Ayudas de 2.900 millones de euros para España por los costes de emisiones indirectas
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea, un régimen de ayudas dirigido a España para compensar parcialmente a las empresas con un elevado consumo de energía por el aumento de los precios de la electricidad, resultante de los costes de las emisiones indirectas en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
Este régimen de 2.900 millones de euros permite a España reducir el riesgo de que las industrias con un elevado consumo energético trasladen la producción a lugares con objetivos climáticos menos ambiciosos que los de la UE. “Al mismo tiempo, promoverá una descarbonización rentable de la economía, en línea con los objetivos del Pacto Verde y que protege la competencia en el mercado único”, aseguró la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia.
El régimen notificado por España, con un presupuesto total estimado de 2.900 millones de euros, cubrirá parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad (denominados ‘costes de emisiones indirectas’) asumidos entre 2021 y 2030. La medida de apoyo tiene por objeto reducir el riesgo de ‘fuga de carbono’, es decir, el traslado por parte de las empresas de su producción a países no pertenecientes a la UE que cuentan con políticas climáticas menos estrictas, con lo que se genera una menor actividad económica en la UE y no se produce ninguna reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial.
La medida beneficiará a las empresas activas en los sectores que corren riesgo de fuga de carbono que figuran en el anexo I de las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 (‘Directrices sobre ayudas estatales del RCDE’). Estos sectores se enfrentan a importantes costes de electricidad y están especialmente expuestos a la competencia internacional.
Las empresas deberán seguir recomendaciones de auditoría energética.
Para poder optar a una compensación, las empresas tendrán que seguir determinadas recomendaciones de auditoría energética, cubrir al menos el 30% de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono (a través de instalaciones de generación de energía renovable in situ, acuerdos de compra de energía sin emisiones de carbono o garantías de origen), o invertir al menos el 50 % del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones. Los beneficiarios deberán cumplir una de esas obligaciones en un plazo de tres años a partir de la concesión de la ayuda.
Apreciación de la Comisión
La Comisión considera que el régimen es necesario y adecuado para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a hacer frente al incremento de los precios de la electricidad y evitar que se deslocalicen a países fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas, lo que se traduciría en un aumento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Además, la Comisión constató que el régimen cumple los requisitos sobre auditorías energéticas y sistemas de gestión establecidos en las Directrices sobre ayudas estatales del RCDE. La medida, por lo tanto, apoya los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y las metas establecidas en el Pacto Verde Europeo. Además, la Comisión concluye que la ayuda concedida se limita al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia ni el comercio en la UE. Sobre esta base, la Comisión ha aprobado el régimen en virtud de las normas de la UE en materia de ayudas estatales.
