La patronal lamenta que solo el 6,7% del total de los fondos Next Generation haya sido destinados a infraestructuras

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, ha señalado la necesidad de prorrogar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation de la Unión Europea ante la baja ejecución de los PERTES (Proyectos Estratégicos Para La Recuperación y Transformación Económica) y los más de 106.000 millones de ayudas adicionales pendientes de ejecutar. En la rueda de prensa para hacer balance del sector celebrada en la sede de Ceoe, Julián Núñez, presidente de Seopan, ha manifestado la necesidad de hacer modificaciones en el modelo de contratación pública ante el riesgo de que las obras queden desiertas.

En su intervención, Núñez, ha señalado que de los 173.525 millones de euros que corresponden a España de estos fondos, solo 11.619 han sido destinados a infraestructuras, el 6,7% del total. Cifra que el presidente ha contrastado con el plan de recuperación italiano, que destina 13.210 millones a infraestructuras de alta velocidad ferroviaria (frente a 2.154 millones que corresponden a Adif Alta Velocidad) y 8.580 millones a movilidad sostenible (4.536 millones son los que destina el plan español a este capítulo). Además, ha lamentado que no se haya destinado una mayor inversión a las infraestructuras hidráulicas que, estima, podrían haber recibido 7.000 millones de euros adicionales para hacer frente a sus necesidades.

Seopan también ha reclamado la modernización y actualización de la contratación pública en España ante el reto de ejecutar más de 212.000 millones de euros procedentes de ayudas europeas. La asociación que representa a las grandes empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras ha puesto el foco en la Ley de Desindexación, ya que esta “desincentiva la inversión privada”. Como ejemplo, Núñez expuso que la Oficina Nacional de Evaluación emitió 28 informes en 2022 con resultado desfavorable en 7 de cada 10 expedientes de concesiones presentados, que afectan a 3.000 millones de euros.

Una de las principales demandas de la patronal es la incorporación de los servicios conservación, mantenimiento y operación de carreteras, ferrocarriles y ciclo integral del agua a la ley de revisión de precios. La propuesta, que ha sido rechazada por el Ministerio de Asuntos Económicos, incluye revisar los costes de la mano de obra y de la energía, que llegan a representar hasta el 45% en contratos de vías y ferrocarriles y un 31% en los referentes al ciclo del agua. “La propuesta es muy razonable”, asegura Julián Núñez. “Estamos hablando de contratos de servicios adscritos a infraestructuras, aquellos que fueron declarados esenciales en pandemia y no dejaron de trabajar un solo día. Representan menos de 2.000 millones de coste anual”.

Núñez adelantó que 2023 continuará siendo un año de “enorme inflación para el sector”, y hasta 2024 no prevé una moderación de los precios del entorno del 3%. Para hacer frente a esta escalada de costes, considera “imprescindible“ la prórroga de la revisión excepcional de precios incluida en el Real Decreto-ley 3/2022, aunque desde el sector hay pesimismo al respecto: “A un mes del vencimiento, si no hay comunicación alguna del Ministerio de Economía es porque no lo va a ampliar”, señala. Como medida adicional, solicita eliminar el límite del 20% de techo revisable que establece la ley, ya que “el 85% de las obras públicas lo está superando”.

Las perspectivas presentadas por la asociación para 2023 estiman un incremento en la producción del sector de la construcción del 4%. Destaca el incremento previsto para la obra civil, del 11,8%. También es notable el crecimiento esperado para la edificación no residencial (+5,6%), siendo más moderado en el caso de la rehabilitación residencial (+2,4%). La obra nueva residencial se mantendría plana (+0,3%).