La parálisis de las obras públicas sigue lastrando a los productos de construcción
La situación de impasse que se vive hoy en día, en buena parte de las Administraciones, está ocasionando el aplazamiento de la toma de decisiones respecto a la obra pública y está ocasionando unos efectos muy negativo sobre la industria de productos de construcción, muy castigada por la crisis iniciada en 2007, cercenando las tibias perspectivas de mejora apuntadas en 2015.
Efectivamente, según datos de Seopan, la licitación pública del mes de enero retrocedió el -27,8% respecto al mismo mes de 2015, arrastrada por una fuerte caída de la obra civil del -44,7%, que no ha podido ser contrarrestada por la subida en edificación (32,8%). En estos datos se observa que la Administración General está en estado vegetativo, con una caída del -69,2%, secundada por la Administración Local, con el -39,5%.
Además, el consumo de cemento en España ha cerrado el mes de enero con una caída del 1,1%, situándose en 747.416 toneladas, 7.967 toneladas menos que hace un año. Esta caída supone un empeoramiento de las previsiones de Oficemen, que en base a sus estudios esperaba un crecimiento del 2% este mes. Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, ha afirmado que “Estos datos confirman que el mercado cementero no ha conseguido estabilizarse y apuntan, como avanzamos el mes pasado, a que la inestabilidad política podía hacer mella en nuestras previsiones”.
Según CEPCO, los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en el ejercicio 2015, materiales por valor de 21.521M€, un 7% más que en 2014 y un 9,7% más que en 2013, con un saldo comercial de 6.449M€. Estas cifras representan el máximo de la serie histórica y el 8,60% de la exportación total de la economía española. Esta circunstancia está ayudando a que los sectores de productos de construcción con capacidad exportadora puedan sortear la crisis del mercado nacional, algo mejor que el resto de esta industria.
Por último, los indicadores de morosidad siguen estancados en cifras inadmisibles – por ilegales -, ante la pasividad de las Administraciones que, además, están empeorando sus periodos medios de pago.
