Un recorrido por 2023

A nadie se le oculta que el agua es necesaria para vivir e imprescindible para asegurar un medio ambiente adecuado, como dice nuestra Constitución. La salud de las personas depende de su buen estado y es garantía de paz y prosperidad. Esto se acepta por todos y se dan pasos en orden a su preservación. Se establece normativa, surgen planes hidrológicos, se camina en torno a su digitalización, se habla de infraestructuras (las que emanan de esos planes) y de dinero para acometerlas, pero a la hora de la verdad los presupuestos para realizar estas labores son escasos y cuando hay que hacer recortes para así converger con Europa, siempre van a las infraestructuras. Y es que, como el agua es infinita y sale del grifo, no pasa nada, lo que entre otras cosas es injusto y un fraude social manifiesto, ya que no son eternas y hay que conservarlas y mantenerlas para que den un servicio óptimo y, cuando se cumple su ciclo de vida, sustituirlas por otras.

Ese conjunto de construcciones y de instalaciones forman el stock de capital público que garantiza el progreso y un adecuado servicio a los ciudadanos. En él se cimenta la industria y permite que el agua salga por el grifo; eso sí, con la inestimable ayuda de los operadores, que son el músculo que sostiene el sistema. Cabe recordar la época de aislamiento que se impuso a causa del COVID 19 en la que se recluyeron en sus instalaciones para continuar el servicio, más necesario que nunca.

2023 "ha sido el año de la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo (2022-2027), que contemplan inversiones durante su vigencia de 22.844 millones de euros, de los cuales 6.600 millones se dedicarán a la mejora del saneamiento y la depuración y 2.220 millones a la del abastecimiento", recuerda Aldonza.

En un estudio titulado ‘Análisis de las necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua’, realizado por la Cátedra Aquae, Aeas y la Universidad Politécnica de Catalunya (2019), se hace un inventario de esas infraestructuras, que suponen 2.232 EDAR, 1.640 ETAP, 248.245 kilómetros de redes de saneamiento y de 189.203 kilómetros de redes de abastecimiento. Todo un patrimonio que necesita ser incrementado, explotado, conservado, mantenido y en su día renovado. Patrimonio que debidamente actualizado y cuando llegue a ser óptimo permitirá, entre otras cosas, tener depuradas todas las aguas de España y debidamente completado el abastecimiento. A ver si por fin se terminan las multas impuestas por la Unión Europea por la falta o deficiente depuración en determinadas zonas, que en la actualidad suponen 3,1 millones al semestre, pero que llegaron a ser de 10,3 al semestre, y esto en un solo procedimiento sancionador, pero hay varios más abiertos por otras causas.

Es evidente que las inversiones públicas no son suficientes para satisfacer las necesidades del mundo del agua, por eso se impone dar paso de forma franca a la colaboración público-privada, o lo que es lo mismo, al modelo concesional.

Las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, ni son sostenidas ni sostenibles en el tiempo. De hecho, en lugar de crecer todos los años —al menos en la misma proporción que la inflación— fluctúan cada año y mucho, dando lugar a un modelo en dientes de sierra. Además, no son vinculantes y, por tanto, son susceptibles de cambios, lo que altera su programación y el desarrollo de la planificación.

Esta escasez juega en contra de los recursos dedicados a I+D, ya que las empresas no pueden dedicar a estas labores el dinero que les gustaría. En España el gasto en I+D representa el 1,44 % del PIB (debería alcanzar al menos el 2%) mientras que en otros países este porcentaje es muy superior. Hay que tener en cuenta que las aportaciones de las empresas suponen el 56,4 % del gasto total y las del Estado el 43,6 %, cosa que no sucede en los países que invierten más del 1,44 % del PIB, en los que las empresas aportan al menos el 70%. Si se quiere mejorar la productividad de las empresas —y, por ende, la del país— y que estas tengan tecnología propia es imprescindible invertir más.

Para paliar esta situación no queda más remedio que acudir a la ya citada colaboración público-privada.

Según un reciente informe de la Oirescon, Oficina de regulación y supervisión de la contratación pública en España dependiente del Ministerio de Hacienda, el modelo concesional no termina de funcionar a tenor de la dificultad de definir la transferencia del riesgo concesional, lo que provoca inseguridad jurídica, y la necesaria mejora de los márgenes de beneficio, fijados ahora en el rendimiento del bono a 10 años más 200 puntos básicos, lo que sitúa ese rendimiento en un máximo del 4,56% con independencia del periodo de amortización. Para soslayar esto, es imprescindible modificar el artículo 29.9 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Desindexación. Este tipo de contratos, dada su larga duración, permite desarrollar inversiones para actualizar las instalaciones.

