El déficit en conservación vial roza los 10.000 millones

El déficit en la conservación de las carreteras españolas se aproxima a los 10.000 millones de euros, según datos de el informe sobre “Necesidades de Inversión en Conservación” elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC). Este estudio se ha desarrollado durante el segundo semestre de 2021 y afecta tanto a las vías gestionadas por la Administración General como a las autonómicas y de las Diputaciones Forales.

El informe señala que, en su estado actual, la red vial del estado “no está preparada” para convertirse en una infraestructura conectada y verde, como marcan las líneas de acción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Pato Verde Europeo o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pese a que en los últimos años los recursos destinados a la conservación de carreteras en los PGE (Presupuestos Generales del Estado) han aumentado considerablemente, el déficit acumulado durante los ejercicios anteriores sigue suponiendo un lastre.

“Nuestras carreteras son razonablemente seguras, pero están lejos de ser la base para una movilidad sostenible y conectada, y esta situación nos inquieta. Desde la AEC asistimos a un deterioro preocupante del estado de nuestra red y este declive se debe al descenso de las inversiones en conservación que hemos tenido en los últimos años”, ha dicho Elena de la Peña González, subdirectora general técnica de la AEC.

Según datos de ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras), en el año 2017 España estaba a la cola de los países europeos en cuanto a inversión en conservación de la red de carreteras. En total, nuestro país invirtió 22.489 euros/km equivalentes, mientras que, por ejemplo, Italia destinó casi el doble, 41.537 euros/km.

Pese a los problemas para la conservación, el informe de AEC concluye que el 70% de la red viaria es segura, teniendo en cuenta el estado del conjunto que presenta el firme, la señalización vertical y horizontal, y los elementos de contención y balizamiento. Sin embargo, solo el 43% de las vías en el país están preparadas para adaptarse a la futura movilidad conectada y autónoma, y a penas el 14% podría iniciar el proceso de transición ecológica derivado de los compromisos internacionales.

La Estrategia “Sistema Seguro”, la Ley de Movilidad y la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada son varios de los retos que se encuentran en la hoja de ruta de nuestro país. La AEC ha advertido que “estos objetivos se verán amenazados si la situación de las infraestructuras viarias no da un giro de 360º”. Asimismo, el Pacto Verde Europeo tiene por objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050, algo que desde la asociación han calificado como “una quimera desde la óptica en la que las administraciones públicas españolas han instalado sus políticas de movilidad”.

Para recuperarse de esta situación sería necesaria una inversión de 9.918 millones de euros. Los cálculos de la asociación estiman que 3.261 millones para la red que gestiona el Estado, la cual tiene una longitud de 26.400 kilómetros, y 6.657 millones en la que administran los gobiernos autonómicos y forales, que suma un total de 75.300 kilómetros.

“Durante el estudio, hemos evaluado 3.000 puntos de 100 metros cada uno en los que se han tomado 30.000 fotografías. En estas zonas se han obtenido datos sobre 300 señales verticales, 900 km de marcas viales, 200 km de barrera metálica y 20.000 elementos de balizamiento, junto con 3 millones de metros cuadrados de pavimento. Todos estos datos son explotado y verificados, para determinar el estado de las carreteras y las necesidades de inversión”, ha explicado Enrique Miralles Olivar, director técnico de la AEC.

Estado de la carretera

De los 101.700 kilómetros representados en la muestra auditada por la AEC (26.400 kilómetros de la red del Estado y 75.300 de la red autonómica), un total de 13.000 presentan deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento. Roderas, grietas en las rodadas, agrietamientos gruesos, disgregaciones, deformaciones y grietas erráticas son los daños más frecuentes.

El estudio señala que el deterioro de los pavimentos sigue aumentando, aunque en esta ocasión en menor medida que años atrás. Una situación que el informe achaca al “efecto Covid”, derivado de las restricciones de movilidad a causa de la pandemia.

En cuanto al déficit, el pavimento acumula un 95% del total, lo que se traduce en 9.456 millones de euros de inversión en reposición y refuerzo de firmes, con los precios actuales y teniendo en cuenta el conjunto de la red española. De la Peña ha aseverado que “esta es una tendencia que solamente se puede corregir con unas inversiones en conservación significativas. Y en el caso de los firmes estamos hablando de un déficit muy considerable”.

«Lo bueno de tener un histórico desde el año 85 es que podemos establecer una evolución de estas calificaciones y de las necesidades de inversión«.

Enrique Miralles Olivar, director técnico de la AEC.

