Tribuna

La conservación de carreteras va adquiriendo, poco a poco, la relevancia que merece, tanto en el ámbito político como social, aunque a veces, lamentablemente, solo nos acordemos de ella cuando nos hablan de asumir su coste. En los últimos años hemos visto incrementar su partida en los Presupuestos Generales del Estado, priorizando la conservación y el mantenimiento de carreteras frente a la construcción de nuevas vías, lo cual aplaudimos. A pesar de ello, su financiación sigue siendo una asignatura pendiente en España. Además, hay que tener en cuenta que la opción presupuestaria de la Administración central es factible, por el contrario, la vía presupuestaria en el resto de administraciones de carreteras, comunidades autónomas y diputaciones provinciales y ayuntamientos, tiene muy difícil garantizar los recursos necesarios, sobre todo en las comunidades autónomas que tienen el 80% de su presupuesto comprometido con sanidad y educación, por lo que la disponibilidad de recursos de inversión es insuficiente.

Si bien es cierto que, el debate sobre quién debe pagar la conservación de carreteras en nuestro país no es algo nuevo, en los últimos tiempos ha estado en boca de todos, a raíz del compromiso adquirido por el Gobierno con Europa de implantar la tarificación de las autovías, para luego ser rectificado, coincidiendo con el adelanto electoral. La realidad es que la financiación de la conservación de carreteras es un tema sin resolver.

El Gobierno defiende la insostenibilidad del sistema de financiación actual de las vías de primera generación a cargo de las cuentas públicas, sin embargo, su apuesta por el transporte de mercancías por tren nos lleva a cuestionarnos su repercusión en la inversión destinada a la conservación de carreteras.

Así las cosas, en el sector persisten las preocupaciones sobre la financiación de las carreteras y la necesidad de mantener un enfoque sostenible en su conservación, porque a pesar de los aumentos presupuestarios de los últimos años, los datos reflejan que el déficit en conservación de carreteras sigue incrementando, acercándose a los 10.000 millones de euros, y así continuará incrementándose hasta que se ponga solución. Además, se está apostando fuertemente por el ferrocarril, pero nadie se está planteando un plan claro para financiar la conservación del ferrocarril, que resulta ser una infraestructura también costosa para un sistema de transporte sostenible.

En un país desarrollado como España, con una red de carreteras de primer orden -somos el país europeo con mayor número de kilómetros de autovía-, no podemos olvidar que la carretera es nuestra infraestructura más social, la más utilizada por todos, que garantiza el desarrollo económico y la vertebración de nuestro territorio; clave en la lucha contra la despoblación. Es deber de los gestores públicos dotar a la conservación de carreteras de una financiación adecuada.

Por el momento, la vía presupuestaria es la que se está utilizando para financiar la conservación de carreteras. A nuestro juicio, se debería establecer legalmente un porcentaje no inferior al 1,9% del valor patrimonial para financiar la conservación de carreteras. Una financiación que debe incluir todas las carreteras, tanto la red de alta capacidad del Estado como las redes autonómicas. Además, la inversión en conservación de carreteras debe ser sistemática y constante en el tiempo para no comprometer la movilidad de los ciudadanos, la seguridad de nuestras carreteras y la competitividad del país.

España invierte un 50% menos en conservación de carreteras que los países de su entorno. Aun así, las carreteras españolas están al mismo nivel o, incluso, mejor que las vías de los países del entorno, pese a que la inversión es la mitad, lo que pone en valor el modelo de conservación que se sigue aquí, basado en la calidad de la ingeniería y la profesionalidad de los ingenieros españoles; la excelente normativa, trazado, diseño, especificaciones y refuerzos; y la existencia de un sector específico y altamente cualificado de conservación integral. De hecho, España es el único país de nuestro entorno que cuenta con la tercera característica, lo que demuestra la gran calidad de su aporte al servicio de los usuarios.

Para el correcto funcionamiento del sistema de transportes por carretera y la seguridad de los usuarios es preciso destinar 1.610 millones de euros al año a la conservación de carreteras del Estado, incluidos los 1.000 km de autopistas de peaje revertidas al Estado. Adicionalmente, sería deseable invertir otros 1.628 millones de euros a la red autonómica y 694 millones de euros en las diputaciones provinciales. Sólo así se lograría asegurar una conservación adecuada de todas nuestras vías.