La Federación de Municipios y Provincias y Ecoembes organizan en San Javier una jornada sobre la nueva normativa de residuos
Los ponentes de la jornada coinciden en la colaboración y el municipalismo como vías para alcanzar los retos establecidos por esta normativa.
El secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, alerta del esfuerzo de gestión y económico que la norma representa para los Gobiernos Locales y ofrece colaboración en la elaboración del reglamento que la desarrolle.
La Ley de Residuos y Suelos contaminados es “una norma ambiciosa, con capacidad transformadora y con claro impacto en la gestión municipal, y su aplicación va a suponer un importante reto que requerirá de esfuerzo económico y de gestión para los Gobiernos Locales” que, a estos efectos, hacen necesario “un importante esfuerzo de cogobernanza estatal, autonómica y local, y “un acompañamiento económico para posibilitar su aplicación por las Entidades Locales”. El secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, lo manifestaba así durante su intervención de apertura de la Jornada “Las Entidades Locales ante la nueva normativa de residuos” que esta mañana ha reunido en el Ayuntamiento de San Javier a responsables de Gobiernos Locales, del Ejecutivo Central y de las operadoras para analizar el contenido y efectos de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada hace dos meses y cuyos reglamentos se encuentran en elaboración.
Para Casares, la Ley viene acompañada de “cambios de gran calado que suponen un cambio de modelo”. Para los Gobiernos Locales, ha explicado “se trata de un nuevo y más amplio marco de competencias y obligaciones municipales”, que van desde nuevos modelos de gestión, novedades jurídicas y tributarias, adaptación de ordenanzas o incorporación de nuevas tasas e impuestos, así como de “un importante esfuerzo económico”, con una inversión de 2.459 millones de euros hasta 2035, de los que 2.459 millones corresponderán a la gestión de residuos municipales (1.165 para recogida y 397 para tratamiento). A este gasto, ha apuntado el secretario general de la FEMP, habría que añadir un incremento del gasto corriente que, para cumplir los objetivos de reciclado, podría superar los 400 millones de euros anuales.
Para afrontar todos estos retos, el secretario general de la FEMP ha mostrado la plena disposición local a colaborar en el proceso de tramitación del reglamento que desarrollará esta norma, “aprovechando el conocimiento de la gestión municipal, que será fundamental en el proceso de transformación iniciado con la aprobación de la Ley”.
Por la colaboración ha apostado también el Alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP, “colaborar para intentar que la norma sea lo menos lesiva posible para los Gobiernos Locales” porque, ha asegurado, la nueva Ley de Residuos “es un reto que trae muchísimas dificultades a la gestión de los Ayuntamientos, pero es a su vez una gran oportunidad para los municipios y para nuestro país”.
Ángel Hervella, director de Gestión Local y Autonómica de ECOEMBES, ha reconocido en su intervención de apertura el papel desempeñado por la FEMP en la transferencia de conocimientos a todos los municipios, y se ha referido a la nueva ley como “un gran reto y el inicio de un camino que nos tiene que llevar a bajar al terreno y a lograr un acuerdo en la metodología de trabajo para seguir gestionado los residuos de todos los Ayuntamientos”.
En la jornada se han explicado las novedades de la ley 7/2022 y se han mostrado las posturas de las Entidades Locales frente a las nuevas responsabilidades que la norma trae consigo.
La subdirectora General de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Margarita Ruiz, ha sido la encargada de exponer el primero de esos puntos y así, en su intervención, ha abordado los apartados más relevantes de la Ley de Residuos, entre ellos sus nuevas definiciones y competencias, los nuevos modelos de gestión y objetivos de la recogida de residuos, y las novedades jurídicas y tributarias.
Además, al final de la jornada ha habido una mesa redonda en la que distintos agentes a los que la normativa les afecta han debatido sobre su implantación.
