Entrevista con Julián Núñez, vicepresidente de Seopan
Los últimos meses han sido especialmente convulsos en el sector de la construcción. Al anuncio del Plan Extraordinario de Infraestructuras con una inyección de 17.000 millones de euros le siguió el mazazo del plan de ajuste del Gobierno para la reducción del déficit, con un tijeretazo de 6.400 millones en inversión pública. De estos y otros asuntos de actualidad hemos hablado con Julián Núñez, vicepresidente de Seopan y copresidente del Comité Organizador de Expomatec.
Por Lucas Varas
Por un lado se perciben signos de recuperación económicos, mientras que por otro llegan los recortess más serios a causa de la crisis, como los 6.400 millones destinados a inversión pública. ¿Se podía haber evitado un tijeretazo tan grande en el sector?
El Gobierno presentó el 29 de enero el programa de estabilidad presupuestaria, un programa necesario que España tenía que hacer, con el objetivo de alcanzar un déficit público del 3% en 2013. Era una necesidad que este país tenía que acometer, al igual que otros socios de la Unión Europea, y para poder alcanzar esa cifra una de las medidas que ya recogía aquel documento era realizar un ajuste en la inversión pública. El ajuste inicial que el Gobierno diseñó básicamente lleva la inversión pública del conjunto del Estado en infraestructuras del 4,8% del PIB, que era el valor que inicialmente se estimó en 2009 (aunque finalmente se rebajó al 4,4%), al 2,9% del PIB en 2013. Por tanto ya hay un primer ajuste que se hizo en el mes de enero, cuyo programa evaluamos y del que sacamos la conclusión de que iba a suponer un freno a la licitación pública futura en contratos de obra ordinarios. Pero como a su vez se anunció también el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de 17.000 millones de euros, el sector lo valoró positivamente, lo que tenemos en definitiva es un cambio de modelo. No podemos seguir financiando las infraestructuras con cargo a los Presupuestos Generales del Estado hasta 2013 porque tenemos que cumplir un plan de ajuste que nos marca la Unión Europea y que España necesariamente tiene que cumplir, pero por el contrario tenemos una herramienta que nos va a permitir seguir invirtiendo sin impacto en los presupuestos. Aquello era algo que todo el sector sabía que iba a ocurrir.
¿Y qué valoración se hace del recorte en inversión del mes de mayo?
El segundo recorte anunciado por el Presidente del Gobierno ya es más duro porque va directamente contra las obras en curso que está tramitando el Ministerio de Fomento. Por otro lado, este segundo recorte da todavía más fuerza al PEI porque es la herramienta de que disponemos para poder compensar esa disminución de la inversión pública, y ahora mismo estamos en una fase de evaluación. El Ministerio está evaluando cuáles son los proyectos prioritarios, cuáles no lo son, qué proyectos se pueden reconvertir de una ejecución con cargo a los presupuestos a través de contratos de obras en ejecución con nuevos contratos de concesión… De momento no hay noticias. Sabemos que Fomento presentará a las empresas el plan de ajuste que vaya a hacer antes del verano, por lo menos ese es el compromiso que ellos tienen, porque esta es una cuestión que tienen que evaluar con el Ministerio de Economía y Hacienda. Es una época dura, es un ajuste muy duro el que va a tener la obra pública en España. Esto tenemos que intentar convertirlo en oportunidad, desde el punto de vista de poder fortalecer el modelo concesional, y compensar esa ya consolidada reducción de la inversión pública a través de los presupuestos en un nuevo modelo en el que tengan mayor peso las concesiones de infraestructuras. Algo en lo que, por otro lado, las empresas españolas son líderes en el mundo y tienen una experiencia que va a ser puesta en valor en nuestro país.
De los 15.000 millones de recorte anunciados en mayo, una buena parte lo sufrirá la inversión. ¿Se hubiese podido plantear otro escenario diferente?
