El Parlamento de Navarra ha aprobado la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad

El Parlamento de Navarra ha aprobado el pasado 7 de junio la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, cuyos principales objetivos son prevenir la generación de residuos, mejorar su gestión, avanzar en la economía circular y en la lucha contra el cambio climático en el marco de las competencias de la Comunidad Foral. De esta forma, se busca alcanzar los objetivos previstos en la normativa europea y en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN).

La Ley Foral de Residuos es una exigencia del PRN, como el instrumento principal para la consecución de sus objetivos de prevención en la generación de residuos, de reducción de los mismos y de mejora de su gestión. Al igual que el Plan de Residuos de Navarra, la Ley Foral ha contado en su elaboración con un amplio proceso de participación en el que han intervenido 76 entidades y particulares, que han realizado cerca de 400 aportaciones. Además, en su trámite parlamentario, la ley ha sido objeto de varias enmiendas antes de la aprobación del texto definitivo.

En el contexto estatal, la Ley Foral de Residuos es una norma innovadora, que articula medidas concretas para hacer efectiva la prevención de la generación de residuos, tal y como establece la normativa europea. Apuesta además por la recogida selectiva del 100% de la materia orgánica y prevé una fiscalidad amplia, con un impuesto sobre eliminación en vertedero e incineración de residuos y con la creación de un Fondo de Residuos para mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a los residuos. Además, contempla la figura de un Ente público que sustituirá al actual Consorcio, para una gestión más coordinada, eficiente y cohesionada de la gestión de residuos en Navarra.

Principales objetivos

El texto aprobado el pasado 7 de junio concreta las medidas organizativas para la prevención y correcta gestión de los residuos, así como los instrumentos económicos para ello. Sus principales objetivos se centran en garantizar que los residuos se gestionen sin poner en peligro el medio ambiente y la salud humana, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía; incentivar la reducción en la generación de residuos y su aprovechamiento mediante la reutilización y el reciclado; desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración de residuos, y establecer el régimen jurídico del impuesto que grave ambas prácticas.

Otros objetivos destacados son la regeneración de los espacios degradados y la descontaminación de los suelos; el establecimiento de un régimen competencial y organizativo de las administraciones públicas de Navarra; y la garantía de una adecuada gestión, coordinada entre la Administración y las entidades locales, de los residuos domésticos y comerciales, tanto en el transporte y tratamiento, como en la recuperación de materiales.

En el Plan de Residuos 2017-2027 se recoge ya un Programa de Prevención específico con el fin de invertir la pirámide de jerarquía de residuos y lograr que prime la prevención sobre la eliminación. En línea con esta directriz, el proyecto de Ley dedica su Título IV completo a detallar esas medidas de prevención y gestión que se pondrán en marcha: la Oficina de Prevención de Residuos e impulso de la economía circular, la compra pública verde, la recogida selectiva de la materia orgánica de residuos domésticos y comerciales, y la preparación para la reutilización y reciclado. Además, regula la utilización de bolsas de plástico y la venta de vajilla de un solo uso, establece medidas de prevención de envases y pautas en otros sistemas de gestión y en eventos públicos y la realización de campañas de sensibilización, acompañamiento e información.

Otros aspectos destacados son la fiscalidad y el nuevo Ente Público de gestión. Este estará integrado por las entidades locales y la Administración de la Comunidad Foral y adoptará, dice la Ley, “la forma jurídica más adecuada para cumplir su función”, garantizando que en el órgano de decisión tendrán presencia mayoritaria las entidades locales competentes". La forma jurídica se definirá en los próximos meses, y con su puesta en marcha quedará disuelto el actual Consorcio, que en su forma jurídica actual no tiene encaje en la normativa vigente.

Impuesto sobre eliminación

En lo referente a la fiscalidad, la Ley establece el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, con el fin de fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado, y desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración.

Este impuesto se integrará en una partida presupuestaria específica, denominada ‘Fondo de residuos’, que se destinará exclusivamente a los fines previstos en la Ley: acciones de sensibilización y de investigación en prevención; mejora de los sistemas de recogida selectiva y transporte; recuperación de zonas degradas y suelos contaminados; y acciones de preparación para la reutilización, entre otros.