En este aspecto hay que destacar la situación del País Vasco, “un territorio en el que todos los indicadores resultan paradigmáticos como modelo de red segura preparada para dar el salto hacia la digitalización y la transformación ecológica”, han señalado desde la asociación.

Otros indicadores

El balizamiento y las marcas viales son los indicadores más favorables para la red española y el informe destaca la mejora en su estado con respecto a los datos de 2019. Pese a ello, la AEC concluye que deberían repintarse las marcas viales de 20.000 kilómetros de carreteras en España, un total de 2.500 kilómetros en el caso de la Red del Estado, y de 17.500 kilómetros en las vías autonómicas y de las Diputaciones Forales. El coste de esta actuación asciende a 43 millones de euros (5,4 y 37,5 millones, respectivamente).

Del mismo modo, la señalización vertical se mantiene en valores muy similares a los de la última auditoría. Desde la asociación han advertido que es necesario renovar 100.000 señales en la red del estado. Un grupo en el cual más de 67.000 supera los siete años de antigüedad, periodo en el que caduca el material reflectante. La reposición de estas 100.000 señales tendría un coste de 36 millones de euros.

A su vez, en la Red Autonómica es preciso cambiar 260.000 señales, lo que requiere una inversión total de 62,5 millones de euros. En este caso, la investigación cifra en 166.000 las señales cuyo material retrorreflectante ha superado la fecha de uso recomendada por el fabricante.

Por otra parte, la asociación ha calificado el estado de las barreras metálicas como deficiente, aunque se observa una ligera mejora con respecto al periodo anterior. De acuerdo con los datos del informe, “320 millones de euros de inversión contribuirían a mejorar este elemento. Una cifra que se distribuye en 135 millones para las barreras de la Red del Estado, y 185 millones para las instaladas en la Red de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales”.

«En cualquier caso, el déficit en conservación de estos elementos alcanza unos 400 millones de euros, lo que también es una cifra significativa».

Elena de la Peña González, subdirectora general técnica de la AEC.

Problema de los precios

A la difícil coyuntura de las carreteras en nuestro país se suma un panorama global ciertamente desalentador. Desde mediados de 2020, tras todos los problemas derivados de la pandemia, las materias primas han experimentado un aumento de los precios sin precedentes. Una subida a la que desde mediados de 2021 se han unido los precios de la energía. A partir de aquel momento, el gas, el petróleo o el carbón han registrado variaciones mensuales nunca antes vistas, influidas por los bajos inventarios de gas en Europa tras el invierno, la demanda generada por la reactivación económica post-pandemia, el incremento del precio de las emisiones de gases de efecto invernadero, la estructura europea del mercado energético, o el aumento de la demanda de las regiones asiáticas.

El índice Dow Jones de commodities, que refleja movimientos en los precios de los contratos de futuros de un conjunto diversificado de materias primas, muestra como desde julio de 2020 el precio de las materias primas energéticas, por ejemplo, el petróleo o el gas ha aumentado un 110,04%.

Según datos del informe de ANCI (Asociación Nacional de Constructores Independientes) sobre la evolución de los precios de las materias primas y su impacto en las obras del mes de junio, entre enero de 2021 y junio del 2022, se han alcanzado incrementos del 95% en el barril de Brent, el 98% en la energía, y un 63% en los materiales siderúrgicos. Esta subida se traduce en un incremento del 36% para las obras de carreteras, un 18% en las ferroviarias, un 22% en las portuarias y un 24% para las aeroportuarias. Estos datos revelan que las obras de carretera son las más afectadas por la subida de precios, lo cual puede suponer un peligro para la conservación de la red estatal.

Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas incluyendo la revisión excepcional de precios en los contratos de obra pública. Pese a las muchas modificaciones del Real Decreto-ley 3/2022, siete en total, el Ejecutivo no ha incluido los contratos de servicio dentro de esta norma, ignorando las múltiples peticiones del sector de la conservación.

ACEX ha asegurado que la escalada de la inflación, el sobre coste de las materias primas y el precio de las energías tienen un impacto muy similar en los contratos de obras y en los de conservación. Y desde la agrupación llevan meses intentando que los contratos de conservación puedan acogerse también a las medidas del Real Decreto.

Por otra parte, el informe de la AEC incorpora unas estimaciones “conservadoras” con respecto a la escalada de precios, a fin de obtener unos resultados más próximos a la realidad actual. Sin embargo, desde la asociación han advertido de los graves problemas que puede suponer esto para la red de carreteras y han asociado esta nueva cifra récord en el déficit a los precios desbocados de los materiales.