Seguramente sí, pero el Gobierno revisó recientemente la previsión de crecimiento del PIB en 2011, la rebajó en 0,5 puntos porcentuales del PIB. Entonces si tú ajustas la previsión, automáticamente tienes que ajustar el plan. Yo entiendo que se podía haber hecho de otra manera, pero lo hecho, hecho está. De todas formas no descartamos que ese ajuste pudiera ser menor. De hecho, el presidente del Gobierno y el propio ministro anunciaron que se estaba barajando rebajar esa cifra de 6.400 millones a 4.000. Lo que tenemos que intentar ahora es que ese ajuste afecte lo menos posible a las obras en ejecución que tienen las empresas. Está ya descontado que el escenario de nuevas licitaciones en los próximos años va a basarse casi exclusivamente en contratos de concesión.
Ya ha habido un primer impacto con el retraso de al menos un año de las obras públicas. ¿Cómo lo ha encajado el sector?
Tenemos dos opciones. Una es parar la obra y rescindir el contrato, y la otra, ralentizar la ejecución. Nosotros preferimos esto último, es de sentido común. Hay que hacer un ajuste, tenemos que intentar detraer ejecución de obra que se iba a hacer este ejercicio o en el siguiente en años sucesivos. Siempre es mejor que tener que rescindir un contrato, por tanto las empresas sabrán adaptarse a ese escenario porque es mucho mejor que perder un contrato que te reduce las perspectivas de producción del ejercicio y te baja la cartera. Es un ajuste de sentido común y en esa línea está trabajando el Gobierno.
¿Es un mal menor?
Sí, siempre es preferible prolongar el plazo de ejecución de una obra que no sea prioritaria, porque ya dijo el ministro Blanco que obras prioritarias como la llegada del AVE a Valencia no se van a tocar. Lo que no puedes es tener un gran eje, una línea de infraestructura importante prácticamente terminada y prorrogarla, porque tiene una rentabilidad económica tremenda.
¿Este recorte de 6.400 millones afecta al PEI?
No, el recorte va fundamentalmente para obras que está en curso, como explicó el ministro de Fomento en su comparecencia. No va a afectar el PEI, no va a rebajar su cuantía de 17.000 millones de euros. Lo que sí puede ocurrir es que reconducir dentro del PEI como nuevas concesiones contratos que ahora mismo se están ejecutando, que es un tema difícil de hacer pero se puede hacer. Eso sí podría dar alguna modificación respecto a los proyectos que el PEI contempla, pero no pensamos en modo alguno que rebaje esa cifra. Es más, nosotros lo que deseamos es que esa cifra se incremente. Hemos un tenido un segundo recorte extraordinario muy importante, así que de alguna forma se debería analizar la forma de incrementar la inversión del PEI.
¿Cuándo se van a realizar las concesiones del PEI?
El Ministerio comentó la posibilidad de poder tener licitaciones antes de verano, pero creo que por algunos ajustes que ha habido en algunas cuestiones lo vemos difícil. Sería deseable, pero descontamos que se pueda empezar a licitar a finales de año. Ahora mismo el Ministerio está realizando unos nuevos pliegos de contratación, tiene unos trámites previos de carácter normativo que hay que resolver. El PEI tiene los proyectos ya identificados y realizados, no tienen ningún problema técnico para su realización, pero hay que hacer unos pliegos que respeten los criterios que Europa y en concreto el Eurostat cada vez está exigiendo con mayor rigor para cumplir el ajuste de déficit público. No le vemos ningún problema para que se ponga en marcha, va a llevar un tiempo porque hacer un pliego y aprobarlo evidentemente es una tramitación que lo requiere.
¿Cuáles son esos ajustes que van a provocar que las concesiones se retrasen?
Las exigencias de la Unión Europea para vigilar el cumplimiento del déficit público del 3%son mayores. Hasta hace poco cualquier nuevo pliego de concesión que la Administración Pública quisiera poner en licitación en nuestro país tenía que tener una autorización previa de la Intervención General de la Administración del Estado, del Banco de España y del INE. Es un grupo de trabajo que se creó hace unos años con el objetivo de validar cualquier nuevo proyecto de concesión que cualquier administración pública pretenda licitar a los efectos de ratificar si las inversiones de esa concesión que se realizan en los primeros años computan o no en el déficit público. Con los nuevos cambios que se han realizado dentro del Gobierno en cuanto a temas normativos de concesiones se da todavía mayor importancia a ese grupo de trabajo. Y ya no basta con que ellos digan que un pliego es conforme y que las inversiones que llevan no van a impactar en el déficit público, sino que además hay que hacer una consulta a Bruselas, a Eurostat para tener plena conformidad, lo que implica que se ralentice un poco más su aprobación.
