Tribuna

Nubes de evolución y chubascos dispersos

Jacobo Díaz Pineda, director general de AEC (Asociación Española de la Carretera)

18/01/2023

Acaba de terminar 2022 y, para el sector viario, la lluvia de millones descargada desde la Unión Europea vía fondos Next Generation ha pasado de largo, dejando apenas chubascos dispersos.

La carretera ha quedado fuera de la mayoría de las ayudas establecidas por los mencionados fondos y su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con una presencia residual en los seis ámbitos de actuación que este Mecanismo establece: transición ecológica; transformación digital; empleo y crecimiento inteligente, sostenible e integrador; cohesión social y territorial; salud y resiliencia, y políticas para la próxima generación, incluidas la educación y el desarrollo de capacidades.

Sin embargo, la lógica parece indicar que la industria viaria sí tiene cabida en esos espacios de actuación. Claramente en la transición ecológica, de la mano de una movilidad verde, segura e inteligente que permita dar respuesta a retos como la descarbonización, la conectividad o la economía circular.

O en el ámbito de la cohesión social y territorial, imposible de alcanzar sin una malla viaria extensa y de calidad.

Bruselas, no obstante, ha vuelto a apostar por otros modos. De ahí que, entre las numerosas iniciativas que se han financiado el pasado año o que está previsto que se financien en los próximos meses, muy pocas representen proyectos encaminados a acometer la trasformación digital y ecológica de la movilidad por carretera.

Es cierto que se han planteado iniciativas en el campo de la gestión del tráfico, de la transición hacia una iluminación más eficiente, la adaptación de los túneles a los requisitos de seguridad europeos, la reducción del ruido o la construcción de aparcamientos, así como proyectos para promover la utilización de medios, maquinaria y materiales más sostenibles. Sin embargo, se echa en falta un programa integral, orientado hacia la verdadera transformación del modo viario, que contemple toda la red con independencia de su titularidad, y que considere todo el ciclo de vida de las carreteras.

Y mientras los fondos europeos fluyen hacia modos ajenos al carretero, otro proyecto presentado por el Gobierno a la Unión Europea dentro de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia navega a la deriva: el pago por uso. En el mencionado Plan se establece que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de las infraestructuras”.

En este último año, hemos podido oír de forma recurrente a distintos responsables gubernamentales poner fecha a la entrada en vigor de esta medida, pero su rechazo social ha provocado que, una y otra vez, se haya pospuesto. La última noticia al respecto es que el Gobierno aplaza el pago por uso de las autovías hasta después de 2024. Sin embargo, tampoco esta nueva declaración disipa la incertidumbre del sector, que se pregunta si esa decisión es definitiva o habrá más cambios en este año que comienza.

Por otro lado, hay cuestiones de fondo que convendría aclarar. Como, por ejemplo, cuál será el modelo elegido para ese pago por uso (bono de movilidad, euroviñeta...). O cuál será su alcance respecto de las redes afectadas: ¿Se impondrá solo en vías de gran capacidad o se ampliará a las convencionales? Preguntas que no han tenido respuesta en 2022 y que, dadas las perspectivas, tampoco parece que la vayan a tener en 2023.

Con pago por uso o sin él, lo que sí resulta absolutamente necesario es tener un sistema de financiación estable que permita el funcionamiento correcto del modo viario, con inversiones suficientes para una óptima conservación de las infraestructuras existentes, así como para su digitalización. Ambas medidas muy pertinentes si queremos aumentar la seguridad vial en un momento en el que la tendencia de la siniestralidad se dibuja claramente al alza.

El balance de 2022, presentado hace unos días por el Ministerio del Interior, así lo confirma, con 1.042 accidentes mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.145 personas, 44 muertes más que en 2019 (+4%), año de referencia previo a la pandemia.

Por lo tanto, en el ejercicio que comienza necesitamos, de forma urgente, políticas de refresco con las que encarar la seguridad vial y evitar un enquistamiento —o lo que sería peor, un incremento continuado— de las cifras de accidentalidad.

En la Asociación Española de la Carretera, venimos abogando desde hace tiempo por unas nuevas líneas de trabajo basadas en el Sistema Seguro, con medidas que pasan, entre otras, por la creación de carreteras 2+1 —con barreras fijas de separación de sentidos—; el uso de tecnologías de conectividad y automatización de vehículos y vías, o el empleo de formas de construcción innovadoras y equipamiento inteligente.

Dejando a un lado la seguridad vial y entrando en el campo de la sostenibilidad ambiental, otros nubarrones se ciernen sobre este 2023. Concretamente, en lo que se refiere a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, esta medida ha entrado en vigor el 1 de enero. Sin embargo, apenas una veintena de ciudades ha podido ponerla en funcionamiento.

La tardanza en la aprobación del Real Decreto que regula estas ZBE —que no estuvo listo hasta el 27 de diciembre pasado—, unida a la falta de tiempo para elaborar unas ordenanzas municipales acordes, ejecutar las obras necesarias e informar a los ciudadanos, han provocado una ralentización en la ejecución de esta herramienta, fundamental, no lo olvidemos, para reducir la contaminación de las ciudades.

En la parte positiva, que también la hay, no podemos dejar de citar las previsiones del Banco de España en cuanto a la marcha de la obra civil. Según el organismo regulador, este segmento constructivo experimentará un crecimiento superior al 6% este año, convirtiéndose en uno de los principales motores de la construcción, tanto en España como en Europa.

Un rayito de sol en un cielo que no termina de despejarse.