La Unión Europea confirma la tramitación de las quejas sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias
Redacción Ingeopres30/07/2012
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En este escrito, se confirma no sólo la aceptación efectiva de las denuncias, sino también la confirmación de que las autoridades europeas analizan hoy la legalidad del proyecto petrolífero en Canarias para determinar el grado de compatibilidad o de incumplimiento sobre distintas Directivas comunitarias vigentes.
De esta forma, la Unión Europea pone de manifiesto que las informaciones publicadas recientemente en Canarias, apuntando que la UE había rechazado las quejas de las administraciones del archipiélago, son totalmente infundadas. Al respecto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha manifestado que “somos conscientes de que el proceso será largo, pero por eso mismo vamos a trabajar cada día con más fuerza, más iniciativas, sumando apoyos en todo el mundo”. En este sentido, San Ginés explicó “que no vamos a permitir que nos impongan la industria más contaminante del planeta frente a nuestras playas, frente a nuestros intereses más primordiales, y frente a nuestro futuro”.
La Unión Europea ha recibido centenares de quejas sobre este asunto, incluyendo las del Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, grupos políticos del arco parlamentario europeo como los Verdes, organizaciones internacionales de defensa ambiental, así como otras muchas entidades, asociaciones y personas físicas de toda Europa. De hecho, la decisión de la Comisión Europea de difundir el tratamiento de estas quejas a través del Diario Oficial de la Unión Europea(C183/04, del 26.06.2012) fue resultado, tal y como indica su propio texto, del “elevado número de denuncias recibidas”.
La autorización,aprobada en Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo (547/2012), permite a la compañía Repsol, a la alemana RWE y a la petrolífera australiana Woodside, a iniciar sondeos y catas de perforación para explotar yacimientos de hidrocarburos en una superficie oceánica de 616.000 hectáreas situadas entre 9 y 60 kilómetros de las playas lanzaroteñas y majoreras. Además de las quejas europeas en el ámbito del derecho comunitario, siete organismos diferentes están ya personados en el Tribunal Supremo para recurrir mediante recursos contencioso-administrativos el Real Decreto aprobado en marzo.
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