¿Está ahora España más vigilada desde Europa?
Europa ahora mismo tiene una vigilancia mayor, y España es un país que está dentro de esa lista de vigilados. Esto ha supuesto que se apliquen con mayor rigor determinados criterios. Debo decir también que en ese sentido la experiencia española en la gestión de los fondos comunitarios, en la coordinación de la inversión pública en nuestro país, en la puesta en marcha de concesiones, es modélica. Nuestro país tiene una amplia trayectoria, no solo en las empresas, sino también en la Administración Pública en cuanto a la inversión pública. En ese sentido la Unión Europea puede estar tranquila porque tenemos unos excelentes gestores públicos y privados para poder seguir haciendo obras públicas sin que ello suponga ningún problema.
El plan fue presentado como la mayor colaboración público privada de la historia. ¿La inversión por parte del sector privado se mantiene pese a las circunstancias?
Evidentemente es el plan de colaboración público-privado más ambicioso de nuestro país. Se han licitado concesiones, no solo del Ministerio de Fomento, sino también de las Comunidades Autónomas, los propios Ayuntamientos… Pero este es un plan que de una sola vez pone encima de las mesa 17.000 millones de euros de inversión, nunca se había hecho un plan de colaboración público-privada de esa magnitud. Coincidimos plenamente en que es un plan histórico. En relación a la participación de la parte privada en ese plan, es muy importante que para conseguir el éxito, con las circunstancias actuales que tenemos de restricción del crédito del sistema financiero y la dificultad cada vez mayor que están teniendo las empresas con la reducción progresiva de la actividad, dispongamos de unas rentabilidades adecuadas en esas concesiones, ya que proponer rentabilidades negativas tiene la respuesta automática por parte de las entidades financieras para poder colaborar con nosotros. Tiene que haber también unos pliegos que emitir en determinados riesgos que pueden dificultar la financiación del sector privado. Y, como las empresas van a tener que desembolsar un capital en esa inversión, tenemos que actualizar el marco normativo que tenemos. Hay de hecho un proyecto de ley en tramitación, que es la Ley de Captación de Financiación, que ya recogió en su momento muchas observaciones que nosotros propusimos al texto del anteproyecto. Para lograr el éxito de este PEI, el proyecto debe recoger todas las cuestiones que demandamos desde el sector privado, no solo desde el sector concesional sino también desde el financiero, a los efectos de que tengamos un nuevo marco que permita hacer unos pliegos atractivos y que afiancen la participación del sector privado.
El 70% de la inversión del PEI va a ir a parar al ferrocarril, ¿es adecuada tanta apuesta por la alta velocidad?
Si miramos las inversiones realizadas en los últimos años desde el grupo de Fomento, en el que además del Ministerio están entidades como Adif, el protagonista ha sido el ferrocarril. Por lo tanto, si vas a reconducir proyectos que inicialmente estaban previstos como obras y los vas a hacer como concesiones, es lógico que el ferrocarril tenga más peso, porque ya venía teniendo más peso en las inversiones presupuestarias. Por lo tanto eso es consecuencia del propio Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) y de la apuesta que se hizo por toda la red de alta velocidad. Adif es el primer promotor de obra pública en este país, y todo el impacto presupuestario de los ejes de alta velocidad tiene un mayor peso que las obras de carreteras, donde ya hay más hecho.
Antes del recorte desde Seopan se presentó una caída en la construcción de entre el 8% y el 11%. ¿Empeora este recorte la previsión?
El segundo recorte no estaba estimado en esas previsiones, pero no creo tenga que empeorar este marco. Si al final vas a detraer inversiones de este año para años posteriores, la producción puede caer, pero como se efectuará al año siguiente la situación sería la misma. No hemos querido evaluar esa previsión que hicimos porque no sabemos la cuantía del recorte, por lo que sería más prudente esperar a conocer el alcance real de ese impacto para poder traducirlo en las perspectivas de crecimiento. En cualquier caso las que anunciamos ya eran negativas, por lo que seguramente nos desplacemos al lado más negativo de la banda que presentamos.
¿En el medio plazo qué escenario contempla?
