Entrevista a Miguel López, secretario general de COAG

El balance de estos primeros seis meses no es en absoluto positivo. Una vez finalizada la presidencia española de la UE, el principal logro que se está vendiendo por parte del Marm es la inclusión de la agricultura y la PAC en la estrategia 2020, es decir un pronunciamiento político, que en principio dice que va a afrontar los retos para un crecimiento sostenible en la UE y fomentar el empleo para paliar la crisis económica. Aunque esto lo podamos considerar positivo, no deja de ser un pronunciamiento político, por lo que se habría de afianzar ese carácter estratégico que la agricultura tiene en el marco europeo. Otro de los logros que el gobierno dice haberse apuntado dentro de la presidencia son las conclusiones alcanzadas por el Consejo sobre la mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria en Europa. Para nosotros, que haya habido un reconocimiento político que la bajada de los precios a los consumidores de los alimentos haya recaído al 100% sobre las espaldas del productor, no deja de ser importante, pero es totalmente inútil si no se toman medidas y se dan unos cambios en el marco jurídico que nos permitan reconducir la situación dentro del mercado agroalimentario. Desgraciadamente, no se ha avanzado en este sentido para que en el ámbito de competencia se contemplen las características específicas del sector agrario. Actualmente seguimos estando en manos de la Comisión Nacional de la Competencia, que está actuando con la mas absoluta discrecionalidad, sintiéndonos totalmente perseguidos en estos últimos años. Hablar de competitividad y de modelo de producción europeo de una forma general sin abordar en profundidad los instrumentos que pueden ser efectivos para posibilitar la viabilidad del modelo, no deja de ser rocambolesco o más bien una tomadura de pelo hacia el sector.

Hay que expresar abiertamente que para nosotros este periodo de seis meses de la presidencia ha sido decepcionante, ya que se no se ha querido mirar de frente a una situación desastrosa que es por la que atraviesa el sector agrario europeo. No hay que olvidar que llevamos un 26% de caída de renta agraria, que en los dos últimos años en Europa es de entorno un 12%, y no se ha trabajado para encontrar soluciones que mermen este impacto. El hecho que toda la economía esté en crisis no puede servir de excusa, porque nosotros veníamos padeciendo problemas económicos desde mucho antes, con una reforma de la PAC en que se ha utilizado el dinero público para desmantelar el sistema productivo, utilizando a la agricultura como moneda de cambio para abrir nuestros mercados a producciones del exterior, eliminando todos los mecanismos de control. Y en este punto no nos podemos olvidar que el agrícola es un sector que no tiene la capacidad de concentración, sobre todo por una dispersión territorial que hace imposible que haya una unidad de la producción que permita actuar en un marco de igualdad frente a los distribuidores.

Ha sido tan tímida la acción política, que los pocos avances que se han dado han quedado totalmente difuminados. Mientras en el lado positivo de la balanza podemos poner la moratoria para los créditos a las explotaciones ganaderas de dos años y el aval de Saeca para facilitar el acceso a créditos de hasta 25.000 euros con una cierta inmediatez, en el lado negativo encontramos la imposibilidad de tener acceso a créditos ICO a unos intereses moderados que permita poder acceder a ese circulante que necesita un sector que está basado en la economía real y no especulativa. Igualmente se han quedado en cartera aspectos como el fiscal, con movimientos muy tímidos y de una forma coyuntural; y los aspectos de mercado, costándonos sangre, sudor y lágrimas modificar mínimamente el tema de las tarifas eléctricas, con un gobierno que parece estar totalmente a servicio de las eléctricas y que no tiene capacidad para poder negociar con un sector como el agrícola, que necesita aminorar como sea los costes de producción. Unos costes que comenzaron a aumentar con la llegada del euro, siguieron subiendo con la crisis del petróleo y que ahora mismo, en un marco de crisis general, nos están condicionando de una forma muy significativa.

