El déficit de inversión provoca el deterioro de las infraestructuras del agua

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, y el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), Josep Carbonell, han presentado la XIII Edición de la ENCUESTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESPAÑA. El documento traza una radiografía de estos servicios básicos en España, donde el 64% del agua urbana consumida es de uso doméstico, el 15% se dedica al consumo industrial y comercial y el 21% restante se asigna a otros usos, como pueden ser los municipales o institucionales.

Déficit de inversión y cambio de tendencia hacia un deterioro de las infraestructuras.

El sector español del agua urbana manifiesta una patente falta de inversión, como consecuencia de la coyuntura económica y de las diferentes responsabilidades competenciales. España ha sufrido el mayor recorte de inversiones en referencia a otros países europeos, (informe PwC “La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros”, 2014), reducción que está generando un claro deterioro. El déficit de inversión en renovación de infraestructuras se identifica en su envejecimiento y pérdida de prestaciones. España cuenta con una capacidad en los depósitos de distribución equivalente a dos días de suministro. La dotación de agua –el agua que sale de los depósitos de distribución para el consumo- es de 241 litros por habitante y día, para todos los usos, una cifra que ha ido descendiendo en las dos últimas décadas, hasta 2010, y que, sin embargo, ha aumentado un 2,1% entre 2010 y 2012.

Según los datos de la ENCUESTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESPAÑA, hay un cambio de tendencia en el agua no registrada (incluye las pérdidas aparentes y reales de agua). Tras veinte años de tendencia decreciente (1990-2010) gracias a las renovaciones y rejuvenecimiento de las redes y a las campañas de detección de fugas y lucha contra el fraude, entre 2010 y 2012 se aprecia un aumento del índice de agua no registrada (ANR), consecuencia de la fuerte reducción de la inversión desde 2006 y 2007 y el envejecimiento de las redes de distribución.

Las fugas en la red de distribución y las pérdidas por roturas en conducción –denominadas pérdidas reales- representan entre el 10% y el 15%.

En nuevas infraestructuras, el déficit se focaliza en el saneamiento y, concretamente, en la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España incumpla la Directiva 271/91 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Según la ENCUESTA AEAS-AGA, en relación con la encuesta anterior, se ha producido un envejecimiento de las redes de distribución de agua. La antigüedad de la red de distribución es evidente. El 35% de las infraestructuras tiene menos de 15 años, el 27% entre 15 y 30 años y el 38% más de 30 años, siendo aconsejable intensificar su renovación lo antes posible. También se observa el envejecimiento de las redes de alcantarillado.

Calidad del agua en origen: baja un 6% la disponibilidad de aguas excelentes y se mantienen los porcentajes de agua de menor calidad.

El 77% del agua captada para los abastecimientos corresponde a aguas superficiales, el 18% son aguas subterráneas y el 5% procede de aguas desaladas.

En cuanto a la calidad del agua en origen, se constata un descenso del 6% en la disponibilidad de aguas excelentes y se mantienen los porcentajes de agua de menor calidad. Dadas las características de la encuesta, no puede asegurarse una relación directa pero sería razonable que fuera consecuencia del envejecimiento de las infraestructuras de saneamiento. Respecto a las condiciones sanitarias de las aguas de consumo, el exhaustivo control de los operadores y autoridades sanitarias muestra que los consumidores pueden confiar plenamente en su calidad.

El consumo doméstico se reduce un 10%, hasta los 112 litros de agua por habitante y día.

El consumo medio doméstico se reduce un 10% y se sitúa en 112 litros de agua diarios por habitante y día, uno de los más bajos de Europa. Desde 2004 el consumo ha ido disminuyendo progresivamente y puede considerarse óptimo en el panorama actual. Las campañas de divulgación y la responsabilidad ciudadana resultan en un uso racional del agua.

Las tarifas de agua no cubren costes y deberían incrementarse para evitar el deterioro en la calidad del servicio y garantizar su sostenibilidad.

En España, las tarifas que paga el usuario no cubren todos los costes de los servicios de agua urbana, lo que está repercutiendo en el deterioro de las infraestructuras y de las prestaciones de los servicios. La tarifa actual solo cubre los costes operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras –amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidades del agua y servicio- y al alcantarillado.