Nadie duda que va a seguir habiendo obras públicas en nuestro país. El problema es que el ajuste ha sido demasiado dramático. Cuando de una inversión que supera el 5% del PIB vas a bajar un 3 ó un 4% estamos ante un ajuste que va a provocar que el sector se tenga que adaptar a ese nuevo escenario. Ya no vamos a vivir la época de exceso de obra pública o de una demanda tan alta. Al ajustarse la demanda la oferta tendrá que hacerlo también, por lo que necesariamente, en este periodo del 2010 al 2013, el sector va a tener que acomodarse a un escenario de menor demanda. Esto puede dar lugar a que las empresas menos solventes lo tenga más difícil para seguir, que la actividad internacional de las empresas sea esencial para poder compensar esa caída de la actividad nacional, apostar por actividades de diversificación… En concreto en Seopan los grupos cotizados son constructores que tienen concesiones de todo tipo de infraestructuras, tanto de transporte como de servicio. Va a suponer una reordenación del sector y va a ser un ajuste que va a reducir drásticamente la oferta actual de empresas que tenemos en nuestro país.
¿Falta vocación internacional por parte de las empresas españoles?
No. Las constructoras españolas llevan ya 40 años en esta faceta internacional, empezaron en la década de los 60 y 70. Ha sido un camino duro y difícil, la actividad internacional no es algo que se consiga de hoy para mañana. Tienes que apostar, destinar recursos, entrar en mercados que desconoces, que aunque todo el mundo crea que los conoce tienes que estar allí para vivirlo. Tenemos empresas absolutamente internacionales, más del 50% de la actividad de las grandes empresas españolas se hace fuera de España. Hay empresas que ya tienen hecho este trabajo, quizá sea más difícil para las empresas constructoras que trabajan exclusivamente en España y que no tienen diversificación. Pero es la única salida para poder compensar esta caída.
¿Entonces el pequeño y mediano empresario debe mirar hacia fuera?
Si quiere mantener un determinado volumen de actividad necesariamente va a tener que compensarlo con una actividad internacional mayor. En Seopan tenemos empresas medianas y pequeñas que ya están trabajando en el extranjero. No son las cifras de las grandes constructoras, pero ya han dado ese salto, se han establecido en uno o dos países con contratos pequeños.
En cuanto a la Ley de Captación de Financiación, ¿en qué estado se encuentra?
Está en tramitación en el Congreso, se está prorrogando el trámite de enmiendas. Debería de cerrarse esa tramitación lo antes posible porque esa Ley de Captación introduce cuestiones esenciales para poder garantizar la financiabilidad de las futuras concesiones. No sabemos cuándo se va a cerrar el plazo de enmiendas pero si el Plan Extraordinario de Infraestructuras tiene que comenzar este año tendrá que aprobarse lo antes posible.
¿Qué modelo plantean desde Seopan?
El proyecto de Ley de Financiación de Concesiones de Obra Pública tuvo un primer texto, el anteproyecto, en el que nosotros enviamos al Gobierno un paquete de observaciones, y algunas importantes han sido recogidas. Por ejemplo, que la concesión de avales por parte de la administración sea compatible con la hipoteca de la concesión o con la titulación de los derechos de crédito. Cuestiones también importantes como que la emisión de obligaciones de tus valores no estén sujetas a la autorización administrativa previa, que era un trámite que ralentizaba la eficiencia de la financiación de las concesiones. O que si voy a hacer una concesión, no estar obligado a desembolsar el crédito que tenga de golpe sino que lo pueda hacer en un tiempo determinado. Yo no voy a necesitar todo el dinero el día uno de la concesión, debería poder acompasar el desembolso de capital dentro de un trámite determinado. Además se eleva el importe de deuda garantizada con hipoteca tenía un límite del 80% en el anteproyecto de Ley, y se eleva al 90%. No están recogidas todas las que hemos pedido pero ya se ha dado un primer paso.
¿Cómo valora la nueva Ley de Morosidad recientemente aprobada?
