Recyclia valora la primera condena de la justicia española por gestión ilegal de residuos electrónicos

La plataforma medioambiental Recyclia ha valorado la primera condena de la justicia española por gestión ilegal de residuos electrónicos. La sentencia, emitida el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Madrid, condenó a hasta cuatro años de cárcel a cuatro personas por gestión ilegal de los residuos de más de 2.200 frigoríficos, que supuso la emisión a la atmósfera de 3.000 toneladas de CO₂, como consecuencia de su desguace.

Para Recyclia, esta sentencia, que se suma a anteriores condenas de seis meses de prisión por robos de equipos en puntos limpios municipales (fundamentalmente en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía), es un paso importante para la protección y consolidación de un modelo de gestión de residuos que ha demostrado su eficacia y ha conseguido un enorme respaldo, tanto de la industria como de la sociedad.

En este sentido, Recyclia destaca la necesidad de una política sancionadora contundente para garantizar una mayor seguridad jurídica a los fabricantes que, en cumplimiento de la ley, se responsabilizan de la gestión de los aparatos al finalizar su vida útil; y a los consumidores, que abonan una tasa para financiar este proceso, cada vez que adquieren un equipo nuevo. Asimismo, la plataforma valora el endurecimiento de las sanciones y el aumento del control de los flujos de residuos establecido en la Directiva 2012/19/UE, que se encuentra en proceso de transposición a nuestro ordenamiento jurídico y sustituirá al Real Decreto 208/2005.

Recyclia aspira así a que afloren los fabricantes que no declaran sus ventas ni pagan por el reciclaje de los productos que comercializan, al freno de los negocios paralelos y a la disminución de los robos de residuos en puntos limpios y las exportaciones ilegales a terceros países. Según José Pérez, consejero delegado de Recyclia, “la Directiva exige a los productores el cumplimiento de unos objetivos de reciclado del 45% de los aparatos comercializados en 2016 y del 65% en 2019. Éstos sólo podrán alcanzarse si conseguimos que los fabricantes que asumen su responsabilidad puedan ejercerla en un entorno de igualdad, lo que requiere un marco jurídico que persiga y sancione contundentemente las prácticas contra el medio ambiente y la competencia desleal”.