Hacia un nuevo modelo de gestión de RAEE

La Agència de Residus de Catalunya organizó 4 sesiones que tuvieron la finalidad de dar a conocer qué efectos tiene el nuevo Real Decreto y cómo debe aplicarse, los nuevos requisitos en relación a la recogida y almacenaje de RAEE por parte de las puntos de reciclaje y la adaptación que debe realizarse de forma inmediata de las licencias de los gestores de residuos ubicados en los distintos municipios.

El pasado 21 de febrero se publicó el nuevo Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este Real Decreto, que instaura un nuevo modelo de gestión, define de forma precisa las obligaciones de todos los agentes implicados en la cadena de gestión de RAEE: distribuidores y productores de electrodomésticos (fabricantes e importadores), gestores de residuos y de sistemas integrados de gestión y entes locales.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos, pero también algunos peligrosos que se deben tratar en instalaciones especiales que cumplan con todas las garantías ambientales. La gestión se inicia con la entrega del residuo en las instalaciones de recogida municipales –como los llamados puntos limpios–, las tiendas de aparatos eléctricos y electrónicos, los gestores autorizados y los puntos específicos habilitados por los fabricantes.

La nueva regulación tiene su origen en la necesidad de renovar la normativa comunitaria sobre RAEE (Directiva 2012/19/UE de 4 de julo) para conseguir los objetivos de recogida y gestión, clarificar los puntos de recogida y establecer las obligaciones de información para mejorar el control durante el traslado de RAEE fuera de la UE. En este sentido, el nuevo Real Decreto incorpora las novedades de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados para mejorar los problemas encontrados con un modelo de gestión más eficiente en España. Así, deroga el Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (Directiva 2002/96/CE).

Francesc Giró, adjunto a la dirección de la Agència de Residus de Catalunya, inauguró las sesiones valorando de forma muy positiva la redacción del decreto y destacando la utilidad de las nuevas exigencias: “Este decreto ayuda a aplicar nuevas formas de trabajar, entender y planificar RAEE para conseguir los beneficios sociales, medioambientales y económicos que buscamos. Es un buen instrumento y está en nuestras manos alcanzar los objetivos marcados, por eso pido la colaboración en su implantación para que caminemos hacia una economía circular y hacia una mejora de la gestión legal de los residuos”.

Begoña Fabrellas, consejera técnica de la Subdirección General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, fue la encargada de presentar el Real Decreto a los asistentes. Como máxima responsable de su redacción, Fabrellas señaló “la necesidad de modificar e intensificar medidas a nivel Europeo puesto que el modelo actual no está funcionando”. La consejera indicó que muchos elementos de este nuevo Real Decreto son la evolución de los principios establecidos en la ley de 2012 en respuesta a la complicada situación de los RAEE. “No hemos logrado los objetivos y tenemos que ponernos en marcha ya”.

Fabrellas expresó su deseo de colaboración entre todos los miembros de la cadena ya que “los RAEE nos afectan a todos, desde el productor hasta al consumidor”. El principal reto del Real Decreto es que todos los residuos que se generen se recojan y se gestionen eficientemente, por lo que es “imprescindible la colaboración de las Comunidades Autónomas con el Ministerio”. En total son 59 artículos divididos en 11 capítulos, 3 Disposiciones adicionales, 11 Disposiciones transitorias, 1 Disposición derogatoria, 4 Disposiciones finales y 18 anexos que forman un Real Decreto cargado de “aspectos de mucho interés, pero que deberían enfocarse de otra forma”, según Giró.

El Real Decreto también incorpora elementos para hacer posible la mejora del control y de la supervisión por las administraciones públicas de la gestión de estos residuos y clarifica la actividad de los agentes que intervienen en el proceso y sus obligaciones. Para ello, crea una Plataforma Electrónica en la que se incluirán los datos de la recogida y gestión de RAEE, financiada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los productores, y una Oficina de asignación de recogidas, que será supervisada por las administraciones públicas implicadas.

