Carreteras españolas: incógnitas, desafíos y perspectivas

Las infraestructuras han desempeñado un papel esencial en el desarrollo económico y social de España. La calidad de nuestra red de aeropuertos, puertos, carreteras y alta velocidad ferroviaria ha hecho posible la vertebración y cohesión del territorio; asimismo, ha impulsado la competitividad en sectores clave de la economía, como el turismo y las exportaciones, provocando un impacto positivo en términos de retorno fiscal, creación de empleo y promoción de la industria nacional, y contribuyendo al bienestar social a través de la reducción de los costes externos del transporte y el acceso a los suministros básicos prioritarios.

Descritos el pasado inmediato y el presente de las infraestructuras, su futuro se presenta, sin embargo, con no pocos interrogantes.

Según el Banco de España, el gasto social en sanidad, prestaciones sociales y vivienda representa un 25% del PIB, frente al 16% del año 1980. Las tendencias globales y los factores de cambio están transformando nuestra economía a pasos agigantados y seguirán condicionando en el medio plazo el gasto público y su priorización.

Con carácter general, los recursos presupuestarios derivados de los impuestos han de asignarse a la construcción de las infraestructuras y equipamientos públicos básicos. No tanto así su mantenimiento y conservación. En las economías más desarrolladas, son el usuario y el beneficiario quienes financian aquellas infraestructuras y servicios que utilizan.

La realidad es tozuda en este sentido. La crisis sufrida en la última década en España y el conjunto de Europa ha azuzado con especial crudeza a las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas, de manera que los distintos gobiernos se han visto abocados a un ajuste imprescindible para la estabilización de las cuentas públicas, en el que la inversión en la conservación de las carreteras ha sido uno de los principales damnificados.

Lejos de mejorar, todos los indicadores apuntan a que la situación se mantendrá sin cambios en los próximos años como consecuencia del incremento del gasto social y por un contexto condicionado por dos factores fundamentales: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea y el Principio de Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas, con una ineludible priorización del pago de la deuda.

Datos de la Asociación Española de la Carretera cifran en 7.000 millones de euros el actual déficit de conservación de nuestras carreteras.

En este escenario, lo único que no cabe es eludir nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras y abandonar a su suerte un patrimonio viario que nos ha costado, a todos, miles de millones de euros construir. Por ello, es el momento, también ineludible, de replantear nuestro modelo tradicional de financiación de las carreteras y dar paso a distintas fórmulas de colaboración público-privada como complemento eficaz de la financiación presupuestaria, distribuyendo los costes de su mantenimiento entre el contribuyente y el usuario de una manera más justa y solidaria.

En España, en todas las infraestructuras de transporte (ferroviarias, portuarias y aeroportuarias) los usuarios directos o quienes se benefician de las mismas pagan por su uso. Con una única excepción: las infraestructuras viarias.

En el 82% de nuestra red interurbana de alta capacidad, la más extensa de la Unión Europea, los usuarios no pagan tasa alguna por la utilización de la infraestructura. Entre otras ineficiencias, este modelo origina una gran desigualdad territorial (cuatro Comunidades Autónomas concentran el 52% de la red de peaje); un modelo que, además, se aleja del que rige en buena parte de Europa, donde actualmente veintitrés países tienen tarificado el 100% de su red de gran capacidad.

Atendiendo al planteamiento programático del Gobierno español, parece que la intención política pasa por poner sobre la mesa de debate el pago por uso de las infraestructuras viarias. Así puede deducirse de las palabras pronunciadas por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante su toma de posesión el pasado 13 de enero.

Hablaba el ministro de la aprobación de una 'gran Ley de Movilidad' que estará llamada, entre otros asuntos, “a resolver las inconsistencias del modelo viario (…) y a avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras del transporte”.

Desde la Asociación Española de la Carretera consideramos inaplazable el debate del pago por uso. No en vano llevamos tiempo haciendo un llamamiento a la necesidad de abrir una reflexión general sobre el modelo de financiación de la conservación de las carreteras en España, asociado a un análisis de la fiscalidad del transporte.

Para nosotros, es éste, sin ningún género de dudas, uno de los asuntos prioritarios en el corto plazo. Pero hay más.

El pasado diciembre presentamos el estudio 'Análisis de la relación entre el estado de conservación del pavimento, el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos'. Según las estimaciones realizadas, que se han basado en pruebas reales con vehículo ligero y pesado antes y después de repavimentar una vía, la principal conclusión es que mejorar el estado de conservación del pavimento de aproximadamente la mitad de nuestra red viaria permitiría reducir las emisiones de CO2 en 1.600.000 toneladas al año, equivalente a lo que emite el tráfico de la ciudad de Madrid durante 8 meses.

Una interesante línea de trabajo en la que vamos a seguir profundizando y que podemos enmarcar dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco del Pacto Verde Europeo, por el que la UE persigue convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050.

Otros asuntos que van a ocupar nuestra atención durante los próximos tres-cuatro años son el concepto de 'Sistema Seguro', que pone el acento en las actuaciones sobre la infraestructura y el vehículo para reducir los accidentes de tráfico, y en el que estamos trabajando bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Y los desafíos de la movilidad del futuro, que vamos a tratar de abordar desde el Foro Español de Smart Roads, una plataforma multidisciplinar en la que nos proponemos generar debate y sinergias en torno a la adecuación de la infraestructura y su equipamiento a la movilidad autónoma, entre otros interesantísimos campos de trabajo.

Existen numerosas incógnitas que despejar en el sector viario español durante los próximos años. Pero también tenemos por delante grandes desafíos y perspectivas que se perfilan optimistas.

Seguimos…