Anci reclama “una solución urgente a los sobrecostes que siguen lastrando la ejecución de los contratos de obra pública"

Anci, la asociación de las constructoras no cotizadas, ha celebrado su Asamblea General anual en la madrileña sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Durante la misma, la presidenta de Anci, Concha Santos, ha reclamado “una solución urgente a los sobrecostes que siguen lastrando la ejecución de los contratos de obra pública”. Además, ha incidido en la necesidad de “retomar una revisión de precios estructural y automática, que alcance a todo tipo de contratos públicos, y que adecúe a la realidad todos los costes, incluidos los salariales”.

Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, Concha Santos, presidenta de Anci, y Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras del Mitma, durante la Asamblea General.

1. Licitar los contratos públicos con presupuestos actualizados con precios de mercado, con el fin de evitar licitaciones desiertas.
2. Incrementar el límite de la revisión excepcional del precio de los contratos públicos prevista en el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, del 20 al 30%, para garantizar la adecuada ejecución de los contratos actualmente en curso.
3. Retomar el carácter automático y estable del régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), para asegurar la viabilidad y el equilibrio económico de los contratos públicos de larga duración.
4. Incluir la mano de obra dentro de los costes revisables en el régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la LCSP, para mantener el equilibrio de las prestaciones inicialmente pactadas en un entorno de creciente evolución de los costes salariales.
5. Adecuar el sistema de clasificación del contratista a la gestión actual de las obras por parte de las empresas, con el fin de que los criterios y condiciones exigidos para la clasificación supongan un reflejo fiel de la solvencia técnica y económica real de las empresas contratistas, y no resulten en una restricción del número de empresas a disposición del sector público contratante.
6. Mantener el nivel de inversión que permita acometer las infraestructuras necesarias en cada momento y atender al correcto mantenimiento de las existentes, superando la infradotación que se arrastra desde hace años, mediante una planificación independiente de ciclos económicos y políticos. En particular se considera imprescindible y urgente acometer aquellas infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua.
7. Establecer el marco regulatorio que permita la utilización de la Colaboración Público Privada, con el fin de disponer de un modelo complementario a la inversión procedente de los presupuestos públicos, en aquellos contratos de interés para los inversores privados.
8. Orientar el destino de los fondos europeos hacia las oportunidades y necesidades en materia de infraestructuras, para utilizar el potencial dinamizador de la economía y generador de empleo del sector de la construcción.
9. Revisar el régimen de utilización de los medios propios en la contratación pública, restringiendo los supuestos admisibles y obligando a un sistema de publicidad efectivo, para evitar que un recurso que debería ser excepcional se convierta en habitual.
10. Establecer medidas compensatorias de los costes adicionales que suponen para las empresas los compromisos medioambientales, sociales y de digitalización.
11. Velar por que todas las iniciativas relacionadas con la contratación pública (modificaciones del marco normativo, tamaño de los contratos, requisitos para contratar, etc.), permitan siempre la existencia de un tejido empresarial rico y diverso que garantice un nivel de competencia adecuado, y, con ello, la eficiencia de la contratación pública.
12. Fomentar la incorporación de mujeres y jóvenes, para aprovechar todo el talento disponible y aumentar la competitividad del sector.