Había también unos planes de transferencia de competencias de los sectores que tampoco se han puesto en marcha, y por lo tanto nuestra situación es a día de hoy prácticamente de quiebra económica. El sector agrario aguanta únicamente porque estamos en una situación de autoexplotación, que es profesional pero a la vez familiar. Y estamos aguantando porque desgraciadamente no hay otra actividad económica de la que podamos echar mano. No cabe duda que todo ello se debe a las políticas agrarias que se están desarrollando desde Bruselas. Para nosotros es inaceptable que se estén abriendo los mercados a producciones foráneas sin que estas estén en los mismos niveles de calidad, de seguridad alimentaria y de condicionalidad que se exige a las nuestras.

No cabe duda que el modelo social de la agricultura, ni el europeo ni el de estos terceros países, no se va desarrollar con estos acuerdos que se están firmando. Para nosotros no se está valorando suficientemente por parte del estado las repercusiones que esto tendría en sectores como el vacuno, el avícola, el porcino, el azucarero, los cereales, las frutas y hortalizas –sobre todo plátanos, melón y cítricos–, etc. En cuestiones de economía, empleo, balanza comercial y de equilibrio territorial deja mucho que desear, y además podemos valorar de una manera detenida que precisamente en el marco de la presidencia española resulta que mientras que nos cuestionamos cómo funciona el mercado agroalimentario europeo, en vez de utilizar esta época para relanzar el debate sobre el modelo de política agraria que queremos en Europa y marcar las condiciones de las producciones que vienen de fuera, estableciendo un nuevo marco de soberanía alimentaria, nos hemos dedicado a ir entregando nuestro tejido productivo para que se desarrollen otros sectores económicos. La firma de acuerdos como el de UE-Mercosur para que se acaben aprovechando y enriqueciendo las grandes entidades financieras, las empresas de telecomunicaciones, las eléctricas y petroleras, me parece absolutamente denigrante. Que se apoye a este tipo de empresas que obtienen beneficios multimillonarios que después no revierten sobre nuestro territorio, no tiene absolutamente ninguna lógica. Y además, España ha dado un mensaje en el marco de la UE absolutamente nefasto. Nuestro país, le guste o no al gobierno y a la oposición, es un país agrario, y necesita la agricultura y la ganadería para fijar actividad, y aportar economía y empleo al territorio. Si esto no es así, acabaremos teniendo problemas estructurales en breve. Creo que es una barbaridad que en un marco en que está a punto de finalizar la actual PAC y cuando se está empezando a negociar la nueva política, se esté lanzando un mensaje de liberalización aún mayor de los mercados agrarios. En términos de cifras, ello supondría un coste para el sector que oscila entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales Que además nuestra ministra salga defendiendo estos acuerdos públicamente, demuestra que no está por la defensa del sector, que no se ha enterado de nuestras demandas y que no le preocupa en absoluto cuál es nuestro futuro.

El mercado, y ahora más que nunca porque 500 millones de personas que formamos este espacio común no nos podemos permitir una crisis alimentaria, tiene que estar siempre controlado en beneficio del interés general. El mercado no regula, sino especula, y por tanto hay que tener mucho cuidado en los pasos que se adopten, sobre todo porque el sector tiene un nivel de endeudamiento superior al valor de su producción en más de 500 millones de euros y con ello hemos llegado al límite tolerable.

“Que el sistema productivo europeo no sea capaz de ofrecer unas proteínas vegetales para estar en un marco de soberanía alimentaria me parece una tremenda temeridad”

El sector se ha modernizado, se han tecnificado nuestras explotaciones y a mí, y lo digo con toda contundencia, que no me hablen de competitividad. Hoy tenemos una dependencia de las proteínas vegetales del exterior que en la mayor parte de los casos ronda el 80%. Que el sistema productivo europeo no sea capaz de ofrecer unas proteínas vegetales para estar en un marco de soberanía alimentaria me parece una tremenda temeridad. En cuanto a la competitividad, si a nosotros, agricultores modernos nos piden competir con un gobernador de cualquier explotación de un país del Tercer Mundo que tiene 200.000 hectáreas de tierra con trabajadores sin ningún tipo de preparación y con salarios mínimos, es para echarse a reír. Estamos en unas condiciones con unos instrumentos de condicionalidad, en que nos han eliminado la mayoría de los productos químicos para poder combatir las plagas, por lo que tenemos que superar una nueva fase, haciendo una agricultura en un marco de más seguridad alimentaria, y todo ello no se tiene en cuenta cuando vienen productos de países terceros. Al igual que no se tienen en cuenta las normas sociolaborales. Una persona aquí cuesta como 10 en Marruecos, y es imposible que una persona aquí, por mucho que quiera trabajar, pueda rendir como 10 personas en África.