Las actuales tarifas del agua solo cubren, y no siempre, los gastos operativos. Entre los costes operativos destacan los cánones de saneamiento o depuración de carácter finalista, destinados a cubrir los gastos de la explotación de las depuradoras, que son administrados por las Comunidades Autónomas. Se recaudan a través de la factura y están destinados a los costes de operación de la depuración de aguas residuales y el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA) de recuperación de costes. La reciente aparición de nuevos impuestos de carácter autonómico, denominados erróneamente “cánones de saneamiento o del agua”, no siempre van destinados a mejorar este servicio sino a compensar otros desequilibrios presupuestarios, lo que conlleva una falta de transparencia en la tarifa del agua.

El sector reclama que los costes de los servicios de agua deberían incluir en la tarifa la amortización y mejora de las infraestructuras, ya que, tradicionalmente ha sido “subvencionado” por las diferentes Administraciones Públicas, que actualmente no dedican el suficiente presupuesto.

El importe total facturado por el agua urbana en España asciende a 5.202 millones de euros. De la factura doméstica de agua que pagamos por los servicios, aproximadamente un 60% corresponde a abastecimiento de agua y un 40% al saneamiento.

A pesar de ser un país con pocos recursos hídricos, la tarifa de agua en España es de las más bajas de la Unión Europea. Tradicionalmente, las tarifas se han venido calculando para cubrir únicamente y, en ocasiones parcialmente, los costes operativos del servicio, mientras que la repercusión de las inversiones corría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales.

La factura del agua supone el 0,8% del presupuesto familiar, una de las más bajas de Europa.

Siendo uno de los países con mayor escasez de recursos hídricos, la incidencia de la factura del agua en los presupuestos familiares es del 0,8%, muy por debajo del coste de otros servicios como la telefonía y la electricidad. Por lo que cuesta una caña de cerveza pagamos el equivalente a más de dos días y medio de consumo de agua en una vivienda de una familia de tres miembros.

El precio medio del agua para uso doméstico en España (sin IVA, en 2012) es 1,59 €/ m3, de los que 0,92 €/m3 corresponden al servicio de abastecimiento (58 % del total del precio), y 0,67 €/m3 al servicio de saneamiento (42%). Estos precios no llegan a cubrir el coste total de los servicios, en contra de las exigencias de la Directiva Marco del Agua.

Las diferencias entre áreas geográficas se deben a la disponibilidad, calidad, proximidad de los recursos hídricos, procesos, técnicas y costes para la potabilización y depuración del agua e incorporación de los diferentes cánones autonómicos, pero sobre todo al grado de “cobertura de costes” de la tarifa.

Si tomamos una muestra representativa de las grandes ciudades, podemos concluir que para el servicio del ciclo integral del agua, la componente fija de la tarifa representa un 30% y la componente variable un 70%. En concreto, para el servicio de abastecimiento la componente fija de la tarifa representa un 38% y la componente variable un 62%, y para el servicio de saneamiento, la parte fija representa un 18% y la variable un 82%.

El 88% de la población tiene la posibilidad de acceso a bonificaciones en la tarifa del agua.

En periodos anteriores, incluso al de la crisis económica, el sector ya contaba con mecanismos de acción social aplicables a la tarifa de agua mediante bonificaciones, que son públicas y transparentes en cada servicio. A pesar de la escasa repercusión de la factura del agua en el presupuesto familiar, la coyuntura económica hace que haya algunos clientes que no pueden hacer frente al gasto. En general, el sector ha sido consciente de esta dificultad y se han ampliado los mecanismos de ayuda.

Un 88% de la población tiene posibilidad de acceso a bonificaciones en las tarifas. La mitad de las bonificaciones son a familias numerosas u hogares formados por muchos miembros y una cuarta parte se aplican por razones de nivel de renta. El resto se benefician de otro tipo de bonificaciones (por ejemplo por premios a la reducción del consumo)

Bonificaciones en las tarifas de agua

España debe hacer un importante esfuerzo para cumplir con la Directiva Marco de Agua.

La Directiva Marco de Agua, en su artículo 9, introduce el principio de “recuperación de costes” para los servicios de agua, de acuerdo con el principio de “quien contamina paga” y el de “contribución adecuada” que fomenta la eficiencia del uso del recurso.

Los cánones aplicados al agua deben ser transparentes y finalistas, destinados a mejorar el servicio, sobre todo para la depuración de las aguas residuales. A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años dotándonos de un gran parque de depuradoras, seguimos sin cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea.

Es necesario que España ponga en marcha las infraestructuras de depuración precisas para cumplir con las exigencias de los mandatos europeos.