Es un disparate. El objetivo de la Ley de Morosidad es magnífico, pero quedémonos con un dato: ya hay una Ley de Morosidad vigente que establece que las administraciones públicas tienen que pagar a 60 días, y no se cumple. Y no somos nosotros los que decimos que no se cumple, lo dice Deloitte, la primera compañía de auditoría española, que auditó a las once mayores constructoras españolas con la conclusión de que el periodo medio de pago ponderado ha sido de 158 días por parte de las Administraciones Públicas. Eso incluye al Estado, con 140 días, Comunidades Autónomas con 157 y las entidades locales con 238. Si hay una Ley de Morosidad desde hace muchos años, y el conjuntos de las Administraciones Públicas son incapaces de cumplirla, en plena recesión como la que estamos, en plena reestructuración del sector de la construcción, ¿cómo se puede sacar una ley que diga que hay que pagar a 30 días?
¿Qué alternativa defienden desde Seopan?
Habíamos propuesto una solución que permite cumplir la Ley de Morosidad, anticipando financieramente a los 60 días el pago a proveedores. Una solución que además no tendría impacto en nuestros balances con el confirming bancario, y no han querido aceptarla. Ahora veremos qué es lo que ocurre. Porque cuando tienes un negocio y cobras a 238 días del Ayuntamiento, tienes que pagar a 60 y los bancos no te van a dar un euro, ¿qué haces?
Los Ayuntamientos tendrán el grifo del crédito cerrado a partir del año que viene. ¿Cómo se puede compaginar este hecho con la nueva Ley de Morosidad?
Es absurdo, nosotros propusimos en periodo transitorio distinto, es decir, que hubiera un plazo para acomodarnos al nuevo escenario. Propusimos una fórmula financiera que la gente no ha entendido, el confirming bancario. Con el confirming el proveedor recibe de una entidad financiera como concepto de anticipo la cantidad que tenga certificada con la empresa constructora, y esa entidad financiera es la que cobra de la empresa constructora al vencimiento de la fecha de pago que se establezca, que puede ser de 500 días si así lo quiero. Esa fórmula nos permite que en nuestro balance ese anticipo tenga la cualificación de riesgo comercial, y no de riesgo financiero. Porque la deuda financiera de las empresas es lo que luego se utiliza por todo el sector financiero para evaluar tu situación, la financiación que te puedan dar para un proyecto determinado. Lo que nos debía la Administración Pública a finales de 2008 con antigüedad superior a 60 días eran 16.500 millones de euros. Si pretendo trasladar esa deuda para que la financien las empresas constructoras españolas con la consideración en balance de deuda financiera, es imposible. No tenemos dinero para meterlo en ningún lugar.
Una noticia buena en los últimos tiempos es el descenso en la siniestralidad laboral. ¿Cuál está siendo la evolucionando en este sentido?
Cuando la actividad cae hay menos accidentes. Hay que tener en cuenta que la forma correcta de evaluar los accidentes laborales en nuestro sector es con el índice de accidentalidad, esto es, el número de accidentes por el número total de trabajadores que tenemos. Por tanto, cuando la actividad baja, bajan los accidentes. Aún así, los últimos informes que hemos hecho sobre la evolución de la siniestralidad laboral constataban que había una disminución progresiva de los accidentes. Nuestro sector tiene excelentes profesionales, es un sector de riesgo y no debemos que confundir determinados accidentes con otros que puedan producirse derivados de negligencia de las empresas. Hay decenas de miles de accidentes leves, si contabilizamos la cantidad de accidentes de circulación saldrían también esas cifras. Hay que enfocarlo sobre todo desde el punto de vista de los accidentes graves y de los accidentes mortales. Es un sector de riesgo, trabajamos con maquinaria pesada, con grandes volúmenes, y lógicamente cualquier sector industrial conlleva un riesgo. Hay un excelente trabajo de las empresas y de las organizaciones sindicales con todos los cursos y acuerdos que tenemos con ellos para mejorar drásticamente las cifras.
Como copresidente del comité organizador de Expomatec, ¿cómo marcha la organización de la Feria?
Va bien, no es una época fácil pero por lo que nos llega todo parece que va en buena dirección. Es una forma de dignificar nuestro sector y de poner en valor las magníficas empresas tanto constructoras como adjudicantes, como proveedoras que tenemos en nuestro país, y una excelencia, un know how y una experiencia de todos los profesionales que nos dedicamos a él. Aunque ahora atravesemos horas bajas, eventos como este son los que dignifican nuestra actividad y hacen ver al resto que somos un sector potente y absolutamente líder en el mundo en algunas cuestiones.
