ProMinifun analiza la problemática asociada al minifundio en el medio rural

El Grupo Operativo ProMinifun celebró el pasado día 19 de septiembre en la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal una jornada formativa y divulgativa inaugurada por la Subdirectora de Innovación Rocío Wlosky con el objetivo de analizar la problemática asociada al minifundio en el medio rural, valorar posibles soluciones y determinar propuestas innovadoras a incorporar al marco legislativo o de gestión actuales.

Bajo esta premisa, comenzó una jornada dividida en dos bloques. En el primero de ellos se analizó la situación actual que vive el minifundio forestal, entendido como aquellas superficies forestales que, por su reducida extensión, no pueden ser objeto por sí mismas de una gestión sostenible, desde el punto de vista social, ambiental y económico. Es un problema presente en casi todas las Comunidades Autónomas a nivel nacional.

Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Selvicultores de España (Cose), hizo un resumen a los asistentes de las diferentes figuras jurídicas existentes sobre las que se pueden constituir agrupaciones forestales.

“Las agrupaciones forestales se plantean como una herramienta clave para el futuro de nuestros bosques ya que buscan crear una unidad forestal de tamaño adecuado que ayude a maximizar la producción y la rentabilidad de las masas forestales mediante una gestión activa e integral”, afirmó. Pero la rentabilidad no es la única ventaja que ofrecen las agrupaciones forestales, también la formación de los propietarios, la inversión en trabajos de gran envergadura, generación de riqueza en el propio territorio o representarlos ante la administración pública, entre otras.

“No solo es importante elegir la forma jurídica de la sociedad en la que quieres agruparte según la tipología de monte y la titularidad, sino que también hay que tener en cuenta cómo tributa dicha figura societaria, pues es uno de los mayores condicionantes a la hora de su desarrollo. Una fiscalidad bien dirigida es lo que más puede estimular la actividad”, explicó la gerente de Cose.

Por ese motivo, apuestan por una fiscalidad incentivadora de la gestión forestal. “Desde Cose hicimos un estudio sobre el impacto económico que tendría una deducción del 30% en IRPF o Impuesto de Sociedades de todas las inversiones que se hagan en el monte, demostrando cómo esa medida supondría un retorno positivo para las Arcas Públicas por la creación de empleo, nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, mayor recaudación de IVA y ahorros en desempleo”, apuntó.

Para Gómez Agrela, el principal problema del minifundio y de las explotaciones forestales en general es la falta de rentabilidad, los largos periodos de tiempo para recuperar la inversión, la falta de relevo generacional y la pérdida de conocimiento en gestión forestal.

Manuel Rojo Herrero, presidente de la Asociación Profesional de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, apuntó que es en el norte de España donde la problemática tiene una mayor incidencia, destacando la Comunidad Autónoma de Galicia y el Principado de Asturias, donde el tamaño medio de las parcelas es de 0,26 y 0,29 hectáreas, respetivamente. “El mayor problema es que son fincas anti económicas, por lo que los propietarios en muchas ocasiones las abandonan por la imposibilidad de mantenerlas”, aseguró.

Rojo Herreno analizó las distintas iniciativas para abordar los problemas que genera el minifundio, tales como la concentración parcelaria, los bancos de tierra, la concentración de la gestión forestal o la expropiación forzosa. “Existen multitud de iniciativas para ello, pero es necesario aumentar su eficacia, además de regularlas a nivel nacional y europeo”, concluyó.

Juan Picos, profesor de Selvicultura de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, expuso las diferentes iniciativas de concentración de la propiedad forestal. Así hizo un pequeño resumen de cómo se encuentra la situación del minifundio en Galicia y comentó algunos casos de agrupaciones de éxito.

Picos destacó que entre los problemas del minifundio se encuentran los mayores costes, oferta limitada, complicidad global, simplicidad particular y un coste de la tierra muy alto. Por otro lado, apuntó como ventajas de la agrupación que diversifica el riesgo, la cofinanciación y el apego por la propiedad, desde el punto de vista medioambiental genera un paisaje más favorable.

Para cerrar las ponencias, José Antonio Ferrera Rubial, director general de Montes e Infraestructuras Agrarias del Principado de Asturias, presentó a los presentes varios ejemplos de concentración parcelaria en Asturias.

Ferrera Rubial dejó claro que “no saber quién es el propietario de un monte imposibilita la puesta en valor del mismo, ahuyenta a los inversores y nos conduce, irremediablemente, al abandono del mismo”.

La jornada terminó con una mesa de trabajo en la que los presentes expusieron sus ideas con el fin de poder elaborar un análisis Dafo del minifundio. Durante la misma, Patricia Gómez reconoció que “las tierras tienen unos dueños, sean o no quienes las gestionen, y no los podemos pasar por alto”, ahondando así en el problema de que en muchas ocasiones no se conoce quién es el dueño de la tierra. “El problema se estructura en dos vertientes: Esclarecer la propiedad y luego acreditarla. Dos temas francamente complicados”.

La gerente de Cose abogó por dar motivos al propietario para que busque y se interese por sus tierras. “Cuando algo vale o genera un beneficio de algún tipo, el dueño aparece, ya que hay un interés. Habría que intentar valorizar esos bienes que se tienen, mientras no haya reconocimiento y compensación es difícil que aparezca los propietarios desconocidos o desvinculados de sus tierras”, concluyó.

El gran reto de este proyecto es llegar a los dueños de la tierra y que se conviertan en dinamizadores. Para ello es necesario trabajar el vínculo emocional y crear proyectos e iniciativas conjuntas que generen valor.

Este grupo operativo está compuesto por la Fundación Cesefor, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (Cose), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle) y la Asociación Profesional de Ingenieros de Montes al Servicio de la Hacienda Pública (APIMHP).