Nihil de nobis, sine nobis

La Conferencia Anual de EuRIC, entidad que representa a la industria del reciclaje en el ámbito europeo, sirvió para que, reunidos en un encuentro de alto nivel, recuperadores, responsables políticos de la Unión Europea y de diversos Estados miembro intercambiaran argumentos sobre la problemática existente y las posibles soluciones para avanzar en ese paso decisivo hacia la economía circular.

En el encuentro, celebrado el pasado mes de marzo, los representantes del sector de la recuperación valoraron positivamente el objetivo del Parlamento Europeo de aumentar hasta el 70% el porcentaje de residuos que deben ser reciclados, limitar el nivel de vertido al 5% y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos establecido en el Paquete de Economía Circular.

Sin embargo, lo que en la conferencia se puso de relieve fue que los gestores de residuos coinciden en su diagnóstico sobre la problemática que padecen y los políticos difieren en las soluciones con las que resolverla. Por ejemplo, ni siquiera hay consenso sobre un método para medir los índices de reciclado a escala europea. Por lo que, una vez más, el sector recuperador ha hecho uso de la expresión latina ‘nihil de nobis, sine nobis’ (‘nada sobre nosotros, sin nosotros’).

FER, como representante del sector del reciclaje en España, participó en la conferencia y constató que diversos problemas internos son compartidos por sus homólogos europeos: las excesivas cargas administrativas, las distorsiones generadas por los operadores públicos de residuos en los mercados y la ausencia de medidas concretas para fomentar el uso de materias primas secundarias.

El considerable aumento de leyes y transposiciones normativas en la gestión de residuos ha derivado en excesivas cargas administrativas que los recuperadores deben deducir de su cuenta de resultados. Lo que es una actividad ajena al oficio de reciclar, hoy se ha convertido en una seria amenaza para la viabilidad de la actividad, tasada, según un estudio llevado a cabo por FER, en una media de 20.000 euros anuales para cada empresa.

Además, en nuestro país este problema crece por las competencia otorgadas a las comunidades autónomas, lo que supone una multiplicación de cargas burocráticas. Por tanto, la simplificación administrativa es una condición ‘sine qua non’ para intentar alcanzar unos objetivos de reciclaje. No conviene empezar la casa por el tejado ni confundir simplificar consiste con suprimir controles.

Otra cuestión prioritaria a resolver en el ansiado camino hacia la economía circular es la clasificación de los residuos, debido a que la definición de residuo municipal va a influir directamente en los modelos de gestión y en las competencias. A pesar de que en la Directiva de Residuos esta clasificación es neutral, los recuperadores coinciden en que debería ir acompañada de un marco jurídico claro para los sectores comercial e industrial. Una cuestión nuevamente vital para España, donde las definiciones están ligadas a las competencias. ¿Dónde reside el problema? Si en la definición no se establecen criterios que permiten delimitar y diferenciar el residuo municipal de otros flujos de residuos, como los comerciales y los industriales, se estarán ampliando las competencias de los entes locales en detrimento de los gestores privados de residuos.

Si precisamente han sido principalmente las pymes las que han empujado a España a tasas de reciclaje que la sitúan en las primeras posiciones de la UE en varios flujos de residuos, ¿por qué precisamente ahora que han demostrado ser vitales para la consecución de los objetivos fijados se apuesta por la gestión de los entes locales? En la definición, pues, está en juego no solo una gran cantidad de empleos, que ya es grave de por sí, sino también la apuesta por un modelo de gestión que apostó por convertir residuos en recursos cuando otros optaban por amontonar desechos en los vertederos.

La solución planteada por los recuperadores es inequívoca: garantizar la libre competencia es la clave para garantizar el aumento de las tasas de reciclaje.

Otro aspecto fundamental a la hora de hablar de economía circular o desarrollo sostenible es el uso de materias primas secundarias. Si partimos de un claro desajuste actual entre el mercado de materias vírgenes y el de las recicladas, habrá que nivelar la balanza para que haya una verdadera apuesta por las segundas.

En la actualidad, el mercado de materias primas opera bajo el imperio de la ley de la oferta y la demanda, mientras que el de los productos reciclados está fuertemente regulado. Para garantizar esa transición de uno a otro, que es lo que proclama el paradigma circular, es preciso establecer una serie de medidas políticas que fomenten y prioricen el uso de materias primas secundarias.

Finalmente, habremos de volver al principio para plantear una de las cuestiones que más preocupan a los gestores de residuos, tal y como quedó patente en la conferencia de EuRIC: ¿de qué sirve aumentar los objetivos de reciclaje si ni tan siquiera se ha consensuado un método de medir estos índices a escala europea? Mientras el Parlamento Europeo ha apostado por un método que confunde dos etapas distintas en las cadenas de valor (el reciclado y la fabricación), los recuperadores consideran que para garantizar un cálculo justo de las tasas de reciclado hay que medir los residuos que verdaderamente son transformados en materias primas secundarias a la salida de las plantas de tratamiento. Tales objetivos actuarían como catalizador para incentivar la demanda de materiales reciclados, crear un mercado genuino de materias primas secundarias y estimular una economía baja en carbono.

Por último, este sí es un problema genuinamente de nuestro país, el desorbitado coste energético pone contra las cuerdas a algunas plantas de tratamiento de residuos, como es el caso de las fragmentadoras. Actualmente, según los últimos datos de Eurostat, el precio de la luz en España es notablemente más alto que el de países de nuestro entorno, frena en seco la capacidad de competir y, por tanto, de alcanzar las cifras de reciclaje exigidas por la UE.