Se está hablando de formar un grupo para apuntalar el sector, pero lo realmente triste es que las medidas y los acuerdos adoptados en el marco del consejo de ministros de la UE después de comerse una gran parte del presupuesto, no hayan servido para apuntalar el sector. Ello demuestra que estamos caminando en el sentido contrario en el que debemos caminar. Un incremento de la cuota o eliminar la cuota es enviar a todo el mundo a la jungla, consolidando los excedentes en los países que ya los tienen y los que somos deficitarios, como el caso de España, seguimos caminando hacia la destrucción del tejido productivo. Actualmente nuestro consumo supera en unas 3.000 toneladas la cantidad de producto lácteo que somos capaces de producir, se venden cadenas a empresas extranjeras –como ha sido el caso de Ebro Puleva–, y las grandes distribuidoras nos están colonizando y traen la leche directamente desde su país de origen. Ello significa que estamos en un proceso de desmantelamiento, con unos costes de producción que no podemos soportar y unos precios que se establecen en algunos casos con venta a pérdidas para enganchar al consumidor, por lo que es en este tipo de sectores en que más precauciones se debería tener y donde más se debería hacer un plante a la UE. Somos deficitarios en leche, en cereales, en azúcar –acabamos de desmantelar el 50% del sector–, estamos de acuerdo que la UE es un mercado único, pero a ver si ahora va a resultar que todos los mecanismos que se adopten van a ser para concentrar en el centro de Europa el valor estratégico de las producciones continentales, y en aquellos en que nosotros somos competitivos, como es el caso de las mediterráneas, las estamos utilizando para abrir nuevos espacios de colaboración con países terceros, como pasó con el vino o con las frutas y hortalizas.

La Ley de Morosidad es un avance positivo, aunque no vaya a tener una aplicación inmediata en todos sus aspectos. Pero lo cierto es que mejora con mucho la situación anterior, sobre todo en el hecho que impide la firma de contratos entre partes para aplazamientos, y que el pago de productos perecederos sea a 30 días y el resto a 60.

No es menos verdad que hay algunos puntos que no han quedado suficientemente claros y en que algún momento puede parecer que estén jugando con nosotros y eso ha de solucionarse. En definitiva, o realmente se nos permite tener un marco de negociación colectiva con contratos donde se establezcan precios en función a los costes de producción que garanticen unos niveles de renta mínimos, o el sector agrario por su dispersión y atomización, va a ser imposible que se ponga nunca al mismo nivel que el sector de distribución.

Por otro lado, el mercado necesita transparencia, y para ello necesitamos unos instrumentos interprofesionales que ofrezcan esa transparencia a nuestras producciones, donde hablemos de origen de calidades para que el consumidor pueda elegir lo que está consumiendo de una manera razonable. De la misma forma se ha de hablar abiertamente de precios. A nosotros no nos importa que los consumidores estén sentados en las mesas interprofesionales defendiendo el interés general. Lo que creemos es que no podemos seguir en un ámbito de autoexplotación y de marginalidad que es hacia donde nos están llevando en este momento.

Estamos hablando de una organización que nace en la clandestinidad, con unas aspiraciones democráticas claras, que ha ido uniendo sus ‘trozos’ territoriales, y que a partir de entonces ha tenido claro un modelo social, apostando por la productividad, por fijar empleo y por defender un contexto de medio rural en un marco económico razonable.

Cuando España se incorporó a la UE nuestro sector necesitaba modernizarse, prepararse y avanzar para ser más eficaz. Creo que eso ya se ha desarrollado, cambiando los esquemas de antaño, y tenemos un campo con profesionales muy eficaces, un alto nivel de mecanización, y sin pretender llegar a macroexpotaciones como las americanas, estamos muy bien posicionados dentro de la medio europea. Lo único que necesita nuestra agricultura es que Europa nos dé la posibilidad de podernos desarrollar y mantener en base a una estrategia de contención y de preferencia comunitaria.