Comienza la tramitación del anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado, el pasado 17 de noviembre, el inicio de la tramitación, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, del anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. El objetivo es crear un marco normativo adecuado para la transición hacia un modelo de protección ambiental que fomente el uso racional de los recursos, alargue la vida útil de los productos y minimice la generación de residuos.

Andalucía, pionera al adaptar la reciente estrategia europea a su legislación, se adelanta al Estado en esta regulación legal, con el reto añadido de contribuir al crecimiento económico sostenible y a la generación de empleo. Todo ello apoyado en tres pilares: el impulso de las administraciones autonómica y local, la empresa como motor de cambio y la sociedad en su conjunto, desde la concienciación y el consumo responsable. Desde esta perspectiva, se pretende acabar con el concepto lineal fabricar-usar-tirar y apostar por una economía más limpia y competitiva, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y de calidad.

La Oficina Andaluza de Economía Circular será el órgano administrativo encargado de poner en marcha la ley, así como coordinar, dinamizar, asesorar y dar soporte a empresas y administraciones locales. La futura ley promulgará la redacción de la Estrategia Andaluza de Economía Circular como instrumento de planificación, obligará a la tramitación electrónica de todos los procedimientos que derive y sentará las bases para el desarrollo efectivo de una compra pública ecológica.

La implantación del modelo de economía circular en Andalucía se basará en el análisis del ciclo de vida y, por tanto, de la huella ecológica de los productos y servicios, gestión de los bienes no vendidos, el impulso de la reparación, la lucha contra el desperdicio alimentario y las inversiones estratégicas en materia de economía circular.

Esto se hará reforzando la aplicación del principio de jerarquía de los residuos y sentando los principios de la economía circular a través de la regulación de ciertos aspectos básicos en materia de residuos, tales como la prevención, la preparación para la reutilización, los procesos de reciclado y la valorización material. Para ello se pone especial atención a los conceptos de 'subproducto' y 'fin de condición de residuos'.

Finalmente, desde una óptica más general a una más específica, se aborda la implantación del modelo circular a los llamados 'productos clave' definidos en el nuevo Plan de acción de Economía Circular de la Unión Europea aprobado en marzo de 2020. Esto se realiza mediante acciones para una disminución en el consumo, el uso eficiente, la gestión y tratamiento de los residuos, apostando por la promoción y el desarrollo, especialmente en lo relativo a la innovación, la simbiosis industrial y los mercados secundarios.

Además, para las cadenas de valor, este texto establece la base legislativa necesaria para acelerar la transición hacia la circularidad y la implementación de políticas en dichas materias. Todo ello fomentando los sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor, la recogida de basuras marinas, promocionando la bioeconomía o dedicando un capítulo completo a la Economía Circular Azul para abordar la gestión del ciclo integral del agua, entre otras cuestiones.

En el desarrollo y adopción de medidas específicas en Andalucía son fundamentales la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación en la puesta en marcha de prácticas circulares en el sector público y en el privado, lo cual se concreta en la constitución del Digital Innovation Hub de Economía Circular en Andalucía, generador de sinergias.

Para la aprobación del anteproyecto de ley se llevarán a cabo los trámites de audiencia e información pública poniéndose a disposición de las partes interesadas el texto con el objeto de que cuente con el mayor consenso posible entre las administraciones, los sectores económicos y el conjunto de la sociedad.