Tasa de carbono: medicina para los presupuestos de la UE y para el medio ambiente
9 de diciembre de 2011
En un momento como el actual, en el que los estados europeos buscan cómo fortalecer sus presupuestos y aumentar la confianza de los mercados financieros, una tasa al CO2 se presenta como una medida muy adecuada. “Los Estados Miembros de la UE no necesitan esperar a una nueva directiva sobre fiscalidad energética para introducir esta tasa. Pueden actuar, y así deberían hacerlo, ya mismo”, expone Gustav Melin, presidente de la Asociación Europea de la Bioenergía (Aebiom).
La UE-27 emitió más de 4.600 millones de toneladas de CO2 en 2009. La mitad más o menos de las emisiones de la UE se compensan dentro del Régimen de Comercio de Emisiones (válido para plantas de más de 20 MW). La propuesta de la Comisión Europea (CE) de revisar la Directiva sobre Fiscalidad Energética vigente e introducir una tasa de carbono de 20 /t de CO2 en la UE afectaría a todas las instalaciones de menos de 20 MW. La CE estima que para 2020 la propuesta cubriría 92 millones de toneladas, más de 1/3 del esfuerzo necesario para reducir las emisiones de GEI que quedan fuera del Régimen de Comercio de Emisiones.
El secretario general de Aebiom, Jean-Marc Jossart, destaca que los modelos de simulación muestran que esta reducción de emisiones puede lograrse con un coste muy reducido o incluso generando pequeños beneficios económicos.
La tasa de carbono aporta otras muchas ventajas adicionales:
- Promueve la eficiencia y el ahorro energético;
- Reduce la dependencia de los combustibles fósiles importados y estimula la inversión y el uso de fuentes locales de energía renovable;
- Establece el principio de “quien contamina paga” y tiene un impacto directo en los precios y por tanto en el comportamiento del consumidor, que en el futuro podrá tomar decisiones de inversión más acertadas. En este sentido, los costes medioambientales (costes externos) se internalizan y se convierten en una parte más de los costes de las actividades contaminantes.
“Todo ello contribuirá a la creación de miles de empleos y oportunidades de negocio en las economías que ahora mismo se encuentran en dificultades”, añade Gustav Melin.
Es un derroche que muchas viviendas dependan de los combustibles fósiles para calentarse. Como consecuencia de la escasez de reservas de estos combustibles y la consiguiente subida de precios vamos a ver más pobreza energética en el futuro. Si queremos evitarlo, es necesario iniciar cuanto antes el cambio a un sistema energético más sostenible. Parte de los ingresos obtenidos de la aplicación de la tasa de carbono pueden dedicarse a aliviar la pobreza energética. Por ejemplo, Suecia ha reducido el impuesto sobre la renta en 7 billones de euros entre 2007 y 2010.
La tasa provoca un incremento de costes a aquellos consumidores y empresas que usan energía fósil en grandes cantidades o de forma ineficiente. Pero al mismo tiempo ayuda a rentabilizar las inversiones para reducir costes energéticos: aislamiento, mejores ventanas, o sustitución de sistemas de calefacción a carbón, gasóleo o gas a otros que utilicen biomasa, tanto en sistemas comunitarios como individuales.
”La aplicación de la tasa de CO2 podría utilizarse para reducir los costes de contratación de trabajadores de las empresas, así podríamos facilitar la creación de empleo sin subir la carga general impositiva. Solicitamos al nuevo Gobierno la aplicación inmediata de esta tasa”, afirma Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, que ostenta la vicepresidencia de Aebiom.
Si consideramos Europa como un todo, la tasa de carbono es necesaria para reducir sus emisiones de GEI desde una perspectiva de mercado: pone un precio al CO2 generado en todos los ámbitos de la sociedad hasta ahora situados al margen del régimen de comercio de emisiones y crea una condiciones de igualdad de juego para todos los sectores.
La tasa de carbono ya está introducida y funciona con éxito en países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia e Irlanda. En lugar de oponerse a ella, otros Estados Miembros de la UE deberían buscar la manera de introducirla en sus respectivos países.
