Financiar el agua, el gran reto pendiente
La gestión eficaz del agua necesita una planificación –planes hidrológicos- excelente a corto, medio y largo plazo, acompañada de la inversión que posibilite las actuaciones previstas, incluidas las infraestructuras necesarias para que pueda ser utilizada y devuelta a la naturaleza en óptimas condiciones. Para ello es necesario un nuevo modelo de financiación que permita mayor inversión en infraestructuras hídricas, lo que pasa por que los ciudadanos afronten los costes de la gestión del agua, tal como exige la Unión Europea en la Directiva Marco del Agua.
ASAGUA aboga por planes hidrológicos objetivos con compromisos económicos realmente vinculantes para el ejecutivo gobernante, sea del color que fuera, quien deberá desarrollarlos y hacer que se actualicen, siendo para ello imprescindible que el agua tenga su propio Ministerio. Los planes hidrológicos actuales –denominados de segundo ciclo (2015-2021)- son tan ambiciosos como incumplibles por falta de recursos económicos y de medios, máxime cuando las partidas presupuestarias no son vinculantes ni suficientes.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado el Plan DSEAR (depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización), destinado a garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua. Pretende estimular los problemas no resueltos en materia de objetivos ambientales y de satisfacción de las demandas de agua, como evidencia el desarrollo de los planes hidrológicos de segundo ciclo, cuya inversión real a finales de 2017 –transcurrido el 33% de su tiempo- no llega al 20-25% de la programada.
Las cifras del Plan DSEAR son tan ambiciosas que no resultan creíbles si tenemos en cuenta los niveles de inversión de las administraciones públicas. En lo que atañe a la Dirección General del Agua, su presupuesto en el capítulo 6 (inversiones) es inferior a 400 millones de euros.
En España es imprescindible reactivar la inversión. Tenemos abiertos procedimientos de infracción, uno de ellos con sentencia firme que impone una sanción de 11 millones de euros al semestre, ante lo que hay que preguntarse por qué no se invierte para que cesen los incumplimientos y las penalizaciones. Ante la falta de presupuesto, cualquier ejecutivo debería plantearse otras vías de financiar las infraestructuras complementarias a la inversión estatal. Opciones como la colaboración público-privada, hasta ahora sin grandes resultados, o el sistema de concesiones por el que el capital privado acomete una infraestructura y su explotación y a cambio recibe compensaciones económicas del adjudicador o los usuarios, pueden ser parte de la solución y está claro que necesitamos sistemas adicionales que permitan acometer proyectos sin quebranto para las arcas públicas. Pero lo fundamental es que todo esto exige un pacto a escala nacional, un Pacto por el Agua. Es un reto pendiente que el fututo gobierno debería abordar sin dilación.
