Tribuna

Al finalizar cada año es bueno hacer el balance de lo que fue o, mejor dicho, de cómo le fue al sector del agua. No se trata de caer en la nostalgia, ni tampoco en la desesperanza. Lo que procede es una revisión objetiva y crítica de los avances, retrocesos o estancamientos que se han producido.

Es verdad que el año estuvo marcado por una serie de acontecimientos catastróficos impredecibles cuando todavía quedaban secuelas importantes del COVID-19, pero no es menos cierto que esa cultura de estabilidad en las inversiones tan añorada -es hora de programarlas de forma que el sector sepa con antelación lo que espera, desterrando los dientes de sierra, es decir, de hacer una planificación que sea sostenida y sostenible- es imprescindible para cumplir los objetivos económicos y sociales que todo buen gobierno debe procurar a sus gentes. Antes lo impidió el ajuste fiscal, ahora esas secuelas y la guerra.

Hemos hablado de gobierno, de un gobierno en abstracto. Y de nuevo nos referimos a él. ¿No es su función hacer frente a estos avatares ayudando al tejido productivo? Sí, y así lo han entendido adoptando soluciones más o menos acertadas que, en algunos casos -sino en todos- han resultado insuficientes.

El agua cumple unas funciones sociales indiscutibles, pero ello no puede hacernos perder de vista las económicas. Guste a no guste el agua tiene un valor, que no es otro que el gasto que supone el conjunto de operaciones a las que se somete para que llegue limpia y de calidad a los hogares y retorne otra vez a las masas de agua también limpia, incluidas las inversiones. Es importante subrayar que este precio del agua ha de ser satisfecho por el consumidor para garantizar la continuidad del servicio por cuanto tiene de utilidad para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras. La realidad climática y demográfica de España nos dice que el agua no vale igual en todas sus partes, por eso se impone la creación de un regulador único que, atendiendo al principio de solidaridad, implante unas tarifas sensatas que incluyan todos los costes, como manda la Directiva Marco del Agua, y más o menos homogéneas. Para conseguirlo hay que lograr un pacto a escala nacional que lleva varios años dormido, así que en este aspecto ha continuado el estancamiento.

No se ha cumplido la promesa de aprobar los planes hidrológicos de cuenca -hemos cambiado de año y no se han aprobado-, ni tenemos actualización de la Ley de Aguas ni Plan Hidrológico Nacional y el PERTE para la digitalización del ciclo del agua camina a ritmo lento, pero eso sí, se mueve. Cosa importante que lo haga ya que de su mano ha de aflorar la modificación de Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público y contribuirá a mejorar la gobernanza del agua.

El covid-19 y sus secuelas han estado presentes, a lo que se ha sumado una guerra en Europa que continúa. La presencia de estos acontecimientos ha hecho que los precios subieran de forma espectacular y se produjeran fuertes demoras en la entrega de los suministros; hechos que han afectado a la economía en general y al sector de la construcción y servicios en particular. Ante esta situación los gobiernos han reaccionado adoptando medidas más o menos afortunadas. En España se ha restablecido la revisión de precios para los contratos de obra, no así para los de servicios; revisión que no contempla el término energía, ni alcanza a ciertos materiales muy afectados por la elevación de los precios, y que limita la indemnización.

Los servicios de operación y mantenimiento, entre ellos los del ciclo urbano del agua, continúan privados de esta revisión, pese a que la energía forma parte en un 40% de la estructura de costes de la explotación de una EDAR y los reactivos no han obviado la subida de sus precios. Como consecuencia, los operadores se están viendo obligados a trabajar en pérdidas, pero ¿hasta cuándo podrán hacerlo? La pregunta es procedente porque si bien se trata de servicios esenciales -abastecimiento, saneamiento y depuración- de los cuales depende el bienestar de la sociedad y, por tanto, no se pueden interrumpir, estos quedarán desatendidos en el caso de que la empresa explotadora fracase, esto es quiebre. Luego vendrán los lamentos y el arreglo de la situación, lo que puede suponer por su rapidez que la explotación continúe como emergencia con precios superiores a los que tenía el operador quebrado. Esta posibilidad está ligada a los contratos en vigor al tiempo de las subidas excepcionales, ya que los nuevos pueden establecer precios sensatos. A todas luces es una situación injusta que supone el enriquecimiento ilegítimo de las administraciones públicas.

Dijimos que se había producido un aumento de las licitaciones y eso es bueno porque, a su sombra, se beneficia la I+D+i privada, que ha remontado ligeramente, y se pone orden en el mercado por cuanto las bajas tienden a limitarse y más cuando se ponen los medios para que esto ocurra, no utilizando fórmulas lineales, incrementando el valor de la documentación técnica y utilizando umbrales para valorar ciertos aspectos técnicos y económicos.

Estamos hablando de un sector, el del ciclo urbano del agua, que factura más de 7.500 millones de euros y genera 27.000 empleos directos y 35.000 indirectos.

Este panorama nos adentra en 2023 con la confianza de pensar que la situación mejorará y habrá cambios importantes en pro de un futuro mejor.

Estamos hablando de un sector, el del ciclo urbano del agua, que factura más de 7.500 millones de euros y genera 27.000 empleos directos y 35.000 indirectos