Los cambios normativos en la contratación de eficiencia energética

El 14 de junio, las asociaciones A3e, Adhac, AMI y Atecyr organizaron en Genera 2018 una interesante jornada sobre cambios normativos en la contratación de servicios de eficiencia energética.

La jornada fue inaugurada por Francisco Javier Sigüenza, secretario general de AMI y de ADHAC, y Maite Velasco, de la Subdirección General de Eficiencia Energética del actual Ministerio para la Transición Ecológica, y estuvieron acompañados por Javier Martínez, presidente de A3E, José Andrés Elízaga, presidente de AMI, Miguel Ángel Armesto, presidente ADHAC y Miguel Ángel Llopis, presidente de Atecyr.

Maite Velasco recordó cual ha sido el papel del gobierno español en materia de cambio climático, desde su primer compromiso internacional con el acuerdo del primer periodo del protocolo de Kioto (años 2008-2012), objetivos que se han logrado con creces, así como los objetivos actualmente marcados en el segundo periodo de Kioto, años 2013-2020, que está a punto de finalizar. Para ambos periodos, insistió en el papel protagonista que la Unión Europea está teniendo, intentando liderar el cambio de paradigma de la energética mundial, para conseguir una economía hipocarbónica.

Esto se plasma en los ambiciosos compromisos que alcanzó en su día la Unión Europea en el paquete de Energía y Cambio Climático para el 2020 conocido como Objetivo 20-20-20, que se logrará, según comentó Velasco, siempre y cuando "se consiga dar a la eficiencia energética la importancia que tiene y todos nos comprometamos con ella".

Durante su intervención también informó que se avanzará en el desarrollo de un proceso de gobernanza transparente y dinámico que contribuya a establecer la Unión de la Energía y a alcanzar los objetivos climáticos y de energía para 2030 de forma eficaz y coherente con los objetivos marcados.

A continuación intervino Iria Álvarez Besteiro, consejera coordinadora y representación permanente de España en la UE, quese refirió a las nuevas Directivas de Eficiencia Energética desde la perspectiva española. El objetivo vinculante, desarrollado en el paquete de Energía y Cambio Climático para el 2030, obliga a la Unión Europea a reducir sus gases de efecto invernadero un 40% con respecto a los valores de 1990 y a conseguir un 32% de usos de energía final renovables en ese mismo año.

Lamentó que no se haya podido lograr un acuerdo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo para el valor vinculante de eficiencia energética para el año 2030, dado que las posturas entre los Estados miembros eran muy distantes. Eso sí, se espera que en próximos meses se pueda llegar a un acuerdo y que éste será superior al 27 %.

María José Delgado Alfaro, consejera Técnica de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública expuso las alternativas a la nueva Ley de Contratos del Sector Publico para los EPCs. Isidoro Tapia, Energy Economist European Investment Bank, expuso las nuevas reglas de Eurostat para la computación de las inversiones en EPCs gracias a las cuales la administración pública va a poder finalmente invertir en eficiencia energética y que no compute como deuda.

Antes de comenzar la mesa redonda, Iván Moya, de la Dirección de Normalización de Medio Ambiente, cambio climático y eficiencia energética de la Asociación Española de Normalización, UNE, explicó la nueva norma UNE de Proveedores de Servicios Energéticos. Expuso las distintas clasificaciones y categorizaciones que propone esta norma consensuada por todo el sector.

La mesa redonda se centró en la nueva normativa y en ella intervinieron Álvaro Pastor, miembro de Junta Directiva de la agrupación de Atecyr en la Comunidad Valenciana; Javier Martínez, presidente de A3E; Francisco Javier Sigüenza, secretario general de AMI; y Miguel Ángel Armesto, presidente de ADHAC.

Según quedó patente en el debate, el marco normativo actual, el estado de la técnica y las oportunidades en cuanto a la no computación como deuda de los contratos de eficiencia energética, podrán permitir el impulso de la contratación en materia de eficiencia energética. Además, se mostró la necesidad de establecer unas auditorías energéticas de valor e independientes, como primera herramienta de decisión clave para que el sector público promueva la eficiencia energética en términos de viabilidad técnica y rentabilidad.

Además, todos coincidieron en que la formación e información a los órganos de contratación de las distintas entidades públicas, especialmente a la administración local, con menos medios técnicos a su alcance, es fundamental para que los contratos de eficiencia energética se posicionen como una oportunidad de desarrollo del sector.