Ganaderos y comunidades autónomas rechazan la prohibición total en la caza del lobo ibérico
La decisión de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), que abre el camino para la prohibición de su caza para el control y regulación de la especie, ha sido adoptada sin consenso ni diálogo, según las autonomías donde habita el 95% de los ejemplares en España: Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia.
Las cuatro comunidades, a través de una nota informativa conjunta, expresaron su su malestar por esta resolución adoptada en el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a instancias de una organización ecologista (Ascel) y después de una segunda votación que decidió el voto de calidad del representante del Ministerio para la Transición Ecológica. Además de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, votaron en contra País Vasco, Madrid, Andalucía y Murcia, mientras que Navarra y Comunidad Valenciana renunciaron al alegar la necesidad de un mayor consenso, y la ciudad autónoma de Ceuta no ha podido ejercer su derecho por problemas técnicos.
“Por vez primera en la larga historia del funcionamiento de esta comisión y del comité técnico y de los grupos de trabajo dependientes de la misma, un ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie”, señala la nota.
Las comunidades que alojan al 95% de los lobos españoles recuerdan que esta prohibición supondrá un “gravísimo problema” para la gestión de la propia especie y su incompatibilidad con la ganadería extensiva, “una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento”.
En la misma línea, con idénticos argumentos, la organización agraria COAG Castilla y León solicitó la dimisión de la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), recordó que son los ganaderos, y no el lobo ibérico, quienes corren “peligro de extinción”, al considerar que la máxima protección sobre esta especie “dejará sin alternativas a la ganadería autóctona, extensiva y ecológica”, que en su opinión “pagará los platos rotos de esta medida”.
Por último, las organizaciones territoriales de ASAJA en el norte de España califican como un verdadero despropósito la decisión adoptada por varias comunidades autónomas en la comisión de patrimonio natural. “Casual pero incomprensiblemente, han sido las comunidades autónomas menos afectadas las que, junto con el propio Ministerio, han inclinado la balanza hacia una mayor protección del lobo. Ahora bien, dado que esta votación no es vinculante para la decisión final a adoptar por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, estas seis organizaciones exigimos al Gobierno español y al partido principal del Gobierno, PSOE, que no materialice dicha fatídica decisión”, señala en un comunicado.