Otro de los aspectos de la problemática que envuelve al agua que no ha cambiado, es el que se refiere a su precio y a su corolario el regulador único.

"Las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, ni son sostenidas ni sostenibles en el tiempo. De hecho, en lugar de crecer todos los años —al menos en la misma proporción que la inflación— fluctúan cada año y mucho, dando lugar a un modelo en dientes de sierra", lamenta el portavoz de la Junta Directiva de Asagua.

El agua la aporta la naturaleza, pero hay que proporcionarle tratamientos y construir infraestructuras para tener un agua de calidad y en la cantidad necesaria, sin olvidar que luego hay que devolverla al medio natural debidamente tratada. Este conjunto de operaciones permite que el agua llegue a los grifos y salga de los hogares, una vez utilizada, convertida en agua residual que debe ser tratada antes de devolverla a la naturaleza. Este conjunto de actuaciones cuesta dinero que el usuario debe pagar para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero el precio lo pone el dueño de las instalaciones y ahí está el problema.

Esta cuestión del precio del agua la resuelve con claridad la ley. En efecto, la Directiva Marco del Agua del año 2000 dispone que el precio del agua tiene que integrar todos los costes, incluidos los de nueva instalación.

Las competencias del ciclo urbano del agua están residenciadas en los entes locales y cada uno pone su precio, incumpliendo la mayoría de las veces el mandato legal, convirtiendo así el precio en un asunto político. El recibo del agua no sube porque ello puede convertirse en una sangría de votos, quizás porque el común piensa que es gratis y el político no se atreve a sacarlo del error, todo ello salvo las excepciones, que las hay. Falta información, mucha pedagogía y también valentía para poner las cosas en orden que, tal y como ha quedado demostrado en muchos ejemplos, la actualización del precio de agua no conlleva pérdida de votos.

Lo dicho nos adentra en la tan necesaria figura del regulador único, que ayudará a resolver esta cuestión, garantizando, además, que el precio sea más uniforme por aquello de la debida solidaridad. Uniforme, que no igual, ya que el coste no es el mismo en todos los casos.

"Las inversiones públicas no son suficientes para satisfacer las necesidades del mundo del agua, por eso se impone dar paso de forma franca a la colaboración público-privada, o lo que es lo mismo, al modelo concesional", insta Antolín Aldonza.

Con respecto a la necesaria y proclamada reforma de los procedimientos administrativos tampoco se han producido cambios; reforma querida por el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, que en honor a la verdad agilizó ciertos trámites, pero esto ha sido todo.

2023 ha sido un año en el que las subidas de precio de los materiales, producidas a raíz de la pandemia y las guerras, han seguido vigentes. Ha sido el año de la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo (2022-2027), que contemplan inversiones durante su vigencia de 22.844 millones de euros, de los cuales 6.600 millones se dedicarán a la mejora del saneamiento y la depuración y 2.220 millones a la del abastecimiento y con ellos se pretenden realizar 6.500 medidas. Muchas son y poco el dinero teniendo en cuenta el déficit que acarrea el sector y la falta de medios materiales y de personal.

En lo relativo a las licitaciones, tampoco se han producido cambios. La ley quiere que la oferta adjudicataria sea la que conlleva la mejor relación calidad-precio, esto es, aquella que mejor haya estimado las necesidades que busca satisfacer el proyecto y su solución, lo que implica un buen conocimiento técnico y una oferta económica realista, conjunto que vendrá a garantizar el desarrollo del contrato y su buen fin, evitando desviaciones no queridas. Como es obvio, esa garantía para conseguir la mejor relación calidad-precio se logra, como hemos dicho, con una buena oferta técnica y un precio adecuado, para lo cual es menester igualar el valor de las dos ofertas, dando incluso la primacía a la primera e introduciendo umbrales de saciedad en las fórmulas que se utilizan para valorar la segunda. Sería conveniente que los órganos de contratación a todos los niveles —central, autonómico y local— utilizaran un mismo pliego. No es la primera vez que aflora esta idea.

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y la conservamos, por eso confiamos que en 2024 se den los pasos hacia adelante que hemos esperado. Por último, me gustaría añadir que el mundo del agua es grande: de ello dan cuenta los 27.000 empleos directos, los 35.000 indirectos y una facturación de 7.500 millones/año que emanan solo del ciclo urbano del agua.