Tribuna

Iniciamos un año 2023 que es crucial para afianzar la senda de la recuperación tras la pandemia del COVID. Y la Construcción será una pieza clave en ella, participando activamente en la política de inversiones sostenibles para la recuperación y transformación de nuestro país, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante 2022 y gracias a la llegada de los fondos europeos Next Generation, se ha incrementado considerablemente el ritmo de las licitaciones de obra pública. Tenemos mucho trabajo por delante para conseguir ejecutar de aquí a mediados de 2026 todas esas obras financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, además, hay que hacerlo en un contexto complicado e incierto, marcado por el desorbitado incremento del precio de las materias primas y de la energía iniciado a mediados de 2020. Un incremento sin precedentes. Baste decir que el índice de costes del sector de la construcción que publica periódicamente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha crecido entre enero de 2021 y octubre de 2022 más que en todos los años desde que se inició la serie en 2005.

Conscientes de la complicada situación y del riesgo implícito para la ejecución de unos fondos europeos que son esenciales para la reactivación económica de nuestro país, todos los agentes del sector -administraciones, empresas y organizaciones empresariales- hemos estado colaborando para establecer un marco que diera estabilidad y garantizara la viabilidad de los contratos de obra pública, permitiendo la continuidad de las obras en curso y mitigando las incertidumbres que frenaban la concurrencia a las licitaciones. Así, en marzo de 2022, se publicó el primer Real Decreto Ley que contenía un mecanismo excepcional de revisión de precios para los contratos de obras.

Era, es, una buena medida, pero, desafortunadamente, se ha visto desbordada por la mala y rápida evolución de la economía. Los costes de las materias primas y, sobre todo, de la energía, siguieron creciendo. Y los límites para su compensación impuestos por el mecanismo hace meses que se han visto superados. Los índices que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística y que se utilizan para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas marcan incrementos, entre enero de 2021 y junio de 2022, del 68% en los materiales siderúrgicos, del 59% en el aluminio, del 22% en el cemento, del 81% en los materiales bituminosos y del 88% en la energía. De esta forma, los sobrecostes en las obras superan con mucho el 20% marcado como límite en el mecanismo excepcional, llegando incluso a duplicarse.

Se ha modificado el Real Decreto Ley con otros dos Reales Decretos y con una Orden Ministerial y, a pesar de estos pasos en la buena dirección, no se llega a alcanzar un equilibrio razonable, por lo que las empresas constructoras siguen soportando importantes sobrecostes que suponen un riesgo para la viabilidad de las obras.

De hecho, sólo entre octubre de 2021 y octubre de 2022, la Confederación Nacional de la Construcción cifraba en cerca de 2.000 las licitaciones que habían quedado desiertas, por un importe de casi 900 millones de euros, lo que supone alrededor del 10% de lo licitado por el conjunto de las administraciones. En cuanto a las obras en ejecución, no es fácil cuantificar su ritmo de avance, pero sí lo es entender que esta situación no es la más propicia para garantizar su agilidad.

Ya tenemos una herramienta de revisión de precios, sólo nos queda adaptarla a la realidad que vivimos hoy. Es la tarea pendiente de este año 2023.

Es necesario, en primer lugar, ampliar su marco temporal para que pueda seguir vigente durante el año, dada la incertidumbre de la evolución de los costes de materiales y energía. Esto fomentaría la concurrencia de las empresas a las licitaciones al acotar el riesgo que asumen al presentar una oferta.

Así mismo, se debe eliminar el tope actual del 20% en dicha revisión. Esto acercaría la compensación al sobrecoste real que están soportando las empresas, garantizando la viabilidad y continuidad de las obras en ejecución.

Por último, y no por ello menos importante -al contrario-, resulta esencial considerar la revisión del coste de la energía. El uso intensivo de maquinaria pesada en las obras públicas implica que su peso es una parte importantísima en la estructura de costes de una obra, la mayor incluso en cierto tipo de obras. Sin embargo, a pesar del extraordinario incremento de los precios de la electricidad y los carburantes, el mecanismo de revisión excepcional de precios excluye expresamente su revisión, sustrayéndose así de ésta una parte muy importante del contrato.

La materialización de los fondos europeos destinados a infraestructuras está siendo mucho más ágil que los fondos destinados a otras componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, el cumplimiento del estricto calendario de ejecución comprometido con Bruselas, se está poniendo en riesgo por las licitaciones desiertas y los retrasos de obras, y esta situación requiere el firme compromiso de eliminar, de forma definitiva, las incertidumbres que aún existen el en sector relacionadas con los sobrecostes derivados de los precios de los materiales y de la energía.

Y junto a esta imprescindible adecuación del mecanismo excepcional de revisión de precios, 2023 debería ser también el año en el que se lograra ajustar el sistema de clasificación de los contratistas a la realidad del mercado.

El sector viene observando con preocupación el empeoramiento sistemático de clasificaciones en las empresas, derivada de un desajuste del sistema actual de clasificación con el funcionamiento y la gestión real de las empresas, ya que, en la práctica, mantienen la capacidad y la experiencia necesaria para ejecutar las obras.

La clasificación del contratista es la herramienta básica de las empresas constructoras para contratar con las Administraciones Públicas, por lo que una pérdida generalizada de clasificaciones en las empresas que habitualmente contratan con la Administración Pública, supone la limitación del número de éstas que pueden acudir a las licitaciones. Además del daño a las empresas, que ven reducida su capacidad de contratar, esta situación de limitación de la concurrencia redunda en una menor eficiencia de la contratación pública, hecho tanto más preocupante en este momento en el que es preciso un firme compromiso de todos los agentes del sector para ejecutar las inversiones ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Resulta pues crucial adecuar, de manera urgente, el sistema de clasificación a la realidad actual y evitar que ciertos criterios, que con el paso de los años y la evolución del sector han quedado obsoletos y alejados de la realidad del mismo, sigan afectando a las empresas y a la contratación pública.

2023 puede ser un buen año para la construcción. Debe serlo, porque supondrá entonces un año de dinamización de la economía española al calor de los fondos europeos. El sector de la construcción ha demostrado durante el año pasado, y a pesar de todas las dificultades, que la materialización de esos fondos europeos asignados a sus proyectos lleva mucha ventaja respecto al resto de sectores.

Establecer el marco que asegure la ejecución de todos estos proyectos es esencial y urgente y requiere del firme compromiso de todos los que, de una manera u otra, participamos en ellos.