Llega el nuevo Real Decreto de RAEE con importantes novedades
El sábado 21 de febrero ha sido publicado en el BOE el Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que sustituye al anterior de 2005 y adapta la normativa española a la Directiva 2012/19/UE y a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 22/2011. El nuevo Real Decreto de RAEE supone un paso adelante importante en un sector con tanto crecimiento y relevancia como es el de la gestión de residuos electrónicos. Son múltiples las novedades de esta nueva regulación como por ejemplo el incremento de los objetivos de recogida o la inclusión de la necesidad de alcanzar determinados porcentajes de preparación para la reutilización de ciertas categorías de RAEE.
Desde el sector del reciclaje y gestión de RAEE se hace un balance de dicho Real Decreto y sus puntos considerados positivos y negativos. Así, uno de ellos a destacar ha sido la disposición al diálogo con los diferentes grupos implicados en la gestión de RAEE por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). Sin duda es fundamental poder contar con la opinión de los colectivos que, una vez aprobado este Real Decreto, van a tener que ponerlo en práctica.
Una de las novedades positivas en opinión de la FER es el reconocimiento de la labor de los gestores autorizados mediante la posibilidad de participar en la gestión de RAEE sin tener la obligación de adherirse a un Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP). Así, este Real Decreto permite la contabilización de todos los flujos correctamente gestionados de RAEE independientemente de que provengan de un SRAP o no. Se reconoce además de forma explícita la capacidad del gestor autorizado de ser instalación de recogida de RAEE con lo que se regula y da carta de naturaleza a una realidad que venía llevándose a cabo desde el principio de la regulación de este tipo de residuos.
Al mismo tiempo, se identifica también a las plataformas logísticas y a la distribución como instalaciones de recogida asegurando así la trazabilidad de los residuos recogidos a través de estas vías. Con este nuevo Real Decreto se establece la trazabilidad para la distribución desde el momento mismo de la venta mediante la identificación del productor en el Registro Integrado. Además se establecen unos criterios de autorización y procesos homogéneos en toda España y para todas las instalaciones lo que sin duda permitirá salvar algunas de las barreras territoriales que hasta ahora han existido. Se establecen, asimismo objetivos de recogida de RAEE por Comunidad Autónoma para evitar diferencias entre las mismas por su dispersión poblacional.
En esta nueva normativa se da aun más importancia al cumplimiento de la jerarquía de gestión de residuos. De esta forma, como se ha mencionado anteriormente una de las principales novedades es el protagonismo de la prevención, y por ende, a la preparación para la reutilización de estos residuos regulando en qué categorías de equipos, en qué plazos y con qué porcentajes debe llevarse a cabo esta actividad. Se enfatiza el papel de las Administraciones Públicas a través de la comisión de coordinación y se integra en la misma al sector de la recuperación y el reciclado en el grupo de trabajo, una reclamación esta que hacía años venía pidiéndose.
En lo que compete a la gestión propia de los RAEE se considera al aparato como un todo con su legislación específica, sin que interfieran otras legislaciones como por ejemplo la de aceites usados. Aspecto este que había causado algunos problemas en años anteriores. Además se establece una correlación entre códigos LER y las fracciones de entrada y salida del proceso de tratamiento de los RAEE lo que permitirá una mayor y mejor trazabilidad del sistema. No obstante también hay algunos aspectos de este Real Decreto que se ven como potencialmente problemáticos. Así, se aprecia una excesiva carga administrativa y un incremento desproporcionado de los requisitos exigidos. Esto, en algunos casos podría incluso hacer peligrar al actual sector autorizado y que actúa legalmente en beneficio, de los “operadores ilegales o no autorizados” que al incumplir sistemáticamente la legislación sin consecuencias graves no se ven sometidos a estas nuevas exigencias.