La situación que atraviesa la recogida y tratamiento de RAEE en España es muy delicada ya que en escasas ocasiones se llega a los mínimos establecidos por la UE. En el caso de Cataluña, tal y como explicó Ramon Oliva, director del Àrea Industrial de l’Agència de Residus de Catalunya, en 2013 solamente se recogieron 2,67 kg de RAEE domésticos por habitante (el objetivo del RD 208/2005 es de 4 kg/hab año). Así, se pusieron 83.848 toneladas en el mercado y sólo se recogieron 21.471. Esta situación se hace extensible a toda España, lo que hace difícil llegar a las cifras que marca la UE para los años venideros: en 2016 se deben recoger el 46% de los RAEE; en 2017, el 50%; en 2018, el 55% y a partir de ese momento, más del 65%.

Los protagonistas que deben lograr este panorama un tanto utópico son varios. En primer lugar, los usuarios de AEE deben entregarlos para su reutilización a Entidades de Recogida, quienes separan y almacenan el RAEE hasta hacerlo llegar a las entidades de Preparación para la Reutilización (PxR), que lo trasladarán a Gestores Específicos de RAEE para que sean tratados de la forma correcta. Estos últimos deberán prepararlos para los Productores de RAEE, quienes financiarán la recogida, el transporte y el tratamiento. Así, “no se trata de un cambio sustancial sino de una adaptación”, concluyó Oliva.

Para impulsarla prevención de la generación de este tipo de residuos, la nueva legislación fomenta tratamientos como la Preparación para la Reutilización, lo que permite poner en el mercado de nuevo el mismo producto una vez que se haya reparado. Para ello, establece requisitos para los gestores que garanticen que la preparación para la reutilización se realiza de manera adecuada.

El nuevo Real Decreto incluye objetivos específicos de Preparación para la Reutilización a partir de 2017 (con un objetivo del 2% en grandes electrodomésticos y del 3% en el caso de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños), ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos.

Otra de las novedades de la norma es que los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos deberán aceptar gratis los aparatos ya usados muy pequeños, como los teléfonos móviles, si disponen de un establecimiento de más de 400 m² y sin que el consumidor deba comprar otro a cambio. Asimismo, y por primera vez, la venta de aparatos eléctricos o electrónicos a través de Internet deberá garantizar también que los compradores puedan entregar los residuos que generen de igual manera que en las tiendas físicas.

Tras las sesiones informativas, se realizaron varias mesas de debate en las que sus participantes expresaron sus opiniones sobre el nuevo Real Decreto. Xavier Riba, del Gremi de Recuperació de Catalunya, señaló que “no todas las ideas que expusimos se han plasmado, pero somos partidarios de aplicar la teoría de la rama. Valoramos el esfuerzo titánico de mejora pero los objetivos son difíciles de conseguir. Nuestra sensación es que el dinero recaudado no llega a los gestores y las cifras son preocupantes. En Europa piden resultados rápidos y ese no es el camino porque hay mucho trabajo posterior por hacer. La reutilización es la clave, el objetivo principal y el eje de la rentabilidad de los RAEE. Estamos preocupados porque España es un gran país de leyes pero con un gran problema de cumplimiento”.

Alicia García-Franco, de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, se mostró optimista por el reconocimiento a la figura del gestor, la homogeneización de criterios, el fomento de la PxR, la creación de auditorías válidas para todos, por el suministro de información por parte de los productores, las ayudas en financiación y la creación de una entidad de coordinación, pero se mostró escéptica con las exigencias de trazabilidad. “La obsesión con la trazabilidad provoca que se pretenda codificar todo, olvidando el tratamiento manual y apostando sólo por la trituración y eso no nos lo podemos permitir”, añadió Riba.

Laura Rubio, de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), abogó por la generación de empleo y felicitó al Ministerio por “intentar mejorar algo que no funciona”. Asimismo, afirmó que “desde AERESS somos escépticos porque en la práctica es muy difícil aplicar la PxR por la falta de apoyo y por la dificultad de cambiar la mentalidad. Defendemos la recogida pormenorizada que garantice el potencial de recuperación de los aparatos”. Rubio hizo un llamamiento al seguimiento exhaustivo de los procesos de reciclaje porque afectan a todo el sector, quien está “destinado a colaborar”.

Para finalizar, Pilar Chiva, directora del Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya, destacó las “bases muy sólidas” del Real Decreto pero indicó que “aún queda mucho por construir y un trabajo intenso que hacer durante los próximos meses para cumplir con los objetivos establecidos”.