El sector del agua considera necesario establecer una estructura tarifaria clara y transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones para sostener el complejo patrimonio hídrico y mejorar las infraestructuras que permitan el óptimo servicio ciudadano.

Actualmente, la titularidad y la competencia legal de los servicios del ciclo integral del agua urbana son de las entidades locales o municipios, lo que supone una dificultad al haber más 8.000 municipios y genera heterogeneidad de las tarifas del agua. Además, no favorece el establecimiento de modelos para una gestión más eficiente de los servicios.

Los servicios de agua en España, a la cabeza de Europa en tecnificación.

Los operadores han introducido múltiples mejoras y aplican las más modernas tecnologías en todos y cada uno de los multidisciplinares aspectos que deben gestionar: técnicas hidráulicas; procesos de tratamiento y depuración; mantenimiento y conservación; sistemas cartográficos y de información geográfica; sensores y telecontrol; comunicaciones; información; gestión comercial y de atención al cliente; organización empresarial, y sostenibilidad ambiental y económico-financiera.

Los complejos procesos tecnológicos de tratamiento, depuración o desalación, -componentes poco visibles para la ciudadanía-, que se han incorporado conforme a las exigencias de las normativas legales, son muy costosos. Y para contar con servicios con garantía de disponibilidad y calidad y usar con eficiencia los recursos hídricos, es preciso subir las tarifas hasta la recuperación total de los costes de operación, ambientales y del recurso.

El sector del agua no tiene apenas reclamaciones. Sólo un 1,2% de los clientes formula al año alguna reclamación, especialmente en las poblaciones de mayor tamaño, donde el 55% son resueltas a su favor. Del total de reclamaciones, el 56% se debe a posibles errores de facturación, el 5% a calidad del suministro, el 2% a atención al cliente, un 9% por el servicio de lectura de contadores y un 28% a otros motivos. El 63% de la población dispone de web interactiva y el 33% de web informativa. Sólo el 4% dice tener la factura como único medio de comunicación.

Las operadoras realizan campañas de concienciación ciudadana para un consumo responsable que llegan al 85% de la población. En las cuencas de Baleares, Duero, Guadiana, interiores del País Vasco, Tajo, Andalucía Atlántica, Miño-Sil y Cantábrico Occidental esta difusión es del 100%. El 71% de la población tiene a su disposición la Memoria Anual de Responsabilidad Social Corporativa de sus operadoras.

La distribución de la población abastecida por empresas públicas, privadas o mixtas se mantiene. El 40% de la población es abastecida por empresas públicas, 35% por privadas, 15% por mixtas y 10% por la administración local, porcentajes similares a los de la encuesta anterior. Crece en 2 puntos la población abastecida por empresas mixtas y en 1 punto por empresas públicas.

Los operadores gestionan unos 3,3 metros/habitante (160.000 km) de redes de distribución de agua y unos 2,2 metros/habitante (105.000 km) de redes de alcantarillado, lo que equivale a una longitud semejante a 4 veces y 2,6 veces, respectivamente, todo el perímetro de la Tierra.

El sector reclama un órgano regulador y una clarificación y homogeneización de criterios para lograr una mayor transparencia.

En España el agua es pública y el regulador es la Administración Pública. Con un modelo de regulación descentralizado intervienen miles de reguladores municipales independientes, lo que se traduce en una regulación heterogénea y muy variable, estando las competencias en el ciclo del agua urbana muy fragmentadas y sin una coordinación evidente. El sector reclama una armonización en materia de gobierno y administración de los servicios urbanos del agua.

Las funciones del Regulador englobarían el establecimiento de criterios económicos y de servicios. Los criterios económicos incluirían el establecimiento de tarifas, homogenizando las estructura tarifarias y garantizando la repercusión y recuperación de los costes en la tarifa y la estabilidad a largo plazo, modulando los cánones concesionales, que en caso de ser necesarios, sean limitados y dedicados obligatoriamente a inversiones o mejoras del servicio. Lo que daría garantía jurídica a largo plazo y favorecería la participación de los fondos de inversión internacionales.

Los criterios de servicio incluirían la fijación de los estándares de calidad técnica mediante indicadores de desempeño y el establecimiento de los derechos y obligaciones de las partes y los reglamentos para la prestación del servicio. El nuevo modelo de regulación debería contar con la participación de todos los agentes involucrados.