorar la usabilidad de estas aplicaciones, y muy especialmente sería necesario que toda la industria pudiera emplear la plataforma nacional eSir para gestionar los traslados de los residuos independientemente de que existan las plataformas de carácter autonómico.

En el ámbito europeo también se ha seguido avanzando para actualizar el Reglamento sobre Traslados de Residuos. Por ello, a finales de este año, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional con el objetivo de reducir los traslados de residuos problemáticos fuera de la UE, actualizar los procedimientos de traslado y mejorar el control del cumplimiento. Para lograrlo, ambas instituciones han acordado ampliar los objetivos del Reglamento para incluir la neutralidad climática, la consecución de la economía circular y la contaminación cero.

Este acuerdo provisional, alcanzado a finales de 2023, se presentará en 2024 a los representantes de los Estados miembros en el Consejo y a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para su refrendo. Si se aprueba, el texto deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones. Esperamos que con él se abra una vía, también en España, para unificar criterios y mercados existentes en los Estados miembro de la UE.

Por otro lado, pese a haber vivido una pandemia mundial, en 2023 seguimos sin contar con una legislación nacional para los residuos sanitarios. De hecho, contamos con trece comunidades autónomas que sí tienen una legislación específica sobre esta tipología de residuos, pero —en muchos casos— son legislaciones de los años 90, lo que afecta mucho a su clasificación y nomenclatura, además de no estar adaptadas a los planteamientos de la economía circular.

Esto llevó a nuestra asociación a cerrar una colaboración con la Asociación de Gestores de Residuos Sanitarios (Agersan) para poner en marcha un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios. Consideramos que va a facilitar a las Administraciones Públicas competentes el cumplimiento de la Disposición final séptima de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, en la que se establece un plazo máximo de tres años para llevar a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de estos residuos. Esperamos que este estudio promovido por el sector adelante estos plazos para permitir cuanto antes la puesta en marcha de una ley nacional para los residuos sanitarios.

Otro asunto que no lleva el ritmo deseado, pese a estar incluido en la nueva ley de residuos, es el trabajo que se debe poner en marcha para gestionar el amianto, un residuo peligroso que no es reciclable y cuyo único destino posible es el depósito en vertedero mediante encapsulamiento y confinamiento. Para ello, en primer lugar, es necesario que los ayuntamientos realicen un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, pero, previamente, sería conveniente una definición de criterios y medidas de control a nivel nacional que faciliten este censo si queremos armonizarlo en todas las comunidades autónomas. Esperamos que esta cuestión se incluya en el desarrollo del ‘Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2023-2025’, que cerró la fase de consulta pública el pasado mes de agosto. Un plan estatal que se ha visto afectado por la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023 pero que resulta un requisito indispensable para acceder a los fondos europeos.

A pesar de esta convocatoria electoral, que nos llevó a tener un gobierno en funciones hasta mediados de noviembre, sí se produjo una novedad legislativa relevante para los gestores que trabajan en la descontaminación y remediación de suelos. A mediados del pasado mes de septiembre entró en vigor el Real Decreto 665/2023 por el que se modificó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Esta modificación normativa mejora la regulación sobre protección de las aguas subterráneas. En concreto, introduce medidas de protección de las masas de agua subterránea declaradas en riesgo. Asimismo, se actualizan criterios para el establecimiento de perímetros de protección y valoración de los daños causados por la contaminación.

También se proponen medidas de actuación frente a episodios de contaminación puntual, un tipo de incidente que ocurre con relativa frecuencia por derrames, filtraciones, etcétera. Ahora ya se define la contaminación puntual, algo que no estaba regulado hasta la fecha. Y lo hace como la introducción directa o indirecta de sustancias o elementos contaminantes que puedan dañar la calidad del agua subterránea.

Además, las nuevas disposiciones concretan los estudios que deben realizarse para valorar el daño causado. También se incluyen procedimientos de actuación de la administración hidráulica, principalmente las confederaciones hidrográficas, y su coordinación con las administraciones competentes en materia de suelos, que son las comunidades autónomas.

La norma fija los valores genéricos de no riesgo y de intervención, siendo estos últimos los que podrían presentar riegos inaceptables. Ahora, cuando el estudio correspondiente determine la existencia de sustancias cuya concentración supere el Valor Genérico de No Riesgo (VGNR), la administración hidráulica solicitará al responsable de la contaminación para que presente el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). Este análisis contemplará los riesgos potenciales a los cuales se encuentran expuestos los receptores actuales o futuros probables de la contaminación, tanto dentro del emplazamiento como en el exterior de este, para cada una de las sustancias y vías de exposición, debiendo ser validado por la administración hidráulica.

Esta cuestión ha despertado gran interés en el sector. Lo pudimos comprobar de primera mano porque en Asegre pusimos en marcha un webinar —en colaboración con el ministerio y otros especialistas como Dentons y AGQ Labs— para informar de todas estas novedades. Posteriormente, en el mes de diciembre, el Ministerio para la Transición Ecológica creó una sección en su web denominada ‘Protección de las Aguas Subterráneas frente a la Contaminación Puntual’. El denominador común de este tipo de contaminaciones es su gran complejidad técnica, de modo que las actuaciones de diagnóstico, seguimiento y descontaminación suelen ser muy costosas y lentas. De ahí que está página web sea útil, ya que aglutina todos los procedimientos, diagramas y normativas relacionadas.

Como se puede comprobar, 2023 ha sido intenso para el sector de los residuos, pero muchas de las cuestiones reflejadas en el presente artículo tendrán que concretarse durante el año que comienza, marcado también por las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en el mes de junio y cuyo resultado puede ser decisivo para el devenir de los asuntos medioambientales en todo el continente.